El 9 de enero, el gobierno de Javier Milei deberá pagar un vencimiento de deuda externa por alrededor de 4.300 millones de dólares. Frente a esa fecha, el Presidente vuelve a repetir su frase favorita: “esta deuda no es nuestra”. Y es cierto. Lo que no dice es que el ajuste salvaje para cumplir con ese pago sí es una decisión política propia, y que tiene víctimas bien concretas.
El vencimiento no es menor ni simbólico. Son más de cuatro mil millones de dólares que deben salir de una economía en recesión profunda, con salarios licuados, consumo en caída libre y un dato central que el discurso oficial suele pasar por alto: los jubilados se convirtieron en uno de los principales financiadores involuntarios del ajuste. Haberes pulverizados por la inflación, bonos congelados, medicamentos más caros y pérdida sostenida del poder adquisitivo. El mercado cobra puntual. Los jubilados pagan primero.
La deuda que vence el 9 de enero tiene origen claro. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina incrementó su deuda pública en más de 100.000 millones de dólares, incluyendo el préstamo récord de 44.500 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Bonos emitidos en dólares, bajo ley extranjera, con vencimientos concentrados y tasas elevadas. No fue deuda para el desarrollo productivo ni para mejorar jubilaciones o salarios: fue deuda para sostener la bicicleta financiera y facilitar la fuga de capitales.
El gobierno de Alberto Fernández no generó ese endeudamiento, pero lo heredó. En 2020 lo reestructuró para evitar el default, estirando plazos y reprogramando vencimientos que hoy reaparecen, como este del 9 de enero. No solucionó el problema estructural, pero evitó el derrumbe inmediato. El incendio se contuvo; la factura quedó para después.
Ese “después” es ahora. Milei no tomó la deuda, pero decide pagarla sin discutirla. Quizás porque su ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los arquitectos del endeudamiento durante el macrismo. Auditarla implicaría auditarse. Investigar la fuga implicaría mirar hacia adentro. Así, no hay auditoría, no hay investigación sobre los dólares que se fueron, no hay cuestionamientos sobre la legitimidad de los compromisos ni sobre quiénes se beneficiaron. La deuda se vuelve intocable. El ajuste, obligatorio.
La pregunta incómoda es si hay dólares para pagar sin seguir profundizando el daño social. El Banco Central no cuenta con reservas netas suficientes para afrontar el vencimiento sin auxilios extraordinarios. Las reservas líquidas son exiguas y, descontando swaps, encajes y pasivos, se mantienen negativas o al borde del cero. Para llegar al 9 de enero, el Gobierno depende de mecanismos de emergencia: dólares del Tesoro, operaciones financieras de corto plazo y nuevas formas de endeudamiento encubierto. Mientras tanto, el ajuste recae sobre jubilados, trabajadores, estudiantes y provincias.
La ironía final es evidente. El gobierno que dice haber venido a terminar con la “casta” se convierte en el administrador más obediente del endeudamiento heredado. El Presidente que promete dinamitar al Estado lo usa como herramienta para garantizar transferencias constantes de ingresos desde los sectores más vulnerables —con los jubilados a la cabeza— hacia los acreedores externos. No hay motosierra para la deuda de más de 4.300 millones que vence el 9 de enero; hay motosierra para jubilaciones, salarios y derechos.
No, la deuda no es de Milei. Pero el ajuste para pagarla el 9 de enero sí lo es. Y no es una fatalidad económica ni una ley natural del mercado: es una decisión política. Una elección explícita sobre quién cobra y quién paga en la Argentina libertaria.
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