El golpe policial de febrero de 1974 no fue un hecho aislado ni una reacción espontánea: fue la culminación de una ofensiva política destinada a desarticular la experiencia más combativa del peronismo provincial y a cerrar el ciclo de movilización popular iniciado en 1969.
La destitución de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, avalada por el gobierno nacional, expuso el uso de las fuerzas de seguridad como herramienta para resolver disputas internas del peronismo y anticipó el dispositivo represivo que marcaría el final de una etapa histórica.
Febrero de 1974 no fue simplemente un mes convulsionado en la historia política cordobesa. Fue, en rigor, el momento en que se clausuró violentamente una experiencia política que había condensado las aspiraciones, contradicciones y tensiones de una sociedad profundamente movilizada. El episodio conocido como “el Navarrazo” —el golpe policial encabezado por el jefe de Policía de Córdoba, teniente coronel Antonio Navarro— no puede entenderse como una reacción improvisada ni como una anomalía institucional. Constituyó el desenlace de un proceso político largo, cargado de disputas internas, presiones cruzadas y decisiones estratégicas tomadas desde el poder central.
La caracterización de Córdoba como un “foco de infección”, formulada por el propio Juan Domingo Perón pocos días antes del golpe, operó como una clave de lectura decisiva. La metáfora no solo expresó una concepción organicista del orden social —según la cual los conflictos son enfermedades que deben extirparse—, sino que además habilitó simbólicamente la intervención represiva. En ese marco, la acción policial dejó de ser un exceso para transformarse en una respuesta legítima frente a un cuerpo social considerado enfermo.
El triunfo electoral de Ricardo Obregón Cano y Atilio López en 1973 había sido el resultado de una Córdoba movilizada, atravesada por la radicalización política, las luchas sindicales y el protagonismo estudiantil. La fórmula representó una ruptura dentro del peronismo: por primera vez, un dirigente sindical ajeno a la burocracia ocupaba la vicepresidencia provincial, apoyado por sectores legalistas, independientes y clasistas del movimiento obrero, junto con la Juventud Peronista y otras expresiones del peronismo revolucionario.
Sin embargo, esa misma heterogeneidad que permitió el acceso al poder se convirtió rápidamente en una fuente de inestabilidad. Una vez en el gobierno, Obregón Cano impulsó una política de alianzas orientada hacia el centro político, integrando figuras moderadas y buscando acuerdos institucionales amplios. Esa estrategia, lejos de consolidar la gobernabilidad, debilitó su posición. Para la derecha peronista y el sindicalismo ortodoxo, el gobierno era demasiado permeable a la izquierda. Para los sectores revolucionarios, en cambio, resultaba vacilante, paralizado por el temor a la intervención y excesivamente inclinado a la negociación burocrática.
Córdoba pasó a ser un territorio simbólico en disputa. Para algunos, debía convertirse en la “capital de la patria socialista”; para otros, era imprescindible reafirmarla como bastión de la “patria peronista”, entendida en términos de disciplina, verticalidad y obediencia. El conflicto sindical por el control de la CGT regional se transformó en el escenario central de esa confrontación. La intervención de la CGT nacional, la exclusión de sindicatos combativos y el avance del sector ortodoxo profundizaron la polarización, incrementando la violencia política y erosionando la estabilidad institucional.
A la crisis sindical se sumó la interna partidaria. Las órdenes reservadas del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista, la reestructuración del partido y el discurso sobre la necesidad de “depurar” infiltrados funcionaron como una señal inequívoca: el ciclo de convivencia con la izquierda peronista estaba llegando a su fin. En Córdoba, esa ofensiva se expresó en la designación de delegados partidarios alineados con la ortodoxia y en una presión creciente para desplazar a las autoridades provinciales.
El gobierno de Obregón Cano quedó atrapado entre un arco opositor con fuerte capacidad de veto —que incluía sectores sindicales, políticos, empresariales y eclesiásticos— y una base de apoyo que comenzaba a resquebrajarse. Cada conflicto reactivaba la amenaza de la intervención federal. Cada gesto de conciliación reforzaba la percepción de debilidad. La gobernabilidad se erosionaba día a día.
El 28 de febrero de 1974 marcó el quiebre definitivo. Navarro desobedeció su relevo, se acuarteló, tomó edificios públicos, detuvo al gobernador, al vicegobernador y a decenas de funcionarios, e impuso un virtual estado de sitio. La represión se extendió a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles vinculados al gobierno depuesto. La acción policial no fue solitaria: contó con el respaldo de sectores de la derecha peronista, de la Juventud Sindical Peronista y, de manera decisiva, con la posterior convalidación del Poder Ejecutivo nacional.
La intervención federal enviada por Perón al Congreso no tuvo como objetivo restituir el orden constitucional. Por el contrario, legitimó el golpe al responsabilizar a las autoridades destituidas por el clima de conflictividad y por haber tolerado la presencia de fuerzas consideradas extremistas. El mensaje político fue contundente: el problema no había sido la sedición policial, sino la orientación del gobierno provincial.
El Navarrazo funcionó así como un antecedente decisivo. No solo desplazó a un gobierno electo, sino que consolidó el uso de las fuerzas de seguridad como herramienta para resolver disputas internas del peronismo. Además, operó como marco legitimador del avance de la represión paraestatal y como mecanismo de disciplinamiento político. Córdoba se convirtió en el laboratorio donde se ensayó el cierre violento del ciclo de protesta iniciado en 1969.
En esa clave, el Navarrazo fue leído por muchos como un verdadero “contracordobazo”: la derrota de una experiencia política que había desafiado los límites del poder tradicional y la imposición de un nuevo orden basado en la desmovilización, la obediencia y el control. La frase del interventor federal —“se ahorró sangre, pero no se perdió tiempo”— sintetiza con crudeza la lógica que se impuso desde entonces.
No fue un error ni un exceso. Fue una decisión política. Y como toda decisión de ese calibre, dejó huellas profundas en la historia argentina.
Fuente
Alicia Servetto, “El Navarrazo, un golpe a la Córdoba combativa”, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba.
Prof. Walter Onorato
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