La historia argentina guarda en sus anaqueles un documento que trasciende la mera represión política para convertirse en un manifiesto de odio de clase y un experimento de ingeniería social autoritaria: el Decreto-Ley 4161. Dictado el 5 de marzo de 1956 por la autodenominada "Revolución Libertadora" —esa alianza castrense y oligárquica que los sectores populares rebautizaron con justicia como "Fusiladora"—, esta norma no fue un error administrativo, sino el brazo ejecutor de un proyecto que buscaba restaurar los privilegios de las minorías mediante el borramiento absoluto de la identidad trabajadora. Bajo la bota de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, el Estado argentino abrazó una lógica inquisitorial, pretendiendo que la Justicia Social, la independencia económica y la soberanía política podían ser extirpadas del alma del pueblo por el simple arbitrio de una firma ilegítima.
Lo que vuelve al 4161 un hito de la infamia es su ambición totalitaria sobre lo cotidiano. No se conformaron con asaltar el poder y proscribir un partido; pretendieron ilegalizar el lenguaje, las emociones y la memoria. Al prohibir el nombre de Juan Domingo Perón, el de Evita, y proscribir términos como "justicialismo" o "tercera posición", la dictadura desnudó su terror ante las ideas que habían empoderado a las mayorías. Aquel que osara pronunciar el nombre del "tirano depuesto" o silbar los acordes de la marcha peronista se enfrentaba a la cárcel sin derecho a excarcelación, una aberración jurídica que negaba los derechos humanos más elementales en nombre de una supuesta "libertad" que solo beneficiaba a los mercados y a las elites agroexportadoras.
Esta cacería de brujas alcanzó niveles de un surrealismo macabro que hoy resuena en los discursos de quienes, desde el odio libertario y el cinismo neoliberal, pretenden desmantelar el Estado protector. La destrucción de pulmotores en hospitales y de sábanas en hogares de tránsito, simplemente porque portaban el sello de la Fundación Eva Perón, demuestra que para el revanchismo oligárquico la salud del pueblo es un costo aceptable en su cruzada contra el bienestar social. La persecución de atletas olímpicos y el cambio de nombre de ciudades enteras no fueron gestos de orden, sino actos de una violencia cultural destinada a disciplinar a una clase trabajadora que, por primera vez, se sabía dueña de su destino. El decreto fue la antesala de los modelos económicos de exclusión: para imponer la miseria planificada, primero necesitaban vaciar de símbolos la resistencia popular.
Sin embargo, el experimento de los fusiladores chocó contra la muralla invisible de la soberanía popular. Al intentar enterrar al peronismo bajo toneladas de censura y decretos, solo lograron sembrar la semilla de una mística indestructible. La "Resistencia Peronista" nació en la clandestinidad de las fábricas, en el "P.V." pintado con tiza en las noches de barriada y en el sabotaje a un sistema que pretendía vender el país al capital extranjero. El Decreto 4161 fracasó porque subestimó la memoria de un pueblo que ya conocía la dignidad del trabajo y el derecho al goce. Dieciocho años de proscripción solo sirvieron para demostrar que no existe decreto, por más sanguinario o reaccionario que sea, capaz de apagar el fuego de una sociedad que ha decidido no volver a ser colonia. La historia es implacable: mientras los nombres de los dictadores quedaron asociados al odio y la entrega, la identidad que intentaron prohibir regresó una y otra vez como bandera de una patria justa, libre y soberana.
El Rigor Punitivo del 4161: Cuando el Odio se Hizo Código Procesal
La historia de la infamia argentina tiene un capítulo escrito con la tinta del revanchismo más abyecto: el rigor punitivo del Decreto-Ley 4161. No bastó para la oligarquía de 1956 ilegalizar el sentimiento de un pueblo; necesitaron, con una sed de castigo casi patológica, blindar la norma contra cualquier atisbo de clemencia jurídica. Al establecer que las penas por invocar la justicia social o el nombre de los líderes populares no fueran de cumplimiento condicional, el régimen de Aramburu y Rojas borró de un plumazo la tradición humanista del derecho. No buscaban justicia, buscaban el escarmiento físico y moral de la clase trabajadora, asegurándose de que cada obrero que osara murmurar una verdad prohibida terminara efectivamente tras las rejas, sin la "molestia" de los beneficios legales que cualquier ciudadano común debería gozar.
