Hubo terrorismo político en la Argentina antes de 1976. Hubo bombas contra una multitud indefensa, muertos, mutilados y un plan deliberado para sembrar el miedo en el corazón del movimiento popular. Y, sin embargo, uno de los responsables terminó homenajeado con una estación de subte. Esta nota revisa el atentado del 15 de abril de 1953 como lo que fue: un crimen terrorista contra el peronismo, ocultado y relativizado por la historia oficial.
La historia argentina no es un terreno neutral. Está atravesada por disputas de poder, silencios selectivos y operaciones de memoria. Desde el siglo XIX, la llamada “historia oficial” —consolidada en manuales escolares y relatos institucionales— fue escrita por los vencedores, muchas veces a sangre y fuego. El ejemplo clásico es el canon liberal impuesto por Bartolomé Mitre, que convirtió una mirada oligárquica en verdad pedagógica. Pero ese mecanismo no se agotó allí. Se proyectó con fuerza sobre el siglo XX y, en particular, sobre el peronismo.
Uno de los casos más elocuentes de ese ocultamiento es el atentado terrorista del 15 de abril de 1953, perpetrado contra una multitud peronista reunida en Plaza de Mayo. Un hecho de una gravedad extrema, con bombas colocadas estratégicamente para matar civiles, que dejó seis muertos y más de cien heridos, y que sin embargo fue diluido, relativizado o directamente borrado del relato dominante.
Ese día, mientras Juan Domingo Perón hablaba desde el balcón de la Casa Rosada en un acto convocado por la CGT, un comando antiperonista hizo estallar dos bombas: una en el Hotel Mayo y otra, mucho más letal, en la estación Plaza de Mayo de la línea A del Subte. Una tercera, colocada en el edificio del Nuevo Banco Italiano, no explotó por una falla técnica. De haberlo hecho, la masacre habría sido aún mayor.
No se trató de un exceso, ni de un arrebato, ni de un hecho aislado. Fue un acto de terrorismo indiscriminado. Las bombas fueron armadas con gelinita, con distintos niveles de poder destructivo, y colocadas con antelación. El objetivo era claro: matar peronistas, sembrar pánico, desestabilizar al gobierno y golpear en el punto más sensible del movimiento nacional y popular, su capacidad de movilización.
Las víctimas fatales —Santa Festigiata D’Amico, Mario Pérez, León David Roumeaux, Osvaldo Mouché, Salvador Manes y José Ignacio Couta— no fueron “daños colaterales”. Fueron el resultado directo de una decisión política criminal. Entre los heridos hubo mutilados, como el oficial de bomberos Pedro Domingo Calcagno, que perdió un muslo y una mano. El número de muertos fue menor únicamente porque la estación del Subte estaba cerrada al público por el acto, una medida que evitó una catástrofe aún mayor.
Los responsables no fueron un misterio. La investigación identificó a un grupo de jóvenes universitarios, pertenecientes a familias acomodadas y de filiación antiperonista. Entre ellos se encontraban Arturo Mathov (1) y Roque Carranza, quien confesó haber fabricado las bombas. Carranza no fue un marginal ni un improvisado: era ingeniero, militante radical, y formaba parte de un entramado político que articulaba odio de clase, antiperonismo militante y contactos con sectores militares.
El historiador Félix Luna, imposible de catalogar como peronista, fue contundente al describir a ese grupo: jóvenes que se decían defensores de la libertad, pero que en realidad despreciaban el “populismo” y estaban dispuestos a usar la violencia terrorista para erradicarlo. Según Luna, Carranza y los hermanos Lanusse actuaban como coordinadores de esas acciones, con apoyo logístico de militares de baja graduación que les proveían explosivos.
Tras la caída de Perón en 1955, la autodenominada Revolución Libertadora indultó a todos los implicados. No hubo revisión judicial posterior, ni condena social duradera. Por el contrario, los responsables pudieron reconstruir sus carreras políticas sin obstáculos. Carranza llegó a ser secretario técnico de la CONADE durante el gobierno de Arturo Illia, y luego ministro de Obras y Servicios Públicos y de Defensa durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Murió en funciones. Y como si eso no bastara, la Ciudad de Buenos Aires decidió homenajearlo poniendo su nombre a una estación de la línea D del Subte.
Aquí el escándalo deja de ser histórico para volverse político y moral. ¿Cómo es posible que uno de los responsables del peor atentado terrorista en la historia del Subte argentino sea recordado como un prohombre de la democracia? ¿Qué clase de pacto de silencio permite que se borre su condición de terrorista y se la sustituya por una narrativa de respetabilidad institucional?
La respuesta remite al núcleo del odio antiperonista. El peronismo no fue combatido solo por razones discursivas o electorales. Fue combatido porque alteró intereses materiales muy concretos. Las nacionalizaciones de los ferrocarriles, los teléfonos, la energía, la creación de Gas del Estado y del gasoducto desde Comodoro Rivadavia, el fortalecimiento de la Flota Mercante y de Aerolíneas Argentinas, y sobre todo el IAPI —que nacionalizó el comercio exterior— golpearon directamente a la oligarquía y a las multinacionales que controlaban el negocio exportador.
Entre 1936 y 1939, cuatro empresas extranjeras concentraban más del 80% de las exportaciones de granos. El IAPI les arrebató ese control y destinó las ganancias al desarrollo industrial y a la política social. Con los Planes Quinquenales, la industria duplicó su ocupación obrera y los pequeños emprendimientos crecieron de manera exponencial. Hospitales, escuelas, colonias de vacaciones y derechos laborales concretos fueron la contracara de ese modelo. Para ciertos sectores, eso era intolerable.
El terrorismo antiperonista de 1953 y el bombardeo de Plaza de Mayo de 1955, con más de 300 muertos, no fueron anomalías. Fueron expresiones extremas de un mismo odio de clase, dispuesto a exterminar antes que aceptar un proyecto de país con justicia social y soberanía económica.
Sin embargo, la historia oficial prefirió concentrarse en los incendios posteriores —provocados por grupos nacionalistas y operaciones internas— y no en el atentado original. Para muchos cronistas y académicos antiperonistas, lo “grave” fueron los edificios quemados, no las bombas contra civiles. Esa inversión moral dice más que mil discursos.
Releer el 15 de abril de 1953 no es un ejercicio de nostalgia ni de revancha. Es una necesidad democrática. Nombrar el terrorismo cuando fue terrorismo, identificar a sus responsables y cuestionar los homenajes que los blanquean es una forma elemental de justicia histórica. Mientras una estación de subte lleve el nombre de un terrorista antiperonista, la memoria argentina seguirá siendo un campo minado.
(1) El radical Arturo Mathov, el jefe operativo del atentado terrorista el 15 de abril de 1953, es el padre de Enrique Mathov. Llegó a ser secretario de Seguridad durante la presidencia de Fernando de la Rúa y quien sería penalmente responsable de los asesinatos de los manifestantes Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y por las heridas provocadas por la policía a otros 20 personas, durante las protestas en Plaza de Mayo en diciembre de 2001.
Prof. Walter Onorato
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