Durante años, y con especial intensidad en las redes sociales, se repite una acusación tan sencilla como eficaz: que Juan Domingo Perón y Eva Perón entregaban máquinas de coser a los sectores humildes presionando o extorsionando a los fabricantes. La escena es conocida y deliberadamente exagerada: un Estado voraz que se apropia de bienes privados para montar propaganda social. La afirmación se repite como verdad revelada, pero cuando se la confronta con documentos, contexto económico y registros de la época, se revela por lo que es: un eslogan político sin sustento histórico.
Las máquinas de coser distribuidas durante el primer peronismo no surgieron de saqueos industriales ni de operativos clandestinos, sino de mecanismos formales y registrados, en su mayoría vinculados a la Fundación Eva Perón, creada en 1948 con presupuesto propio. La Fundación se financiaba con aportes estatales, contribuciones sindicales, donaciones empresariales declaradas y excedentes de organismos públicos. Con esos recursos se realizaban compras directas a proveedores nacionales y, cuando era necesario, importaciones. No existen causas judiciales, balances empresariales ni debates parlamentarios que acrediten un plan sistemático de apropiación ilegal de máquinas.
El problema del relato no es solo su falsedad, sino su intencionalidad política. Cuando se pregunta quiénes eran las supuestas “empresas perjudicadas”, el mito vuelve a quedar desnudo. No hay un listado de fabricantes denunciando robos ni presiones ilegales. El mercado real de máquinas de coser en la Argentina de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta estaba dominado por Singer, instalada en el país desde fines del siglo XIX, con red comercial propia, talleres de ensamblaje y servicios técnicos. Singer vendió máquinas al Estado, vendió a la Fundación y realizó donaciones registradas, como muchas grandes empresas de la época. Nunca denunció confiscaciones ni secuestros de stock, pese a que su nombre suele ser invocado livianamente como emblema del supuesto “apriete peronista”.
Junto a Singer operaban otras marcas internacionales, como Pfaff y Necchi, cuyas máquinas ingresaban por importación o ensamblaje parcial. Tampoco existen registros de estas firmas denunciando coerción estatal. Por el contrario, el crecimiento del mercado interno, impulsado por salarios en alza y mayor consumo popular, amplió la demanda de bienes durables y fortaleció al sector.
Aquí aparece el núcleo que el relato antiperonista prefiere ocultar. El primer peronismo no solo compró máquinas: rompió un modelo de negocios. Hasta entonces, el acceso a una máquina de coser estaba mediado por ventas en cuotas largas, intereses elevados y endeudamiento crónico de hogares pobres, especialmente de mujeres que cosían para terceros. Al intervenir como comprador masivo y distribuir herramientas de trabajo, el Estado abarató costos, democratizó el acceso y debilitó un esquema comercial históricamente extractivo. Ese impacto económico real fue luego transformado en acusación moral.
Pero hay un dato que directamente desarma cualquier intento de sostener la hipótesis de corrupción. Tras el golpe de Estado de 1955, el nuevo régimen instauró Comisiones Investigadoras para revisar la gestión del gobierno depuesto y, en particular, para auditar a la Fundación Eva Perón. Esas comisiones no fueron ni neutrales ni democráticas: fueron creadas por un gobierno de facto, actuaron sin garantías jurídicas y tenían como objetivo explícito encontrar delitos que justificaran la persecución política. Sin embargo, el 7 de octubre de 1955, las propias comisiones concluyeron que no habían encontrado actos de corrupción comprobables en la Fundación Eva Perón. Ni robo sistemático, ni enriquecimiento ilícito, ni saqueo de empresas.
Este dato suele ser cuidadosamente silenciado. Porque si incluso una investigación impulsada por un régimen que prohibió el peronismo, fusiló militantes y persiguió símbolos populares no pudo probar corrupción en la Fundación, la persistencia del relato del “robo” ya no puede explicarse por ignorancia histórica. Se trata de una operación ideológica consciente.
Las máquinas de coser no eran regalos decorativos ni objetos para la foto. Eran medios de producción. Permitían trabajo domiciliario, ingresos propios y autonomía económica en un país donde amplios sectores estaban excluidos del empleo formal. Llamar “limosna” a una herramienta de trabajo es una maniobra discursiva que busca convertir la inclusión en delito.
La insistencia en hablar de presión como sinónimo de crimen cumple una función precisa: deslegitimar la intervención estatal, transformar derechos en dádivas y asociar justicia social con corrupción. Es el mismo libreto que hoy reaparece cuando se afirma que toda política social es “plata robada vía impuestos”, negando la redistribución como principio democrático.
No hay evidencia histórica que sostenga que Perón y Evita se apropiaran ilegalmente de máquinas de coser para distribuirlas. Lo que sí existió fue un Estado que compró, una fundación con recursos, empresas que vendieron y donaron, y una política que se atrevió a entregar herramientas para trabajar y disputar la exclusión estructural. El mito persiste porque incomoda. No por lo que oculta del pasado, sino por lo que revela del presente.
Prof. Walter Onorato
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