1964: cuando Illia aceptó que Brasil frenara el regreso de Perón

Madrid, Río y el despegue que no fue: cómo la dictadura brasileña frenó el retorno del líder justicialista

El 2 de diciembre de 1964, estuvo a horas de regresar a la Argentina tras casi una década de exilio forzado. No se trataba de un gesto improvisado ni de una provocación retórica, sino de un movimiento político cuidadosamente calculado. Perón buscaba medir fuerzas, reordenar el tablero interno y, sobre todo, poner en evidencia los límites reales de la democracia argentina de entonces. El intento fracasó, y ese fracaso no fue producto del azar sino de una decisión política coordinada a escala regional.

Desde su derrocamiento en 1955, Perón residía principalmente en Madrid, convertido en un exiliado incómodo para las potencias occidentales y en una referencia persistente para millones de trabajadores argentinos. A pesar de la proscripción del peronismo, su figura seguía gravitando en la vida política nacional: ningún gobierno lograba estabilizarse sin resolver —o bloquear— el llamado “problema Perón”. A comienzos de los años sesenta, su nombre continuaba siendo el punto de fuga de todas las tensiones del sistema político argentino.

El regreso previsto para fines de 1964 no fue un acto simbólico. Perón había gestionado contactos diplomáticos, evaluado reacciones militares y leído con atención el escenario regional. El vuelo debía partir desde Madrid con escala en Río de Janeiro y destino final Buenos Aires. La elección no era inocente. Brasil se había convertido, tras el golpe de Estado de marzo de ese mismo año, en una pieza clave del nuevo orden militar sudamericano. Desde allí se irradiaba una doctrina de seguridad continental que identificaba a los movimientos populares como enemigos internos.

Para entonces, Brasil estaba bajo el control del régimen encabezado por el mariscal , una dictadura abiertamente alineada con Estados Unidos y obsesionada con impedir cualquier forma de reorganización política de masas en la región. El peronismo, para ese esquema, no era solo un fenómeno argentino: era una amenaza ideológica que debía ser contenida antes de que volviera a adquirir centralidad.

En la Argentina gobernaba , electo en 1963 en un contexto profundamente condicionado. El peronismo continuaba proscripto, las Fuerzas Armadas conservaban poder de veto y la legitimidad presidencial estaba permanentemente bajo presión. Illia encabezaba un gobierno civil, pero no soberano. Su margen de maniobra estaba delimitado por los cuarteles y por una estructura institucional que toleraba elecciones, pero no aceptaba decisiones que alteraran el equilibrio impuesto tras 1955.

En ese marco, el Estado argentino no garantizó el ingreso de Perón al país. No se trató de una omisión ingenua ni de una mera dificultad administrativa, sino de una decisión política asumida en silencio. El gobierno evitó pronunciarse públicamente, pero dejó hacer. No activó mecanismos diplomáticos, no exigió explicaciones formales y no defendió el derecho soberano de la Argentina a decidir quién podía ingresar a su propio territorio. Esa pasividad operó, en los hechos, como un aval.

Cuando el avión que transportaba a Perón aterrizó en Río de Janeiro, la escena ya estaba definida. Las autoridades militares brasileñas, bajo órdenes del régimen encabezado por , impidieron que el vuelo continuara hacia Buenos Aires. No se alegaron razones técnicas convincentes ni se invocó ninguna norma internacional clara. Simplemente se ejecutó una decisión política: Perón no debía volver. El líder justicialista fue retenido, incomunicado durante horas y finalmente obligado a regresar a Europa, sin que mediara orden judicial, resolución administrativa ni documento oficial que dejara constancia del acto.

Esa ausencia de papeles no fue una debilidad del operativo, sino su principal fortaleza. Al no existir decreto ni comunicado formal, ningún gobierno asumía la responsabilidad directa. Brasil actuaba como ejecutor y la Argentina como beneficiaria silenciosa. La maniobra se sostuvo en un pacto tácito entre Estados que compartían un mismo objetivo: impedir que el peronismo reingresara al escenario político argentino por la vía de los hechos. La legalidad fue reemplazada por la coordinación informal entre aparatos militares y diplomáticos.

Lo verdaderamente grave no fue solo la intervención de una dictadura extranjera, sino la aceptación explícita de ese tutelaje por parte de un gobierno constitucional. La democracia argentina admitió, sin resistencia visible, que un régimen militar extranjero definiera quién podía y quién no pisar suelo nacional. En nombre de la gobernabilidad, se resignó soberanía. En nombre del orden, se convalidó una decisión tomada fuera de las instituciones y al margen de la ley.

Paradójicamente, el fracaso del retorno no debilitó a Perón. Ocurrió lo contrario. La noticia del bloqueo en Río de Janeiro recorrió la Argentina y reforzó la idea de un líder al que no solo habían derrocado, sino al que todavía le temían. La proscripción dejó de presentarse como un residuo del pasado y volvió a exhibirse como una política activa del presente. La resistencia peronista incorporó el episodio a su memoria política como una prueba más de que el poder real no estaba en las urnas, sino fuera de ellas.

El peronismo volvió a demostrar que su fuerza no dependía exclusivamente de la presencia física de su conductor, sino de una identidad social y política profundamente arraigada en los sectores populares. Perón, sin pisar Ezeiza, volvió a ocupar el centro de la escena nacional. El viaje frustrado se transformó en un símbolo, y la derrota táctica en una victoria estratégica de largo plazo.

Lo ocurrido en 1964 no fue un hecho aislado. América Latina atravesaba una etapa marcada por democracias condicionadas y dictaduras abiertas, donde el margen de acción de los líderes populares era definido por los cuarteles y las embajadas. El caso Perón sintetiza esa lógica: incluso un presidente constitucional aceptó que el orden regional estuviera por encima de la soberanía popular. El regreso definitivo de Perón en 1973 demostraría que aquel freno no fue una solución, sino una postergación. Y el episodio de Río quedó registrado como una evidencia incómoda: la democracia argentina de los años sesenta tenía elecciones, pero no tenía poder.