La historia del hijo de Margaret Thatcher, quien admitió haber financiado el alquiler de un helicóptero para colaborar en un golpe de estado en Guinea Ecuatorial. A cambio de una multa y confesión, evitó la cárcel, colaborando en futuras investigaciones.
El ciudadano británico, Mark Thatcher, en 2005 admitió su participación en el fallido golpe de Estado en Guinea Ecuatorial durante el pasado año. En un acuerdo con la fiscalía sudafricana, confesó haber financiado el alquiler de un helicóptero, aunque niega estar directamente vinculado al intento de derrocamiento del gobierno de Obiang.
Thatcher, quien es hijo de la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, aceptó pagar una multa de tres millones de rands y confesar su papel en el alquiler del helicóptero, evitando así una condena de cuatro años de cárcel.
El plan, conocido popularmente como el "Wonga Coup" ("golpe del dinero"), buscaba derrocar al gobierno de Obiang e instalar en el poder al opositor exiliado Severo Moto. La operación fue organizada por el ex oficial de las fuerzas especiales británicas y mercenario Simon Mann, junto con un grupo de alrededor de 70 mercenarios que fueron detenidos en Zimbabue cuando intentaban trasladar armas hacia Guinea Ecuatorial.
Según documentos presentados ante el juez de la Ciudad del Cabo, Anton Ackerman, Thatcher admitió haber financiado el alquiler del helicóptero a pesar de sospechar que podría ser utilizado para actividades mercenarias. Colaborará en futuras investigaciones sobre el tema, siguiendo un acuerdo con la fiscalía.
Las declaraciones de Thatcher señalan que su amigo, Simón Mann, presunto líder del intento golpista, le propuso estar involucrado en un negocio de transporte aéreo en África occidental. Aunque tuvo sospechas sobre las intenciones reales de Mann, decidió seguir adelante con el proyecto, realizando un depósito de 20.000 dólares para asegurar la reserva del helicóptero.
La investigación sudafricana concluyó que Mark Thatcher había aportado dinero para alquilar un helicóptero que sería utilizado durante la operación. Thatcher sostuvo durante años que creyó que la aeronave iba a destinarse a un servicio de ambulancia aérea, pero terminó admitiendo que, pese a sus sospechas sobre el verdadero objetivo del proyecto, decidió igualmente financiar el alquiler del helicóptero. Esa admisión fue clave en el acuerdo judicial que alcanzó con la fiscalía.
En enero de 2005, ante un tribunal de Ciudad del Cabo, Thatcher se declaró culpable de infringir la legislación sudafricana contra las actividades mercenarias. Como parte del acuerdo, evitó una condena efectiva de prisión. El tribunal le impuso una multa de 3 millones de rands (unos 500.000 dólares de la época) y una pena de cuatro años de prisión en suspenso, condicionada al cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.
Otro elemento importante del acuerdo fue su compromiso de cooperar plenamente con las investigaciones sobre la red de financiamiento del intento de golpe. De hecho, las autoridades sudafricanas destacaron públicamente esa colaboración como una de las razones que justificaban el acuerdo de culpabilidad en lugar de un juicio completo.
Posteriormente, fiscales de Guinea Ecuatorial también solicitaron interrogar a Thatcher mediante mecanismos de cooperación judicial internacional para profundizar la investigación sobre los presuntos financiadores del complot.
El caso se convirtió en uno de los escándalos políticos y judiciales más resonantes de comienzos del siglo XXI porque involucró al hijo de una de las figuras políticas más influyentes del Reino Unido en una operación destinada a cambiar por la fuerza el gobierno de un país africano rico en petróleo. Aunque Thatcher evitó la cárcel gracias al acuerdo judicial, su declaración de culpabilidad quedó registrada como una condena penal en Sudáfrica.
Tras el acuerdo con la fiscalía, Thatcher recuperó su pasaporte y puede abandonar el país si lo desea, pero debe colaborar en las investigaciones sobre actividades mercenarias. Esta confesión se centra únicamente en el alquiler del helicóptero, desligándolo directamente del intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial.
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