La figura de Bernardino Rivadavia ocupa en la historia argentina un lugar inflado por una tradición liberal que lo presenta como un adelantado a su tiempo, un modernizador incomprendido en un país atrasado. Sin embargo, cuando se corre el velo del relato celebratorio y se observan con atención sus políticas concretas, ese prestigio comienza a resquebrajarse. La creación del Banco Nacional, lejos de ser un gesto visionario, estuvo atravesada por un aire viciado, denso, que hoy no dudaríamos en denominar corrupción: privilegios para grupos empresariales dominantes, captura privada de una institución pública y un uso del Estado orientado más a beneficiar intereses particulares que a construir soberanía económica.
De esta manera podemos decir que el Banco Nacional, fundado durante el gobierno de Bernardino Rivadavia, no fue una promesa frustrada ni una oportunidad perdida. Fue el primer gran fracaso del capitalismo financiero en la Argentina y, además, uno de los primeros episodios en los que la banca estatal quedó capturada por intereses privados. No cayó por una fatalidad histórica ni por la inmadurez cultural del país: fracasó porque nació al revés de la realidad y fue utilizado como instrumento de privilegio antes que como herramienta de desarrollo. Cuando se lo disolvió oficialmente el 30 de mayo de 1836, no se destruyó un sistema vivo. Se cerró una ficción financiera ya vaciada desde adentro.
Creado en 1826 a partir del Banco de Descuentos, el Banco Nacional fue presentado como el núcleo de una modernización acelerada. Debía emitir moneda, organizar el crédito, sostener al Estado y actuar como banco nacional en un territorio que aún no era una nación integrada. Pero detrás del discurso institucional se escondía una estructura profundamente desigual: El banco no estuvo controlado de manera efectiva por el Estado sino por un reducido grupo de comerciantes y capitalistas ligados al gran comercio porteño y al circuito financiero atlántico. Entre ellos se destacaban casas mercantiles británicas con fuerte peso en Buenos Aires, como Baring Brothers —vinculada al endeudamiento externo rivadaviano— y firmas comerciales como Parish Robertson y Cía., cuyos socios, John Parish Robertson y William Parish Robertson, operaban como intermediarios privilegiados entre el crédito externo, el comercio de exportación y las finanzas locales. A ese entramado se sumaban figuras del patriciado porteño como Manuel José García, estrechamente vinculado a la política financiera del período, lo que consolidó un esquema en el que la banca pública quedó subordinada a intereses privados y externos.
El capital privado dominaba la dirección, condicionaba las decisiones y se beneficiaba de un esquema diseñado para socializar pérdidas y privatizar ventajas: cuando la emisión sin respaldo depreciaba la moneda, el costo recaía sobre la población y la economía real; cuando el negocio era rentable, las ganancias quedaban concentradas en los mismos grupos que controlaban el banco, accedían al crédito en condiciones privilegiadas y utilizaban la institución como resguardo ante el riesgo que ellos mismos generaban. Así, el Banco Nacional dejó de ser una herramienta pública para convertirse en un seguro financiero de las élites comerciales.
Ahora bien, desde su origen, esta entidad funcionó más como un negocio para sus accionistas que como un instrumento público. En la conversión de antiguos bonos y papeles al nuevo sistema bancario se otorgaron beneficios extraordinarios, con premios y garantías que favorecieron a los sectores mejor posicionados, aun cuando el respaldo real del banco era endeble. Mientras el discurso hablaba de orden monetario, en la práctica se habilitaban mecanismos de transferencia de valor hacia los mismos actores que controlaban la institución. No fue una desviación del sistema: fue su lógica constitutiva. ¿Te suena haber escuchado algo similar alguna vez?
El problema del respaldo metálico, central en cualquier sistema bancario, se agravó por esta dinámica. El banco emitió papel moneda muy por encima de sus reservas reales, pero además permitió —y en ciertos casos incentivó— la extracción de oro y plata hacia circuitos privados y al exterior. Las mismas redes comerciales que dominaban la conducción se beneficiaban de la exportación de metales, debilitando la base que debía sostener la moneda. El oro siempre sale del pais, otra noticia que parece un loop en nuestra historia. La crisis no fue sólo técnica: fue política. El banco no colapsó por falta de conocimiento financiero, sino porque estaba diseñado para servir a intereses que no coincidían con los del conjunto de la economía.
A todo esto, vino la Guerra con el Brasil que terminó de exponer el carácter del Banco Nacional. Utilizado como caja de emergencia de un Estado sin recursos fiscales sólidos, el banco absorbió déficits, financió gastos extraordinarios y profundizó la emisión sin respaldo. El resultado fue la depreciación del papel moneda, la pérdida de confianza y el aislamiento total de la institución respecto de la economía real. Mientras la banca se descomponía, el país seguía funcionando por otros carriles: crédito mercantil, adelantos privados, renta aduanera. El Banco Nacional no organizaba la economía; la parasitaba.
