Hubo un tiempo en la Argentina en el que trabajar no garantizaba salario, y cobrar no implicaba libertad. En los territorios dominados por La Forestal, el ingreso del obrero existía apenas como una ficción contable: vales emitidos por la empresa, papeles sin valor fuera del mundo cerrado que ella misma había construido. No era dinero. Era control. Y ese control no fue clandestino ni excepcional: funcionó durante décadas bajo gobiernos nacionales constitucionales.
El sistema de pago de La Forestal fue posible porque, en las primeras décadas del siglo XX, la Argentina carecía de un régimen de derechos laborales moderno. El trabajo no era concebido como un hecho social que mereciera protección estatal, sino como una relación privada regida por el derecho civil y la supuesta libertad de contratación. Una libertad formal y profundamente desigual, donde el empleador imponía condiciones y el trabajador aceptaba o quedaba excluido.
En ese marco institucional, la empresa consolidó un modelo extremo pero legal. Gran parte —y en muchos casos la totalidad— de los salarios se pagaban en vales o fichas internas, canjeables únicamente en los almacenes de la compañía o en comercios vinculados a ella. El obrero podía “ganar” cien pesos, pero no los recibía en moneda nacional. Recibía papeles que solo servían para comprar bienes básicos dentro del circuito empresarial.
Los testimonios de ex hacheros y obrajeros permiten reconstruir con precisión ese mecanismo. Algunos recuerdan vales que consignaban mercadería específica —harina, azúcar, carne— que rara vez se entregaba completa de una sola vez. El resto quedaba como saldo para futuras compras, siempre en el mismo almacén, siempre bajo las reglas de la empresa. En otros casos, los vales se emitían por montos nominales que se diluían rápidamente en precios más altos que los de los mercados libres.
En los obrajes más aislados, el salario estaba directamente ligado a la producción. Se registran pagos de alrededor de 2,50 pesos por tonelada de leña cortada, pero esa remuneración no se abonaba en efectivo. Se liquidaba en vales. Nominalmente, el ingreso existía. En términos reales, no podía transformarse en ahorro, movilidad ni autonomía. El trabajador no podía enviar dinero a su familia, no podía abandonar el obraje ni decidir dónde gastar el fruto de su trabajo.
El almacén de La Forestal no era una opción: era una obligación. Allí, los precios no se fijaban por competencia sino por conveniencia empresaria. Distintas investigaciones coinciden en que los productos básicos se vendían a valores superiores a los de pueblos cercanos, lo que reducía aún más el poder adquisitivo real del obrero. Así, un salario ya precario se consumía rápidamente en alimentos esenciales.
Cuando el vale no alcanzaba, aparecía el crédito interno. El trabajador solicitaba adelantos de mercadería o nuevos vales al contratista, figura central del sistema. Esa deuda se descontaba luego del salario futuro. El resultado era una trampa perfecta: trabajar para saldar una deuda generada por el propio mecanismo de pago. Irse implicaba quedar endeudado, sin recursos y lejos de cualquier red de contención.
Todo esto fue posible porque, en ese período, los derechos laborales prácticamente no existían. No había jornada laboral limitada y trabajar diez o doce horas diarias era habitual. No existía salario mínimo. No existía la obligación legal de pagar en dinero efectivo. No había vacaciones pagas, indemnización por despido ni licencias por enfermedad o accidente. No existían convenios colectivos de trabajo ni negociación paritaria. Las inspecciones laborales del Estado eran escasas o directamente inexistentes, sobre todo en zonas rurales y enclaves extractivos.
Nada de esto ocurrió en un vacío político. El sistema de La Forestal se desarrolló y consolidó atravesando los gobiernos de Julio Argentino Roca, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, el primer mandato de Hipólito Yrigoyen y los inicios del gobierno de Marcelo T. de Alvear. La Forestal no actuó bajo una dictadura ni en un vacío institucional: operó, pagó en vales y reprimió bajo gobiernos constitucionales, con un Estado que priorizó el orden y la inversión por sobre los derechos del trabajo.
Las pocas conquistas laborales de la época no surgieron por iniciativa estatal, sino por conflicto social. Las huelgas impulsadas por organizaciones como la FORA reclamaban lo elemental: jornada de ocho horas, salario en efectivo, descanso dominical y fin de los abusos patronales. La respuesta estatal fue, en general, la represión. La protesta obrera era vista como amenaza al orden, no como reclamo legítimo.
Pero este mundo tuvo un final. Y no llegó por la maduración del mercado ni por la ética empresaria. Llegó cuando el Estado argentino decidió intervenir y romper esa lógica de raíz. El quiebre histórico se produce a partir de 1943–1945, cuando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión —y luego desde la Presidencia— Juan Domingo Perón transforma estructuralmente la relación entre capital y trabajo.
Con ese giro, el salario deja de ser una concesión patronal y pasa a ser un derecho. El pago en vales queda prohibido de hecho y de derecho: el salario debe abonarse en dinero efectivo, en moneda de curso legal. Se establecen la jornada limitada, el descanso semanal, las vacaciones pagas, la indemnización por despido, los convenios colectivos y la negociación paritaria. El Estado comienza a inspeccionar, regular y sancionar.
Un hito central de esta transformación es el Estatuto del Peón Rural de 1944, que pone fin legal a prácticas propias del siglo XIX en el campo argentino. Allí se fijan salarios, jornadas, condiciones de vivienda, descanso y derechos básicos para un sector históricamente excluido. Es la lápida jurídica del régimen de servidumbre moderna que había dominado obrajes, ingenios y estancias.
Desde entonces, lo que antes era normal pasó a ser ilegal. Lo que antes se toleraba pasó a ser delito. El trabajador dejó de ser un sujeto aislado frente al patrón para convertirse en ciudadano con derechos sociales. La Forestal no desapareció solo por el agotamiento del quebracho: desapareció el mundo que la hizo posible.
Y esta es la clave final: cada vez que se relativizan los derechos laborales, se fragmenta el salario o se debilita la presencia del Estado, no se avanza hacia el futuro. Se retrocede hacia un pasado que ya conocemos. Un pasado donde el salario no era salario, el trabajo no era un derecho y la libertad terminaba en la puerta del almacén del patrón.
Prof. Walter Onorato
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