La expansión del capitalismo durante el siglo XIX estuvo marcada por transformaciones estructurales que alteraron de manera decisiva las formas de producción, la organización social y el equilibrio de poder a escala mundial. La llamada Segunda Revolución Industrial no fue una simple prolongación de la primera, sino una nueva fase del capitalismo caracterizada por la concentración de capitales, la incorporación de nuevas fuentes de energía y el surgimiento de grandes potencias industriales con capacidad de proyectar su dominio económico y político sobre vastas regiones del planeta.
Luego del impulso inicial de la industrialización inglesa, centrada en la industria textil y la máquina de vapor, hacia mediados del siglo XIX comenzó a configurarse una nueva etapa. La revolución en los transportes —especialmente el ferrocarril y la navegación a vapor— dinamizó sectores clave como el carbón, el hierro y el acero, y permitió una expansión inédita de los mercados. A fines del siglo XIX, la incorporación de la electricidad y el petróleo amplió aún más la capacidad productiva, modificando profundamente la estructura industrial. Sin embargo, este proceso estuvo lejos de ser armónico. La crisis de 1873, considerada la primera gran depresión del capitalismo industrial, provocó quiebras masivas y aceleró la concentración económica: las empresas más débiles fueron absorbidas por las más poderosas, consolidando grandes grupos industriales y financieros.
Europa mostró un desarrollo industrial profundamente desigual. Francia y Bélgica lograron consolidar sistemas industriales modernos, apoyados en infraestructura, bancos sólidos y cierto grado de protección estatal. Alemania, tras su unificación, emergió como una potencia industrial combinando un rápido desarrollo tecnológico con una estructura social en la que los grandes terratenientes rurales conservaron un lugar central en el poder político. Italia avanzó de manera tardía y desequilibrada, con un norte industrializado y un sur agrario atrasado. Rusia ingresó al capitalismo industrial de forma dependiente: gran parte de sus industrias estaban financiadas por capitales extranjeros, mientras persistían estructuras sociales semifeudales y una población mayoritariamente campesina recientemente liberada de la servidumbre.
Estados Unidos representó un caso singular. Tras la Guerra de Secesión, aceleró su industrialización apoyándose en vastas extensiones territoriales, abundancia de recursos naturales y una temprana mecanización agrícola. La aplicación de la máquina a vapor en el agro permitió aumentar la productividad y liberar mano de obra para la industria, sentando las bases de su futura hegemonía económica.
En ese contexto de expansión y consolidación del capitalismo industrial, la situación de la Argentina fue sustancialmente distinta. Mientras las potencias industriales desarrollaban industrias pesadas, tecnología propia y sistemas financieros nacionales, la Argentina se integró al mercado mundial como una economía primario-exportadora. Su lugar en la división internacional del trabajo quedó definido por la producción de materias primas —especialmente carne y cereales— destinadas a los mercados europeos, en particular al británico.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, el país experimentó un crecimiento económico notable, pero ese crecimiento no fue industrial sino agroexportador. La expansión del ferrocarril no estuvo orientada a articular un mercado interno ni a promover la industrialización, sino a conectar las zonas productoras con los puertos, facilitando la exportación. Los sectores estratégicos de la economía —ferrocarriles, frigoríficos, servicios públicos, comercio exterior y finanzas— quedaron en gran medida bajo control del capital extranjero. La industria local fue débil, limitada a actividades de transformación primaria y a la producción de bienes de consumo básicos, sin capacidad de competir con las manufacturas importadas.
Este modelo económico dio lugar a una estructura social profundamente desigual. En la cúspide se consolidó una élite terrateniente poderosa, no solo en términos económicos, sino también políticos y culturales. Los grandes propietarios de tierras controlaban el Estado, el sistema electoral, la justicia y los vínculos con el capital extranjero. Por debajo de esta élite se desarrollaron clases medias urbanas en formación —profesionales, comerciantes, empleados— con escasa participación política real. Los trabajadores urbanos, en gran parte inmigrantes, y los peones rurales vivían en condiciones de precariedad, sin derechos políticos efectivos y sometidos a relaciones de dependencia económica muy fuertes. A ello se sumaba la exclusión de amplios sectores del interior y el desplazamiento violento de los pueblos originarios.
En este marco, el régimen político-económico argentino no puede definirse como un liberalismo clásico pleno. Aunque adoptó principios liberales en lo económico —defensa de la propiedad privada, libre comercio y apertura al capital extranjero—, en lo político y social funcionó como un liberalismo conservador u oligárquico. Fue liberal para garantizar la acumulación y la renta de los grandes propietarios, pero conservador para restringir la participación democrática, sostener el fraude electoral, limitar los derechos políticos y reprimir el conflicto social. La libertad que se defendía era selectiva: libertad para comerciar y acumular, pero no para organizarse, protestar o disputar el poder.
Así, mientras el capitalismo mundial ingresaba en una fase de madurez industrial, con monopolios, finanzas avanzadas y expansión imperialista, la Argentina consolidaba una estructura productiva dependiente, socialmente desigual y políticamente excluyente. Esta inserción subordinada en el sistema capitalista internacional por decisión de una oligarquía liberal-conservadora, dejó una herencia estructural que marcaría los conflictos económicos, sociales y políticos del siglo XX, cuando el desafío de industrializarse y democratizarse chocó con los límites del modelo agroexportador construido en el siglo XIX.
Prof. Walter Onorato
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