El propio contexto decretado por Rosas al disolver el banco en 1836 remarca que el Banco Nacional estaba “controlado por comerciantes ingleses” y había provocado “una grave crisis monetaria con continuas emisiones de papel moneda, continuamente depreciado”, lo que ejemplifica cómo el manejo de la institución estaba ligado a intereses particulares y no a un proyecto de estabilidad y soberanía económica. Esto se produjo en un contexto de privilegios para el grupo empresarial dominante, que terminó beneficiándose de la crisis monetaria mientras la institución estatal se debilitaba, se vaciaba de respaldo y perdía toda capacidad de cumplir una función pública. No se trataba de una acusación retórica: era la constatación política de un proceso ya consumado.
Para las provincias, la institución nunca fue verdaderamente nacional. El Banco Nacional operó como una extensión financiera del poder porteño, articulado alrededor del puerto, la aduana y el comercio exterior, sin mecanismos reales de representación ni de distribución equitativa del crédito. Las decisiones se tomaban en Buenos Aires y respondían a intereses locales que poco tenían que ver con las necesidades productivas del interior. La modernización que el banco prometía no llegaba a las economías provinciales: no había crédito accesible, no había inversión sostenida ni integración comercial. Lo que sí llegaba era una moneda depreciada, emitida lejos de sus territorios y sin respaldo visible, y un sistema que beneficiaba a un puñado de comerciantes y financistas. En ese contexto, el banco no sólo agravó los desequilibrios económicos preexistentes, sino que se convirtió en un factor de conflicto político, reforzando la desconfianza hacia el centralismo porteño y alimentando la resistencia federal frente a un proyecto que hablaba en nombre de la Nación pero operaba como instrumento de extracción y control.
De esta manera podemos aseverar que durante la etapa del Banco Nacional (1826–1836), las monedas metálicas se acuñaban casi exclusivamente en Buenos Aires, en la Casa de Moneda de Buenos Aires, bajo control del gobierno porteño y luego, de hecho, del poder central (comerciantes ingleses) asentado en el puerto. No existía una casa de moneda nacional en sentido federal. La acuñación dependía exclusivamente de Buenos Aires, y de esta manera lograba concentrar el acceso a metales preciosos, la infraestructura técnica y el control político sobre la circulación monetaria. Recordemos que las provincias no acuñaban moneda propia de manera regular durante ese período. En muchos casos, directamente carecían de circulante metálico y se veían obligadas a aceptar el papel moneda emitido en Buenos Aires, vales, bonos y el mecanismos de trueque y crédito mercantil local.
Esto reforzaba el desequilibrio, la moneda se acuñaba en Buenos Aires, se emitía desde Buenos Aires, pero circulaba depreciada en el interior, sin que las provincias tuvieran control alguno sobre su volumen, respaldo o valor. No fue un robo en los términos del derecho, pero sí en los de la economía política: Buenos Aires financiaba su poder emitiendo moneda depreciada que imponía al interior, transfiriendo recursos desde las provincias hacia el puerto sin consentimiento ni compensación.
Cuando se decretó su disolución, el Banco Nacional ya estaba vaciado. El acto no produjo un colapso porque no había nada que derrumbar. Formalizó una decadencia prolongada y asumió directamente una responsabilidad que la institución había demostrado no poder sostener. La moneda quedó bajo control estatal no como gesto autoritario, sino como respuesta a un experimento que había fracasado tanto en lo financiero como en lo moral.
Leída en perspectiva, la experiencia del Banco Nacional revela algo más profundo que un error de diseño. Muestra el intento temprano de implantar capitalismo financiero sin base productiva, sin Estado consolidado y sin controles efectivos. Pero también exhibe una constante que reaparecerá una y otra vez en la historia argentina: la captura de instrumentos públicos por parte de élites económicas que los utilizan para su propio beneficio, aun cuando eso implique destruir la herramienta que dicen defender.
El banco no fracasó pese a sus privilegios. Fracasó a causa de ellos. No cayó por exceso de intervención estatal, sino por la ausencia de un Estado capaz de imponer reglas al capital que decía regular. Fue un banco moderno para una economía que no lo necesitaba y un negocio privado disfrazado de institución pública.
El Banco Nacional de Rivadavia fue así un fracaso fundador. Demostró que no hay finanzas sanas sin producción, que no hay crédito sin soberanía y que no hay modernización posible cuando la banca se convierte en botín. La Argentina perdió un banco en 1836 pero la historia liberal construyó la falsa ilusión de que el país perdió una gran oportunidad cuando en realidad el capitalismo financiero, dejado a su lógica, construyó desigualdad, dependencia y crisis. Esa lección, incómoda y persistente para los derechosos y anti-peronistas, sigue escrita en los manuales de historia como un confuso suceso donde se confunde "modernización" con privilegio a la clase más rica del pais.
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