El 21 de enero de 1841, mientras las potencias europeas seguían expandiendo su influencia comercial y militar sobre los territorios periféricos, Francia completaba la retirada de sus fuerzas navales de la rada de Buenos Aires. No se trató de un gesto diplomático amable ni de una concesión voluntaria, sino del desenlace de un conflicto en el que la Confederación Argentina se negó a aceptar la lógica imperial que pretendía convertir al Río de la Plata y a los ríos interiores en simples corredores comerciales al servicio del capital extranjero. La retirada fue consecuencia directa del Tratado Arana-Mackau, firmado en octubre de 1840, que puso fin al bloqueo francés iniciado dos años antes.
Aquel bloqueo no fue una acción aislada ni una reacción coyuntural frente a un conflicto local. Fue una herramienta clásica del imperialismo del siglo XIX, diseñada para forzar privilegios comerciales, condicionar la política interna argentina y quebrar la capacidad del Estado de regular su comercio exterior. Francia exigía trato preferencial para sus súbditos, buscaba abrir los ríos a la navegación extranjera sin restricciones y pretendía sentar un precedente peligroso: que las vías fluviales interiores no pertenecían a la soberanía nacional, sino al “libre comercio” dictado desde Europa.
En ese escenario, la posición del Brigadier General Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación, fue clara y sin eufemismos. Rosas sostuvo que los ríos Paraná y Uruguay eran ríos interiores, y que su navegación debía quedar bajo autoridad argentina. No era una decisión caprichosa ni una excentricidad autoritaria, como luego intentó presentar cierta historiografía liberal, sino una definición estratégica: permitir la libre navegación extranjera implicaba resignar soberanía económica y política. En otras palabras, significaba aceptar que las potencias decidieran qué se comerciaba, quién lo hacía y en qué condiciones.
El Tratado Arana-Mackau no obligó a la Argentina a aceptar la internacionalización de sus ríos. Por el contrario, Francia levantó el bloqueo sin imponer la libre navegación, reconociendo de hecho el principio defendido por Rosas. La retirada de los buques franceses a comienzos de 1841 selló una derrota política del imperialismo comercial en el Río de la Plata, aunque no puso fin a la disputa de fondo. La cuestión de los ríos no se cerró allí: apenas quedó en suspenso.
Es importante subrayarlo para evitar lecturas erróneas. En 1841 no se inauguró ninguna política nueva de “cierre de ríos”, sino que se ratificó una doctrina que ya venía sosteniéndose. Los ríos no eran internacionales, no estaban abiertos a la libre navegación de potencias extranjeras y no podían ser utilizados como palanca para subordinar la economía argentina. Esa definición sería puesta a prueba nuevamente pocos años después, cuando Inglaterra y Francia regresaran con una ofensiva conjunta, dando lugar al bloqueo anglo-francés y a la resistencia armada en la Vuelta de Obligado.
Detrás del conflicto jurídico y diplomático se escondía un problema estructural que sigue vigente hasta hoy: quién controla el comercio exterior y quién se apropia de la renta. Si los ríos eran considerados internacionales, las reglas las fijaban las potencias, los beneficios se concentraban afuera y el país quedaba reducido a proveedor subordinado. Si eran nacionales, el Estado podía regular el tráfico, cobrar derechos, proteger su producción y decidir su propio rumbo económico. Rosas entendió que los ríos no eran solo geografía ni hidrografía: eran infraestructura estratégica y poder político concentrado.
Recordar la retirada francesa de la rada de Buenos Aires no es un ejercicio de nostalgia ni una efeméride decorativa. Es recuperar un momento en el que la Argentina sostuvo, contra presiones externas enormes, que la soberanía no se negocia y que el desarrollo no es compatible con la entrega del control comercial. En tiempos donde vuelven a presentarse como inevitables la apertura irrestricta, la subordinación a intereses externos y la renuncia a decidir sobre los recursos estratégicos, el episodio de 1841 vuelve a interpelar al presente. La historia dejó una advertencia clara: cuando un país renuncia al control de sus ríos, también renuncia a decidir su destino.
Prof. Walter Onorato
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