El imperio de América Latína y su historial de Invasiones

Estados Unidos se autopercibe —y se autopromociona— como el gran defensor de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Lo repite en discursos presidenciales, documentos oficiales y productos culturales de alcance global. Sin embargo, cuando se repasa su historial en América Central y América del Sur, el relato se desmorona con facilidad. Detrás de cada proclama moral aparece siempre el mismo paisaje: marines, bombardeos, golpes de Estado, dictaduras amigas y pueblos sometidos.

No es una consigna ideológica ni una exageración retórica. Es historia documentada de fácil consulta en los manuales de historia. Desde fines del siglo XIX, Estados Unidos consolidó a América Latina como su zona de influencia exclusiva, amparado en la vieja Doctrina Monroe: “América para los americanos”. Una fórmula elegante para decir que el continente tenía dueño. Cuando algún país intentó desviarse del libreto —nacionalizar recursos, ampliar derechos sociales, regular capitales o simplemente ejercer soberanía— apareció el eufemismo salvador: intervención. Nunca invasión. Nunca agresión. Siempre “defensa del orden”, “estabilidad” o “libertad”.

De esta manera podemos mencionar la invasión fundacional del imperialismo estadounidense a México (1846–1848); la financiación de las invasiones filibusteras y de ocupación indirecta entre 1855 y 1857 en Nicaragua; los desembarcos armados reiterados entre 1846 y 1903 a Panamá que en aquel momento era parte de Colombia; la realización de acciones navales hostiles contra las Provincias Unidas del Río de la Plata durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas entre 1831 y 1833; la intervención indirecta de Estados Unidos desplegando fuerza naval en Chile; en 1898 la invasión a Cuba con el pretexto de una explosión en el acorazado Maine y la ocupación militar en 1898 de Puerto Rico.

En el siglo XX, durante décadas, países como Nicaragua, Guatemala y Honduras funcionaron como verdaderos protectorados de facto de Washington. En Guatemala, en 1954, la CIA organizó el derrocamiento de un presidente elegido democráticamente porque había osado afectar intereses de una empresa estadounidense. El resultado fue una larga noche de dictaduras, persecuciones y genocidio indígena. La democracia, al parecer, era negociable.

Nada de eso hubiera sido posible sin la participación activa de élites locales: militares, empresarios y jerarquías políticas que prefirieron servir a intereses extranjeros antes que a su propio pueblo. El imperialismo pone la fuerza; la traición interna abre la puerta y señala el camino.

En el Caribe, el patrón se repitió sin demasiados disimulos. En 1965, Estados Unidos desembarcó tropas en República Dominicana para impedir el retorno de un gobierno constitucional. En 1983, invadió Granada con la excusa de proteger estudiantes. En ambos casos, la retórica habló de orden y estabilidad; la realidad fue la imposición de gobiernos dóciles, con la legitimación de sectores internos dispuestos a justificar la ocupación.

En América del Sur, el método fue menos visible pero igual de brutal. No hicieron falta desembarcos masivos: alcanzaron los golpes de Estado, el financiamiento militar, el entrenamiento represivo y la coordinación regional. El ejemplo paradigmático fue Chile, en 1973. Un presidente electo fue derrocado con apoyo directo de Estados Unidos y reemplazado por una dictadura que combinó tortura, desapariciones y un experimento neoliberal a sangre y fuego. Tampoco allí el imperialismo actuó solo. Hubo civiles, empresarios, medios y dirigentes políticos que celebraron el golpe, justificaron la represión y señalaron a sus propios compatriotas como enemigos internos.

En 1989, Estados Unidos dejó de fingir. Bombardeó directamente Panamá para capturar a un ex aliado que ya no resultaba funcional. Barrios enteros destruidos, civiles muertos y cifras jamás esclarecidas. La operación fue bautizada con un nombre que roza el sarcasmo: “Causa Justa”. Justa para el imperio, trágica para la población.

Cambian los discursos y los enemigos de turno, pero el mecanismo se repite sin variaciones. Si el gobierno obedece, recibe respaldo diplomático. Si duda, presión económica. Si resiste, golpe, bloqueo o intervención. Ayer fue el anticomunismo; hoy es la lucha contra el narcotráfico o la defensa de la democracia. El envoltorio se renueva, la lógica imperial permanece intacta.

Conviene decirlo sin rodeos: no hay imperialismo sin cómplices locales. Estados Unidos nunca necesitó mayorías populares en América Latina. Le alcanzó —y le alcanza— con minorías internas dispuestas a traicionar a su propia patria a cambio de privilegios, dólares, cargos o impunidad. El imperio aporta las armas, el financiamiento y el relato. Las élites locales ponen el conocimiento del territorio, la legitimación interna y la decisión de reprimir a su propio pueblo.

Cada vez que Estados Unidos se erige como juez moral del mundo, conviene recordar esta historia completa. No como revancha ideológica, sino como ejercicio de memoria política. Porque en América Latina, la palabra libertad suele llegar en inglés. Y casi siempre entra por la misma puerta: la que abre una minoría que eligió servir al imperio antes que a su pueblo.