La decisión del gobierno de Javier Milei de retirar a la Nación del directorio de Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) y cederle el control efectivo a la provincia de Catamarca no puede leerse como un simple reordenamiento institucional. Tal como reconstruye una investigación reciente de La Política Online, el decreto funciona como una maniobra política destinada a cerrar —o al menos a disimular— uno de los escándalos de corrupción más persistentes que involucraron a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con ramificaciones que atraviesan al radicalismo, a la minería y al actual oficialismo libertario.
El beneficiario directo de la jugada es el gobernador Raúl Jalil, que logró asegurarse el manejo pleno de una minera estratégica creada en 1946 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. El respaldo presidencial no fue gratuito: llegó como retribución política al apoyo del senador Guillermo Andrada al Presupuesto 2026 y, en particular, a los artículos que profundizan el ajuste sobre educación, ciencia y tecnología. En ese intercambio, la universidad pública volvió a quedar del lado de los perdedores.
Desde la ley de 1959 que reorganizó el funcionamiento de YMAD, la UNT debía recibir el 40 por ciento de las regalías mineras con un objetivo preciso y verificable: construir una ciudad universitaria en el cerro San Javier. El 60 por ciento restante correspondía a Catamarca. No se trataba de una cláusula decorativa, sino de una política de Estado que retomaba un proyecto estratégico del peronismo, incluso incorporado al Primer Plan Quinquenal. Más de sesenta años después, la realidad es brutalmente simple: la ciudad universitaria nunca se construyó. En la cima del cerro sólo quedan esqueletos de hormigón abandonados, exactamente en el mismo estado en que quedaron cuando el proyecto fue interrumpido.
Lo que sí existió fue el flujo constante de dinero. Entre 2006 y 2009 se desviaron, según determinó la Justicia Federal, al menos 243 millones de pesos provenientes de las utilidades mineras, una suma enorme para la época. Por esos hechos fue condenado el exrector Juan Cerisola a tres años y seis meses de prisión, junto a otros altos funcionarios universitarios. La sentencia dejó en claro que las regalías no se usaron para el fin establecido por la ley, sino para una trama de gastos, inversiones y negociados completamente ajenos a la supuesta “ciudad universitaria”.
La investigación judicial, sin embargo, expuso apenas una parte del entramado. Durante el período en que se produjeron los desvíos, los directores de YMAD en representación de la UNT fueron figuras centrales del radicalismo tucumano, entre ellos Mario Marigliano y Rodolfo Martín Campero, histórico dirigente de Franja Morada y tío del actual diputado libertario Mariano Campero. Bajo su gestión se consolidó el acuerdo con Minera Bajo la Alumbrera, que incluía la creación de un fondo fiduciario destinado —al menos en los papeles— a financiar la nueva ciudad universitaria. El resultado fue escandaloso: no se construyó nada, pero las regalías comenzaron a cobrarse antes de lo previsto y se redireccionaron hacia refacciones menores, compras de inmuebles, vehículos y gastos dispersos en distintas facultades.
Una pieza clave de esa trama salió a la luz en una nota publicada en La Gaceta de Tucumán, donde el abogado Benito Carlos Garzón —exasesor de directores de YMAD— relató cómo se produjeron cambios sospechosos en el paquete accionario de Minera Alumbrera en la Bolsa de Nueva York inmediatamente después de firmarse el fideicomiso con la UNT y el Banco Santander Río. Según ese relato, las negociaciones que quedaron en manos de Campero derivaron en un adelantamiento del pago de regalías, sin que existiera control efectivo sobre su destino final.
El decreto de Milei, lejos de reparar ese daño histórico, parece sellarlo. La UNT seguiría percibiendo el 40 por ciento de las regalías, a pesar de haber incumplido durante décadas el objetivo central fijado por la ley. Ahora se habla de construir “el equivalente a 135 mil metros cuadrados”, una reformulación ambigua que busca desligar el nuevo acuerdo del juicio que terminó con Cerisola condenado, pero que en los hechos legitima que la caja minera continúe abierta sin rendición real de cuentas.
La incomodidad que genera el escándalo atraviesa incluso a sectores del radicalismo alineados con La Libertad Avanza. Un diputado que dio el salto al bloque libertario admitió sin rodeos que “se recontramalversaron todo y siguen cobrando el 40 por ciento”. La queja no es menor: la ley original establecía que, una vez concluida la ciudad universitaria, la UNT debía reducir su participación al 20 por ciento y el otro 20 distribuirse entre todas las universidades nacionales. Nada de eso ocurrió, pero el beneficio económico se mantuvo intacto.
Las organizaciones docentes también marcaron el límite. La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT advirtió, tras la sentencia judicial, que el fallo dejó intacta la estructura de desvío de fondos, los negociados y hasta la contaminación ambiental asociada a la explotación minera. Informes técnicos previos ya habían señalado que las utilidades de YMAD se transformaron en inversiones inmobiliarias en el centro de Tucumán y en la Ciudad de Buenos Aires, muy lejos del cerro San Javier que Perón había imaginado como polo universitario.
La frase final de Cerisola ante el tribunal —cuando sostuvo que “San Miguel de Tucumán es una ciudad universitaria”— condensó el cinismo de toda una época: cuando el incumplimiento de la ley se disfraza de interpretación creativa y la política funciona como coartada. La cesión del control de YMAD a Catamarca, con el aval explícito del presidente, no cierra la herida. La institucionaliza. La estafa a la universidad pública no pertenece al pasado: sigue activa, legitimada y protegida por acuerdos políticos que convierten un proyecto educativo estratégico en una caja minera al servicio del poder.
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