A partir de documentos de época y lecturas revisionistas, una relectura necesaria de los acuerdos impulsados por el gobierno de Juan Domingo Perón, su sentido histórico y las razones por las que el petróleo volvió a ser un factor decisivo en la disputa por el poder en la Argentina.
Durante décadas, una parte del relato dominante presentó los contratos petroleros impulsados por el gobierno peronista en los años finales de su segunda presidencia como una claudicación, una “entrega” del subsuelo nacional a intereses extranjeros. Sin embargo, cuando se abandona la consigna fácil y se examina la documentación concreta, el cuadro que emerge es muy distinto: el de un Estado que, frente a un problema estructural no resuelto, ensayó una solución pragmática sin renunciar a la soberanía.
El punto de partida es insoslayable. A comienzos de la década de 1950, la Argentina sufría un grave déficit energético. La producción de YPF no alcanzaba para cubrir la demanda interna, lo que obligaba al país a importar grandes volúmenes de petróleo. Ese mecanismo implicaba un drenaje anual de cientos de millones de dólares, divisas indispensables para sostener el proceso de industrialización, la política de pleno empleo y la expansión del mercado interno que habían caracterizado al proyecto peronista.
Perón lo dijo sin rodeos ante dirigentes sindicales en 1953: si el país tenía petróleo bajo tierra, pero se veía obligado a comprarlo afuera, el problema no era ideológico sino económico. La cuestión central era cómo transformar ese recurso potencial en energía real sin hipotecar el control nacional del subsuelo.
Contratos perfectibles, no una entrega
Los acuerdos firmados en 1955 con la Standard Oil Company of California deben leerse en ese marco. No se trataba de concesiones de dominio ni de privatizaciones encubiertas. Eran contratos de servicio: el subsuelo seguía siendo propiedad del Estado argentino, el petróleo extraído debía entregarse primero a YPF para abastecer el mercado interno y recién el excedente podía exportarse.
Además, las condiciones económicas desmienten la idea de un saqueo. El precio que se pagaría por el crudo era inferior al de mercados de referencia internacionales, se abonaba en pesos argentinos y YPF recibiría el 50 % de las ganancias durante los 40 años de duración del contrato. Lejos de una cesión colonial, el esquema buscaba reforzar a la empresa estatal y aliviar el cuello de botella energético que frenaba el desarrollo autónomo.
Incluso en el plano institucional, los contratos no se firmaron a espaldas de la República: fueron enviados al Congreso para su ratificación, y las objeciones planteadas por legisladores peronistas dieron lugar a enmiendas y renegociaciones. Nada estaba cerrado ni impuesto de manera definitiva. Ese dato, muchas veces silenciado, revela un funcionamiento político muy distinto al que luego se naturalizaría bajo otros gobiernos.
Petróleo y poder: una constante histórica
En ese contexto, no resulta casual que los contratos petroleros hayan quedado rápidamente asociados a la ofensiva que culminó con el derrocamiento del gobierno peronista. Los testimonios de la época van incluso más lejos y señalan de manera explícita la injerencia directa de intereses extranjeros en la caída de Perón.
En el Congreso Nacional, el diputado radical Oscar Alende denunció la presencia de una flota inglesa operando en alta mar y armando a unidades de la Marina argentina, un hecho de extrema gravedad que vinculaba los acontecimientos internos con intereses foráneos.
Según consta en el debate parlamentario, Alende llegó a presentar cintas magnetofónicas en las que se escuchaban conversaciones en inglés en la zona donde operaba la flota nacional, evidencia que apuntaba a una coordinación externa en los preparativos del golpe.
Aunque dichas grabaciones se “perdieron” dentro de la Argentina, el propio relato señala que copias habrían quedado en poder de los norteamericanos, lo que refuerza la hipótesis de una acción concertada para frenar una política energética que buscaba liberar al país de la tutela británica y cortar el drenaje de divisas.
Como en el derrocamiento de Yrigoyen, también aquí hubo olor a petróleo: cada vez que la Argentina intentó avanzar sobre el control soberano de sus recursos estratégicos, la reacción no tardó en llegar.
Pragmatismo nacional, no renuncia ideológica
Desde una lectura revisionista, los contratos petroleros no expresan un abandono del proyecto de desarrollo autónomo, sino su defensa en condiciones adversas. Perón no ignoraba el ideal del autoabastecimiento estatal pleno; simplemente entendía que, sin energía suficiente, ese ideal se convertía en una consigna vacía.
La diferencia con lo que vendría después es elocuente. Años más tarde, otros gobiernos firmaron acuerdos petroleros más desfavorables, sin debate parlamentario y con una cesión mucho mayor de renta y control. Sin embargo, rara vez recibieron el mismo nivel de condena simbólica que recayó sobre el peronismo.
Una lección vigente
A más de medio siglo, el problema que Perón señalaba sigue sin resolverse del todo: cómo transformar los recursos naturales en palanca de desarrollo nacional sin caer ni en la dependencia externa ni en el dogmatismo paralizante. La discusión sobre el petróleo, ayer como hoy, no es técnica ni moral: es profundamente política.
Releer estos documentos permite desmontar mitos y recuperar una verdad incómoda para el relato liberal. El peronismo no fue un proyecto de entrega, sino un intento persistente de ampliar los márgenes de soberanía en un mundo hostil. Y, como tantas veces en nuestra historia, esa audacia tuvo un costo.
Porque cuando hay olor a petróleo, casi siempre hay también olor a golpe.
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