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La Semana Trágica: empresarios, fuerzas de seguridad y bandas armadas contra los trabajadores

La Semana Trágica de enero de 1919 no fue un estallido irracional ni una fatalidad urbana. Fue una respuesta política consciente frente a una clase trabajadora que empezó a exigir límites a la explotación. Lo que se puso en juego esos días en Buenos Aires no fue el orden público sino el orden social, y cuando ese orden se vio amenazado, el Estado argentino decidió preservarlo con balas.



El conflicto se inicia en diciembre de 1918 en los talleres metalúrgicos Vasena. El aumento del precio de las materias primas fue utilizado por los empresarios como excusa para reducir salarios y sostener ganancias. La crisis no se repartió: se descargó íntegramente sobre los obreros. Frente a esa decisión patronal, los trabajadores reclamaron lo elemental: aumento de sueldo, jornada de ocho horas, pago de horas extras, abolición del trabajo a destajo —un sistema que convertía la productividad en mecanismo de sobreexplotación— y reincorporación de despedidos por actividad gremial. No había conspiración ni maximalismo: había reclamos concretos y verificables.

La respuesta empresaria no fue la negociación sino la violencia privada. Se contrataron rompehuelgas y matones armados, los carros con materiales comenzaron a circular escoltados por la policía y el conflicto escaló rápidamente. En un tiroteo murió un agente y ese hecho fue utilizado como punto de inflexión para desatar una represión abierta. Las llamadas “fuerzas del orden” montaron una emboscada contra los huelguistas y el entierro de los obreros asesinados fue atacado a tiros. Buenos Aires se transformó durante una semana en una ciudad militarizada y caótica.

Tal como reconstruye Teresa Eggers Brass, la represión no fue improvisada ni desbordada: fue conjunta y organizada. Policías, bomberos armados y Ejército actuaron coordinadamente. La huelga general fue respondida con una violencia que costó la vida a cientos de personas. A esa represión estatal se sumó un elemento decisivo: la violencia parapolicial. Empresarios, con el consenso y el entrenamiento del Ejército, organizaron bandas armadas que atacaron selectivamente a obreros e inmigrantes. Rusos y judíos fueron señalados como “maximalistas”; catalanes, como “anarquistas”. El enemigo no era una ideología: era el trabajador organizado y, especialmente, el extranjero pobre.

Esos grupos no fueron un fenómeno espontáneo ni marginal. Se institucionalizaron rápidamente en la Liga Patriótica Argentina, reclutada mayoritariamente entre sectores medios y movilizada bajo consignas de defensa del orden, de la propiedad y de la nacionalidad. Una nacionalidad entendida desde un criterio xenófobo, excluyente y clasista. La Semana Trágica inauguró así una modalidad que se repetiría en la historia argentina: la articulación entre represión estatal y violencia civil organizada, legitimada por el discurso del orden.

La mirada de Félix Luna agrega una clave incómoda para el relato tradicional. Hipólito Yrigoyen aparece como un presidente desbordado, conmovido por los hechos y oscilando entre intentos de mediación y la delegación efectiva del control de la ciudad en manos del general Dellepiane. Pero más allá de las vacilaciones personales, el dato político es contundente: cuando el conflicto puso en cuestión el equilibrio social, el Estado eligió el orden antes que la justicia. La policía autorizó redadas masivas de “indeseables” mientras toleraba —y en los hechos facilitaba— la acción de bandas armadas que cazaban obreros en nombre de la patria.

Cuando todo terminó, el aparato simbólico se puso en marcha. Diarios y revistas magnificaron el “complot maximalista”, atribuyeron jerarquías soviéticas a detenidos comunes y construyeron una amenaza que nunca pudo ser probada. En la enorme mayoría de los casos, los supuestos subversivos resultaron ser trabajadores que reclamaban el cumplimiento de leyes nacionales sistemáticamente violadas por las empresas, muchas de ellas verdaderos imperios económicos de capital extranjero.

La paradoja final desnuda la verdad del conflicto. Tras la masacre, con la mediación del Estado, la empresa aceptó gran parte de las demandas obreras: jornada de ocho horas, abolición del destajo, aumentos salariales significativos y reincorporación sin represalias. Es decir, los obreros tenían razón desde el inicio. La violencia no fue necesaria para resolver el conflicto; fue necesaria para disciplinar a la clase trabajadora y dejar una advertencia.

La Semana Trágica no fue solo una tragedia: fue un ensayo general. Un laboratorio temprano de criminalización de la protesta, construcción del enemigo interno, alianzas entre capital, fuerzas de seguridad y grupos civiles armados, y una prensa funcional al poder. No fue una semana de caos: fue una masacre organizada para preservar un orden social profundamente injusto. Y su memoria sigue incomodando porque revela una constante de la historia argentina: cuando los de abajo reclaman derechos, el sistema responde primero con balas y solo después —si no le queda otra— con concesiones.


Prof. Walter Onorato

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