La historia de las horas extra en Argentina no empieza con un artículo de ley ni con una fórmula matemática que calcula recargos. Empieza mucho antes, cuando la jornada laboral no tenía límite real y el tiempo del trabajador era, en los hechos, propiedad del empleador. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, trabajar diez, doce o catorce horas diarias no era una excepción sino la norma. El descanso era un lujo y el salario apenas alcanzaba para sobrevivir. En ese contexto, el movimiento obrero comenzó a organizarse no sólo por mejores salarios, sino por algo más profundo: el derecho al tiempo.
La primera gran conquista fue la limitación de la jornada. Esa pelea, que venía madurando desde las huelgas de comienzos de siglo y que se nutría de la tradición internacional del “ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de recreación”, terminó cristalizándose en la Ley 11.544 de 1929. Esa norma fijó el máximo de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales. No fue una concesión amable del poder político de turno. Fue el resultado de décadas de presión sindical, conflictos y durísima represión. El Estado terminó legislando lo que la calle ya había puesto sobre la mesa.
Pero fijar un límite no alcanzaba. Si la jornada máxima era de ocho horas, ¿qué pasaba cuando el empleador exigía trabajar una novena o décima hora? Ahí aparece la lógica de las horas suplementarias. No nacen como un premio, sino como una sanción económica. La hora extra debía pagarse más cara para desincentivar su uso sistemático y proteger el límite legal. Si no costara más, sería más rentable extender la jornada que contratar a otro trabajador. El recargo, entonces, cumple una función social: encarece la excepción para que la excepción no se convierta en regla.
Con el desarrollo del derecho laboral argentino —especialmente a partir de la consolidación de la legislación social durante el período iniciado por Juan Domingo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión— la protección de la jornada y de su excedente se volvió más sólida. Los convenios colectivos comenzaron a regular con mayor precisión los límites horarios y los tribunales laborales consolidaron una doctrina protectoria. Sin embargo, el régimen moderno de horas extra quedó sistematizado recién en 1974 con la sanción de la Ley 20.744, la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo diseño técnico tuvo entre sus principales redactores al jurista Norberto Centeno. Allí se estableció con claridad el recargo del 50% en días comunes y del 100% en sábados después de las 13, domingos y feriados. Ese esquema no fue improvisado: fue el resultado de una construcción jurídica pensada para equilibrar una relación estructuralmente desigual.
La hora extra paga más porque vale más. Vale más en términos físicos, porque implica mayor desgaste; vale más en términos sociales, porque afecta el tiempo de descanso y la vida familiar; y vale más en términos económicos, porque si no se encarece, el empleador tendería a prolongar jornadas en lugar de generar empleo. Esa es la arquitectura histórica del sistema argentino. No es un detalle contable. Es una decisión política sobre cómo distribuir el tiempo y el ingreso.
Por eso, cada vez que se discute el régimen de horas suplementarias, en realidad se está discutiendo algo mucho más profundo que una fórmula de liquidación salarial. Se está debatiendo quién controla el tiempo de trabajo y bajo qué condiciones. Las horas extra, tal como existen hoy, son la garantía práctica de que la jornada máxima no sea letra muerta.
En ese contexto se inscribe el debate actual sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El cuestionado “banco de horas” propone que las horas trabajadas por encima de la jornada habitual puedan compensarse con descanso en lugar de abonarse con el recargo salarial correspondiente. Presentado como un mecanismo de flexibilidad y modernización, el sistema alteraría la lógica histórica del derecho laboral argentino. Si la hora extra deja de pagarse más cara y pasa a convertirse en descanso compensatorio, se diluye la función disuasiva que justificó su creación.
El paralelismo es inevitable. A comienzos del siglo XX, la pelea fue por poner un límite a la jornada sin fin. Luego, fue por encarecer la excepción para proteger ese límite. Hoy, la discusión vuelve a girar sobre el mismo eje: si el tiempo excedente debe traducirse en mayor ingreso o si puede ser absorbido por mecanismos de reorganización empresarial.
La historia muestra que los derechos laborales no surgieron de la buena voluntad, sino del conflicto social y de la necesidad de equilibrar fuerzas desiguales. Por eso, cuando se discute el banco de horas, no se está hablando sólo de flexibilidad. Se está reabriendo una disputa histórica sobre el valor del trabajo y sobre el sentido mismo de las conquistas obreras que dieron forma al derecho laboral argentino.
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