Así le pagamos entre todos las deudas a la familia Macri. La estatización de la deuda privada

La estatización de la deuda privada

El 17 de noviembre de 1982, cuando la dictadura cívico-militar transitaba sus últimos días y el poder ya se deslizaba hacia una transición inevitable, el Estado argentino ejecutó una de las decisiones económicas más escandalosas y menos discutidas de la historia reciente: la estatización de la deuda privada. Bajo una apariencia técnica y silenciosa, se transfirieron al conjunto de la sociedad pasivos millonarios que habían sido contraídos por grandes grupos empresarios, consolidando un saqueo cuyos efectos aún persisten.

La medida se adoptó durante el gobierno de facto de Reynaldo Bignone y significó que el Estado asumiera alrededor de 15.000 millones de dólares de deuda externa originalmente tomada por empresas privadas. No se trató de una emergencia ni de un acto aislado, sino de la culminación de un proceso deliberado de socialización de pérdidas luego de años de especulación financiera, fuga de capitales y desindustrialización.

El rol del Banco Central fue mucho más que administrativo: fue estructural y decisivo. La entidad, presidida entonces por Julio González del Solar, no actuó como un árbitro neutral del sistema financiero sino como engranaje central de un esquema diseñado previamente por su antecesor, Domingo Felipe Cavallo, quien había implementado el denominado “seguro de cambio”. Bajo esa figura técnica, presentada como un mecanismo de previsibilidad, el Banco Central garantizó a las grandes empresas privadas que sus deudas en dólares serían cubiertas al tipo de cambio oficial, aun cuando el mercado ya anticipaba fuertes devaluaciones. El riesgo cambiario —una de las variables centrales de cualquier negocio financiero— fue directamente eliminado para los privados y trasladado al Estado.

De este modo, el Banco Central asumió compromisos en moneda extranjera que no respondían a políticas públicas ni a necesidades productivas, sino a estrategias empresariales especulativas que habían prosperado durante los años de liberalización financiera. Cuando el modelo estalló, las empresas protegidas por el seguro de cambio evitaron el impacto de la devaluación y preservaron su capital, mientras el Estado absorbía la diferencia. En términos simples, pero brutales: cuando el negocio salió mal, la cuenta no la pagaron quienes se beneficiaron durante años del endeudamiento barato y la fuga de capitales, sino la sociedad en su conjunto, que cargó con una deuda convertida en pública sin haber participado jamás de esas decisiones.Entre los grupos económicos alcanzados por esta decisión se encontraba el holding de la familia Macri, uno de los conglomerados empresariales más poderosos del país. Empresas vinculadas al grupo Socma habían acumulado una deuda externa significativa durante la dictadura, deuda que fue absorbida por el Estado argentino. No fue un privilegio excepcional ni un error administrativo: fue parte de un patrón estructural de protección a los grandes capitales nacionales y extranjeros.

La gravedad del episodio no se limita al monto transferido. Auditorías posteriores y trabajos de investigación demostraron que buena parte de los préstamos estatizados no respondían a inversiones reales. En muchos casos se trataba de simples registraciones contables entre casas matrices y filiales radicadas en Argentina, autopréstamos sin ingreso efectivo de divisas al país. Dinero que nunca financió desarrollo productivo terminó convirtiéndose en deuda pública, pagada con ajuste, inflación y recortes sociales.

Estas irregularidades fueron documentadas en profundidad por el periodista y abogado Alejandro Olmos, quien a partir de una investigación personal y casi solitaria impulsó una causa judicial sin precedentes contra el endeudamiento externo contraído durante la última dictadura cívico-militar. Durante años, Olmos recopiló documentos oficiales, contratos, actas del Banco Central y registros contables que permitieron demostrar que gran parte de la deuda no solo había sido contraída sin control parlamentario ni beneficio para el país, sino que además estaba plagada de irregularidades administrativas, fraudes contables y violaciones a la normativa vigente.