Este ensañamiento procesal revela la verdadera cara del autoritarismo que, bajo el disfraz de una supuesta "libertad", instala estados de excepción permanentes. La prohibición de la excarcelación para los infractores del 4161 transformó al sistema judicial en una ventanilla de la represión militar, donde el debido proceso era sacrificado en el altar del odio de clase. Fue un laboratorio de lo que hoy vemos en las políticas neoliberales y libertarias más extremas: el uso de la ley no para proteger al débil, sino para criminalizar la identidad política de las mayorías y desmantelar el tejido solidario de la sociedad. Al negar la excarcelación, la dictadura pretendía que el miedo se filtrara en cada hogar, que el silencio fuera el único refugio ante una justicia que ya no pesaba pruebas, sino que castigaba símbolos.
La irracionalidad de esta norma, que las fuentes históricas no dudan en calificar como un monumento al odio, es la prueba de que el capital concentrado y sus brazos armados siempre han temido a la soberanía popular más que a cualquier otra cosa. Castigar sin derecho a fianza o a libertad condicional por el "delito" de poseer un busto de Evita o cantar una marcha es la expresión máxima de una minoría que se sabe ilegítima y que solo puede sostenerse mediante el terror administrativo. Mientras hoy los herederos de ese pensamiento pretenden convencernos de que el Estado es el enemigo, la historia de la 4161 nos recuerda que el verdadero enemigo es el Estado capturado por las elites para aniquilar derechos, perseguir al trabajador y borrar la memoria de una Argentina que supo ser justa, libre y soberana. Aquel rigor punitivo no fue orden; fue la violencia de los privilegiados codificada para intentar detener lo inevitable: el regreso de la dignidad nacional.
El Vandalismo Jurídico de 1956: Fusilar la Constitución para Esclavizar al Pueblo
La historia del derecho argentino sufrió su herida más profunda el 1 de mayo de 1956, una fecha cargada de cinismo donde, en lugar de celebrar el trabajo, la dictadura de Aramburu y Rojas decidió aniquilar sus garantías fundamentales. Mediante un simple bando militar, sostenido únicamente por el "voto de las armas", se derogó la Constitución de 1949, la carta magna más avanzada de nuestra historia, para retrotraer al país a los moldes decimonónicos de 1853.
Este acto no fue una corrección técnica ni un regreso a la "normalidad institucional", sino una maniobra de suma hipocresía destinada a despojar a la clase obrera de su escudo legal. Al borrar la Constitución del 49, la reacción oligárquica no solo buscaba proscribir a un líder, sino fundamentalmente extirpar del cuerpo jurídico de la Nación los derechos del trabajador, de la ancianidad, la función social de la propiedad y la soberanía estatal sobre los recursos estratégicos.
El argumento de los sectores anti-populares, que se rasgaban las vestiduras por una supuesta irregularidad en los dos tercios de la convocatoria, palidece ante la monstruosidad de anular una ley fundamental por decreto presidencial. Resulta una ironía sangrienta que quienes invocaban la "Constitución de 1853" para defender la república fueran los mismos que la pisoteaban con botas militares, interviniendo sindicatos y proscribiendo a la mayoría política del país.
Lo que realmente les molestaba no era el procedimiento legislativo, sino el contenido revolucionario de una Constitución que osaba poner el bienestar colectivo por encima del lucro privado. El retorno a 1853 fue el primer gran experimento de desregulación neoliberal "de facto", un intento por reinsertar a la Argentina en el mercado mundial como una semicolonia proveedora de materias primas, sin derechos laborales que estorbaran la acumulación de las elites y sus mandantes extranjeros.
Esta contrarrevolución jurídica fue el motor que impulsó la sangre joven y patriótica del levantamiento del General Juan José Valle el 9 de junio de 1956. Valle y sus hombres no se alzaron por un nombre, sino por la dignidad de una Patria que estaba siendo rematada al mejor postor bajo el amparo de un derecho vetusto y excluyente. Exigir el retorno de la Constitución de 1949 era, y sigue siendo, una declaración de principios: la defensa de una sociedad donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de los mercados financieros.
Hoy, ante los cantos de sirena de un libertarismo que desprecia la justicia social y sueña con regresar a un pasado de servidumbre, la anulación de 1956 nos recuerda que cuando el capital no puede convencer con votos, intenta imponer su voluntad con la suma del poder público y el silenciamiento de las mayorías. La soberanía económica y la independencia política no son abstracciones; fueron derechos constitucionales asesinados por un decreto que pretendió, sin éxito, enterrar el futuro de la justicia argentina.
Prof. Walter Onorato
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