La burla patronal que vuelve cuando los derechos retroceden
Hay frases que sobreviven porque incomodan. No porque sean ingeniosas, sino porque condensan una relación de poder. “Andá a pedirle el aguinaldo a Perón” fue durante años una burla patronal, una chicana dirigida al trabajador que reclamaba lo que le correspondía. Pero también fue —sin quererlo— una confesión histórica: los derechos laborales no nacen de la buena voluntad del mercado, sino de decisiones políticas que obligan a cumplirlos.
La escena tiene fecha precisa. El 20 de diciembre de 1945, el gobierno de Edelmiro Farrell, a instancias de Juan Domingo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, firmó el Decreto 33.302, que instituyó el Sueldo Anual Complementario. El aguinaldo dejó de ser una dádiva ocasional y pasó a ser un derecho obligatorio para todos los trabajadores. No se inventó un beneficio nuevo: se generalizó y se volvió exigible algo que hasta entonces dependía del humor del patrón, de la rentabilidad del año o de la obediencia del empleado.
Ese fue el verdadero quiebre. Lo que antes era discrecional pasó a ser derecho. Y cuando eso ocurrió, apareció la burla. Frente al reclamo legítimo, muchos empleadores respondían con desprecio: “andá a pedírselo a Perón”. No era una frase inocente. Era una manera de decir que ese dinero no salía de su voluntad, que alguien desde el Estado los estaba obligando a compartir una parte de la riqueza producida. La chicana, en el fondo, reconocía una verdad incómoda.
Con el tiempo, la frase cambió de sentido. De burla patronal pasó a ser símbolo de una conquista obrera. Sí, andá a pedírselo a Perón, porque fue la organización de los trabajadores y la intervención del Estado lo que garantizó que el salario no se agotara en el mes y que el fin de año no fuera sinónimo de angustia. El aguinaldo empezó a representar algo más profundo: la idea de que el trabajo no es una mercancía y que el salario no es una limosna.
Hoy, casi ocho décadas después, esa frase vuelve a rondar. No porque el aguinaldo haya sido eliminado formalmente, sino porque el clima político y cultural es inquietantemente parecido. La reforma laboral que se impulsa vuelve a poner en discusión el mismo principio de fondo: si los derechos son conquistas colectivas o simples costos a reducir. Se habla de modernización, de flexibilidad, de competitividad, pero el contenido real es siempre el mismo: relativizar derechos, volverlos negociables, vaciarlos sin derogarlos explícitamente.
La historia no se repite calcada, pero rima. Antes la burla era directa, cara a cara, en el taller o la fábrica. Hoy viene envuelta en discursos técnicos, presentaciones prolijas y promesas de un mercado que nunca derrama. Pero el mensaje de fondo es idéntico: si querés derechos, reclamáselos a alguien que ya no está. Como si el paso del tiempo volviera ilegítimas las conquistas.
Cuando se empieza a desmontar el andamiaje legal que sostiene los derechos laborales, no hace falta mucho para que vuelva la frase. Y cuando vuelve la frase, vuelve todo lo demás. El miedo a reclamar, la precariedad naturalizada, el silencio como forma de supervivencia, la sumisión presentada como libertad. Primero se cuestiona el derecho, después se lo vuelve optativo, finalmente desaparece.
“Andá a pedirle el aguinaldo a Perón” no era solo una frase: era una forma de disciplinamiento. El patrón que se burlaba no hacía humor, marcaba poder. Decía acá mando yo, esto no es un derecho, esto es un favor. Y lo decía porque sabía que, sin un Estado que obligara, el trabajador quedaba solo, desarmado, negociando desde la necesidad.
Conviene decirlo sin rodeos: lo que está en juego no es una simple actualización normativa, sino una verdadera restauración oligárquica. Si la reforma laboral es aprobada, no será un hecho aislado ni técnico, sino el puntapié inicial de un proceso regresivo que busca desandar más de un siglo de conquistas sociales. No se trata de volver a los años noventa ni siquiera a los setenta: el horizonte al que apunta esta lógica es mucho más antiguo.
El modelo implícito es el de la Argentina de 1890 a 1913, la del orden oligárquico clásico. Un país exportador, primarizado, con crecimiento económico concentrado, pero con trabajadores sin derechos, sin negociación colectiva, sin protección estatal y con salarios definidos por la necesidad y no por la justicia. Un país donde el conflicto social se reprimía, no se regulaba; donde el trabajo era una mercancía más y el Estado actuaba como garante exclusivo de los intereses de las élites.
En ese esquema, los derechos laborales no existían porque no eran necesarios para el modelo. La prosperidad era para pocos, y el resto debía conformarse con sobrevivir. La reforma laboral actual no mira hacia adelante: mira hacia atrás, a ese país previo a las leyes sociales, previo al movimiento obrero organizado, previo a la irrupción del Estado como árbitro de una relación profundamente desigual.
Por eso no es exagerado hablar de restauración. Porque no se busca corregir abusos ni mejorar condiciones, sino desmontar el andamiaje legal que interrumpió el dominio oligárquico sobre el trabajo. Primero se relativizan los derechos, luego se los vacía y finalmente se los presenta como obstáculos al progreso. Exactamente el mismo argumento que se utilizaba antes de que esos derechos existieran.
Hoy estamos peligrosamente cerca de volver a ese punto. No porque el aguinaldo esté formalmente derogado —todavía—, sino porque el clima cultural y político es el mismo: relativizar derechos, llamar “privilegios” a las conquistas, presentar al trabajador como un costo y no como un sujeto de derechos. Cuando eso ocurre, el paso siguiente es siempre igual: lo que era obligatorio se vuelve “negociable”, y lo negociable termina siendo inexistente.
La advertencia es clara. Estamos, efectivamente, a un paso. No de una anécdota histórica, sino de una restauración social. Y la historia enseña algo incómodo para quienes empujan estas reformas: cada vez que intentaron devolver al trabajador a ese lugar, la reacción no tardó en llegar. Porque los derechos podrán ser atacados, vaciados y hasta abolidos, pero cuando se los quita, no llega la paz social: llega el conflicto. Y cada restauración oligárquica termina exactamente igual: con el pueblo reclamando lo que le robaron.
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