El 23 de septiembre de 1955 no fue un día administrativo. Fue un acto fundacional del odio. Apenas una semana después del golpe militar que derrocó al gobierno constitucional, Marta Ezcurra firmó la orden de intervenir, desmantelar y disolver la Fundación Eva Perón. No se trató de una auditoría, ni de una revisión institucional: fue una operación relámpago de destrucción material y simbólica.
Ese operativo de demolición se inscribió en una política sanitaria regresiva claramente definida. El coronel Ernesto Alfredo Rottger, designado ministro de Salud tras el golpe, asumió con una consigna explícita: desperonizar la salud pública. Hasta entonces, las políticas sanitarias del Estado habían sido coordinadas con la Fundación Eva Perón, y los resultados estaban lejos de cualquier “demagogia”: entre 1943 y 1955, la mortalidad infantil había descendido de 90 por mil a 56 por mil. No se trataba solo de edificios o símbolos, sino de un modelo de intervención estatal que había demostrado eficacia concreta en la protección de la infancia pobre. La destrucción de ese entramado —pulmotores incluidos— no fue un exceso irracional, sino la decisión consciente de extirpar la idea misma de que los pobres tenían derecho a una vida digna.
Más tarde, cuando el saqueo ya estaba consumado, el régimen avanzó sobre el plano legal y simbólico. En 1956 se dictó el decreto 4161, que prohibió imágenes, nombres, símbolos y menciones vinculadas al peronismo, con el argumento de que “ofendían el sentimiento democrático del pueblo argentino”. La orden de Ezcurra del 23 de septiembre de 1955 anticipó esa lógica: primero se quemaron frazadas, camas, juguetes y sangre; después se intentó quemar el recuerdo. La intervención sobre la Fundación Eva Perón fue, en ese sentido, el laboratorio material de una política de proscripción total.
Ese despliegue no fue obra de una funcionaria aislada ni de una burócrata improvisada. Marta Ezcurra actuó respaldada por una trama densa de poder económico, político y eclesiástico. Provenía de una familia patricia estrechamente ligada al Estado: su padre, Pedro Ezcurra, había sido ministro de Agricultura de la Nación, integrando el elenco gobernante de las primeras décadas del siglo XX. Esa pertenencia de clase le garantizó vínculos fluidos con sectores empresarios tradicionales y con el mundo de la filantropía conservadora, sostenida por grandes patrimonios privados y por empresas que financiaban obras “benéficas” como forma de intervención social sin redistribución estructural.
En su trayectoria previa había contado con el respaldo económico de familias vinculadas a compañías como Forestal Argentina S.A., expresión del capital concentrado de origen extranjero, y con relaciones familiares y simbólicas con el núcleo mitrista asociado al diario La Nación. A ese entramado se sumaban sus lazos políticos con Spruille Braden, el aval del ministro de Salud de la dictadura, Ernesto Alfredo Rottger, y su inserción orgánica en la Acción Católica, desde donde se articularon cuadros civiles para la ocupación y el vaciamiento de la Fundación Eva Perón. Esa alianza entre Iglesia, Fuerzas Armadas, élites empresarias y linajes estatales explica la velocidad, la profundidad y la impunidad con la que se ejecutó la demolición de la obra de Eva.
La escena inaugural ocurrió en las Escuelas Hogar. Tropas armadas ingresaron a los edificios donde vivían niños. No hubo explicaciones pedagógicas ni transiciones. Delante de esos chicos —huérfanos, pobres, enfermos— se arrancaron frazadas, colchones, sábanas, juguetes y pelotas. El criterio no era sanitario ni económico: todo lo que tuviera el logo de la Fundación Eva Perón debía desaparecer. En los patios y en las calles se encendieron fogatas. Los bustos de Eva fueron decapitados. La pedagogía del nuevo orden fue clara: ver arder lo que hasta ayer cuidaba.
Al día siguiente, Ezcurra convocó a los Comandos Civiles —católicos, radicales, socialistas, miembros de familias acomodadas— y dispuso la intervención de cada instituto de la Fundación. La Clínica de Recuperación Infantil de Termas de Reyes, en Jujuy, fue desalojada de inmediato. Los niños quedaron en la calle. El edificio fue cedido a un grupo que inauguró allí un casino para la élite. La sustitución fue obscena y deliberada: del cuidado infantil al juego oligárquico.
La Escuela de Enfermería de la Fundación, donde se habían formado cientos de enfermeras y especialistas, fue ocupada por tropas armadas. Era una institución que Ezcurra envidiaba. Allí no solo se clausuraron aulas: se desmanteló una estructura sanitaria completa. El Hospital de Niños más grande de América Latina fue vaciado. Aparatología médica, ropa de cama, colchones: todo fue quemado en patios y veredas.
Entre los objetos arrojados al fuego había pulmotores. La Fundación los había adquirido a comienzos de los años cincuenta, previendo el avance de la poliomielitis que ya golpeaba a Europa. Ardieron porque llevaban un símbolo peronista. Cuatro meses después, el propio régimen tuvo que comprar nuevos pulmotores ante el avance de la enfermedad. La locura ideológica de la derecha llevó a destruir recursos que el propio Estado se vio obligado a recomprar meses después.
La lógica no se detuvo ahí. En Mendoza, Ezcurra ordenó arrojar al río la vajilla y la cristalería —importadas de Finlandia y Checoslovaquia— con las que comían los chicos en las unidades turístico-termales de alta montaña. En los hospitales, mandó destruir los frascos de los bancos de sangre por contener, según la expresión literal, “sangre peronista”. La metáfora se volvió práctica: no se perseguía una doctrina, se perseguía una marca en los cuerpos.