La causa, que tramitó en el fuero federal, logró acreditar más de 470 irregularidades concretas, entre ellas la ausencia de autorización legal para muchos préstamos, la inexistencia de ingreso real de divisas, la estatización de deudas privadas sin sustento jurídico y la utilización del endeudamiento como mecanismo de fuga de capitales. El expediente dejó al descubierto una red de connivencia entre funcionarios civiles del área económica, jerarcas militares y grandes grupos económicos, que operaron de manera coordinada para transformar obligaciones privadas en deuda pública.

El fallo judicial dictado en el año 2000 reconoció explícitamente el carácter ilegítimo, irregular y perjudicial para el interés nacional de buena parte de ese endeudamiento. Sin embargo, también dejó en evidencia uno de los rasgos más persistentes del poder en la Argentina: aunque la ilegalidad quedó probada, la mayoría de las responsabilidades penales se encontraban prescriptas. La verdad histórica fue reconocida, pero la impunidad económica permaneció intacta.

La investigación de Olmos demolió así el relato de una deuda “necesaria”, “inevitable” o producto exclusivo de factores externos. Mostró, con pruebas documentales, que el endeudamiento fue una decisión política consciente, funcional a la consolidación de los sectores económicos más concentrados y ejecutada al amparo de un régimen autoritario que anuló cualquier forma de control democrático. Una deuda que no nació para desarrollar al país, sino para garantizar negocios privados y blindar patrimonios a costa del conjunto de la sociedad.El fallo judicial del año 2000 reconoció la ilegitimidad de buena parte de ese endeudamiento, aunque muchas responsabilidades penales ya estaban prescriptas. La justicia llegó tarde, pero dejó una huella documental imposible de borrar. La deuda externa argentina no fue solo el resultado de un contexto internacional adverso: fue también una herramienta de transferencia regresiva de ingresos y consolidación del poder económico concentrado.

La estatización de la deuda privada se convirtió así en una pesada herencia para la democracia. Infló artificialmente el stock de deuda pública y condicionó durante décadas las políticas económicas de los gobiernos constitucionales. Cada ajuste, cada plan de estabilización y cada recorte en nombre del equilibrio fiscal tuvo como telón de fondo una deuda que el pueblo argentino nunca contrajo.

El círculo se cerró años más tarde cuando uno de los herederos directos de aquel proceso, Mauricio Macri, llegó a la Presidencia de la Nación por el voto popular. No se trató de una anomalía ni de una paradoja de la democracia, sino de la continuidad lógica de un entramado de poder que había sobrevivido intacto al fin de la dictadura. Los grupos económicos que fueron rescatados por el Estado en los años más oscuros del país no solo conservaron su patrimonio, sino que lograron reconvertir su poder económico en poder político, ocupando el centro de las decisiones estratégicas del Estado en plena democracia.

La historia no se repite de manera mecánica, pero rima con crudeza. Aquellos empresarios cuya deuda fue absorbida por el conjunto de la sociedad reaparecieron décadas después como administradores del Estado, predicando austeridad, eficiencia y sacrificios inevitables. El Estado que antes había sido utilizado para socializar sus pérdidas pasó a ser presentado como un problema, un obstáculo o un botín a reducir. Así, lo que comenzó como un salvataje silencioso en dictadura terminó consolidándose como un proyecto político en democracia, donde los mismos intereses que fueron protegidos frente al colapso económico volvieron a marcar el rumbo del país, esta vez con legitimidad electoral pero con una lógica de fondo sorprendentemente similar.

Recordar la estatización de la deuda privada no es un ejercicio nostálgico ni una discusión académica. Es una necesidad política y social. Porque mientras se vuelve a hablar de sacrificios, ajustes inevitables y herencias pesadas, conviene señalar con nombre y apellido quiénes se beneficiaron y quiénes pagaron la cuenta. Esa deuda, la de 1982, la seguimos pagando entre todos, mientras los grandes grupos económicos continúan intactos, protegidos y, muchas veces, gobernando desde las sombras.

Prof. Walter Onorato

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