Un documento histórico desmonta el mito de la herencia recibida y expone cómo el ajuste, la subordinación externa y la captura del Estado fabrican crisis que hoy vuelven a repetirse. Un texto publicado en 1957 por la revista Qué, recuperado en el documento Los vendepatria, demuestra con datos que la crisis posterior al golpe de 1955 no fue heredada sino deliberadamente creada. Setenta años después, el gobierno de Javier Milei reedita el mismo libreto económico, con consecuencias sociales conocidas.
La historia económica argentina arrastra una coartada que se repite con obstinación cada vez que se intenta justificar un ajuste brutal: la idea de que el desastre es siempre culpa del pasado. El documento publicado en 1957 por la revista Qué, reproducido en Juan Domingo Perón – Los vendepatria, desarma ese argumento con una contundencia que incomoda aún hoy. Allí se demuestra que la crisis económica que siguió al derrocamiento de Perón no fue una herencia inevitable, sino el resultado directo de decisiones políticas adoptadas por un gobierno de facto que actuó de espaldas a la voluntad popular y en sintonía con intereses económicos externos.
El texto es categórico desde el inicio. Al momento del golpe de 1955, la Argentina no tenía deuda externa, había recuperado reservas luego de la sequía de 1950-1951, mostraba una industria en expansión y había logrado contener la inflación. Los ejercicios comerciales de 1953 y 1954 fueron superavitarios, las ventas y el comercio crecían, se desarrollaban exploraciones energéticas en Campo Durán y se comprobaban reservas de hierro y carbón largamente negadas. Se levantaban fábricas de motores, camiones, automóviles y tractores con respaldo de firmas internacionales, mientras que el costo de vida había aumentado apenas un 19 por ciento entre 1952 y 1955. No había colapso, ni emergencia económica, ni crisis estructural alguna.
Sin embargo, el nuevo poder necesitaba construir un relato que legitimara el giro. Ese relato tomó forma en lo que el documento define como un “diagnóstico interesado”. Raúl Prebisch, economista de proyección internacional y con antecedentes de afinidad con intereses británicos, introdujo la noción de una supuesta “crisis estructural”. No explicó en qué consistía ni aportó pruebas concluyentes, pero el concepto fue aceptado sin discusión por un gobierno ansioso por demostrar que el período anterior había sido un fracaso. A partir de esa ficción teórica comenzó, según el propio texto, la verdadera destrucción económica.
La subestimación de la capacidad nacional fue otro pilar del nuevo rumbo. Técnicos argentinos fueron desplazados sistemáticamente y reemplazados por asesores extranjeros convocados para resolver problemas que el país ya estaba en condiciones de abordar por sí mismo. Para verificar la existencia de petróleo, carbón, estadísticas laborales o planes económicos integrales, se recurrió a funcionarios de organismos internacionales. El documento no ahorra palabras: esa dependencia técnica fue una humillación innecesaria que preparó el terreno para una dependencia económica más profunda.
El tercer eje del balance es, quizás, el más revelador de todos porque desnuda sin rodeos el verdadero sentido político del programa económico aplicado tras 1955: la composición del gabinete. El documento no habla en abstracto ni se refugia en generalidades; enumera nombres propios y los vincula de manera directa con grandes grupos económicos, consorcios extranjeros y empresas que históricamente operaron como engranajes del poder financiero internacional. Abogados, asesores y representantes de firmas como Bunge & Born, Bemberg, Standard Oil, Texas Oil, bancos extranjeros y compañías de servicios públicos ocuparon ministerios estratégicos y áreas clave del Estado. No se trató de una coincidencia ni de una fatalidad técnica, sino de una decisión política consciente: poner la conducción económica del país en manos de quienes tenían intereses directos en su desarticulación productiva y en la apertura indiscriminada al capital externo.
Con un gabinete integrado por agentes de intereses foráneos, sostiene el texto, resultaba imposible impulsar una política de recuperación nacional, desarrollo industrial o defensa del mercado interno. El Estado dejó de ser una herramienta de planificación para convertirse en un espacio de mediación de negocios privados. Esa captura del aparato estatal explica el rumbo errático que siguió la economía: se ensayaron fórmulas contradictorias, se abandonaron planes antes de consolidarlos y se pasó del dirigismo al liberalismo para volver a esquemas híbridos que acumularon las desventajas de ambos sin ofrecer ninguna de sus virtudes. El zigzag permanente no fue improvisación, sino la expresión de un poder político divorciado del pueblo y subordinado a presiones externas.
El resultado fue exactamente el previsible. La liberalización selectiva benefició a una minoría concentrada, mientras la planificación industrial se paralizaba, las obras estratégicas se demoraban, el endeudamiento externo crecía y la economía real comenzaba a retroceder. La renta nacional por habitante, que había crecido sostenidamente entre 1953 y 1955, cayó en 1956 un 0,4 por ciento sin que existiera sequía, catástrofe natural ni factor externo que lo explicara. Fue la política económica, y sólo ella, la que produjo el retroceso. El propio Prebisch había sostenido que el problema era un bajo crecimiento; sus asesorados no tardaron en generar una caída efectiva.
El documento concluye con una afirmación que atraviesa el tiempo y dialoga de manera inquietante con el presente: la crisis no fue heredada, fue creada fría y deliberadamente. El endeudamiento, la paralización industrial, la destrucción de los vínculos comerciales que protegían la economía nacional, el uso improductivo de divisas y el empobrecimiento general no fueron accidentes, sino consecuencias lógicas de un programa económico al servicio de intereses ajenos al país.
Leído hoy, este texto histórico funciona como un espejo. El gobierno de Javier Milei vuelve a apelar a la herencia, vuelve a hablar de crisis estructural, vuelve a despreciar la planificación estatal, vuelve a entregar la conducción económica a técnicos formados en la ortodoxia financiera internacional y vuelve a presentar el ajuste como única salida. Como en 1955, el pasado es usado como excusa para justificar un proyecto que beneficia a una minoría y condena a las mayorías. La historia, cuando se la lee con honestidad, deja una enseñanza clara: las crisis no caen del cielo. Se construyen.
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