Todos los programas de turismo social fueron cancelados por “demagógicos”. Se cerraron proveedurías de alimentos, planes agrarios, talleres rodantes. Se intervinieron hogares de ancianos y se clausuraron hogares de tránsito. La Ciudad Estudiantil “Presidente Juan Perón” fue desalojada y utilizada como centro de detención. Los muebles de hospitales y hogares —considerados “demasiado lujosos para niños”— fueron confiscados; muchos terminaron en casas particulares de los interventores. Los camiones del Ejército entraban llenos y salían más llenos aún.
Cuando comenzaron a llegar los informes de las Escuelas Hogar, Ezcurra expresó su verdadero escándalo: los niños comían demasiado bien. Aves, pescado, menús variados. Ropa renovada cada seis meses. Para ella, aquello atentaba contra la “sobriedad republicana” necesaria para formar niños austeros. No denunció robos. No los hubo. Denunció exceso de dignidad.
Su figura permite comprender que el antiperonismo no se expresó solo en los cuarteles ni en los decretos de proscripción, sino también en el campo de lo social, en la disputa por el sentido del cuidado, de la infancia y del derecho a una vida digna. La quema de frazadas, la destrucción de hospitales, la expulsión de niños y enfermos, el vaciamiento de la Fundación Eva Perón no fueron episodios colaterales: fueron actos pedagógicos del nuevo orden, destinados a enseñar quién merecía protección y quién debía aprender a perderlo todo.
La trayectoria posterior de Ezcurra confirma ese carácter estructural. Su influencia se proyectó durante décadas sobre el Trabajo Social, al que intentó inscribir en una matriz religiosa, caritativa y obediente al orden establecido. Recién en 2012, cuando la profesión decidió trasladar su día conmemorativo al 10 de diciembre, en sintonía con los Derechos Humanos, se produjo una ruptura explícita con esa herencia ideológica. Fue un gesto tardío, pero necesario.
Nada de lo ocurrido en septiembre de 1955 fue un exceso circunstancial ni una ráfaga de furia postgolpe. Marta Ezcurra no fue una funcionaria desbordada ni una ejecutora menor: fue una figura estructural del antiperonismo social, una intelectual orgánica de un proyecto que buscó desmantelar, no solo al peronismo como fuerza política, sino a la idea misma de justicia social garantizada por el Estado. Allí donde Eva Perón había erigido derechos, Ezcurra vio exceso; donde hubo cuidado, vio despilfarro; donde hubo inclusión, vio una amenaza moral que debía ser erradicada.
El saqueo material y simbólico que ella ejecutó encontró rápidamente su consolidación jurídica. El 8 de octubre de 1955, el gobierno de facto encabezado por Eduardo Lonardi y Isaac Rojas promulgó el Decreto-Ley 556/55, que dispuso el cierre y la liquidación definitiva de todos los bienes de la Fundación Eva Perón. Hospitales, hogares, escuelas, equipamiento sanitario, inmuebles y tierras pasaron al patrimonio del Estado nacional o de las provincias y luego fueron enajenados. El capital sustraído, estimado en una cifra superior a los 15.000 millones de dólares, nunca fue devuelto. El fuego dio paso al expediente; la violencia directa, a la legalidad del despojo.
Lejos de revertirse, esa expropiación fue convalidada en el tiempo. Gobiernos posteriores —incluso democráticos— procedieron a la venta de esos bienes a terceros, consolidando una cadena de apropiación que nunca fue revisada en su totalidad. Recién en 1989, tras 34 años de lucha, se restituyó formalmente el nombre de la Fundación Eva Perón mediante una resolución administrativa. Fue una reparación simbólica y tardía: los bienes, la infraestructura y los recursos materiales jamás regresaron.
Marta Ezcurra nunca fue juzgada, nunca fue condenada, nunca fue interpelada públicamente por los crímenes sociales que ayudó a ejecutar. Murió en 1996, en democracia, sin rendir cuentas. Su impunidad no es un dato menor ni una omisión casual: es parte constitutiva de la historia que se intentó ocultar. Mientras su nombre se borraba del debate público, el daño que produjo se naturalizaba y se administraba.
El 23 de septiembre de 1955 no se cerró solo una fundación. Se inauguró una política de revancha social que sobrevivió a los golpes militares y encontró continuidad en la democracia. Nombrar hoy a Marta Ezcurra no es un gesto de revancha retrospectiva: es un acto de justicia histórica. Porque no hay memoria completa si los ejecutores civiles del despojo social siguen protegidos por el silencio, la respetabilidad de clase o la coartada de la legalidad.
Fuentes
- Testa, DanielaLa lucha contra la poliomielitis y la figura de Marta Ezcurra. ¿Huellas del catolicismo social?X Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional –Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata (UNLP),Grupo de Trabajo Nº 25: Las mujeres en la historia del Trabajo Social,14 y 15 de septiembre de 2017. Disponible en: https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/64267/Documento_completo._%C2%BFHuellas_del_catolicismo_social__GT25.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Presman, HugoMarta EzcurraPublicado en el portal Se acabó la merluza,Disponible en: https://www.facebook.com/seacabolamerluza/
- Russo, SandraUn lugar seguro
- Demaría, Viviana; Figueroa, José.Evita y la destrucción del recuerdo. El fuego sagrado.Revista El Abasto, Nº 155, mayo de 2013.
- Fundación Eva Perón.Restitución del nombre de la Fundación Eva Perón.Resolución Nº 815/89 de la Inspección General de Justicia de la Nación,12 de octubre de 1989.Disponible en: http://fundacionevaperon.com.ar/
Prof. Walter Onorato
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