¿La educación es gratuita? Sí. Y no es una contradicción

En los últimos años se instaló una discusión que parece técnica pero en realidad es profundamente ideológica: ¿la educación es gratuita o no? Algunos sostienen que no puede llamarse “gratuita” porque el Estado la financia con impuestos. Es decir, que alguien la paga. Pero esa afirmación, aunque correcta en términos contables, confunde dos planos distintos: el de los costos y el del acceso.

Cuando decimos que la educación es gratuita, hablamos desde la perspectiva del estudiante. Para quien asiste a una escuela pública o a una universidad nacional, el acceso no está condicionado por el pago de una matrícula, una cuota mensual o un arancel. No hay una barrera económica directa entre la persona y el derecho a educarse. El alumno no saca la billetera. No firma un cheque. No contrae una deuda. En ese sentido concreto y cotidiano, la educación es gratuita.

Ahora bien, que sea gratuita para quien la recibe no significa que no tenga costos. Claro que los tiene. Docentes, infraestructura, materiales, mantenimiento, investigación, servicios. Todo eso requiere recursos. Pero costo no es lo mismo que precio. Y mucho menos que arancel.

El costo es el conjunto de recursos necesarios para que el sistema funcione. El precio es lo que paga el usuario por acceder. En la educación pública argentina, el precio para el estudiante es cero. El costo, en cambio, es socialmente asumido y distribuido a través del presupuesto público.

Confundir costo con precio es una operación discursiva que no es inocente. Si toda política pública dejara de ser “gratuita” porque tiene costos, entonces tampoco serían gratuitas las vacunas, la atención en hospitales públicos, las bibliotecas, las rutas o la justicia. Sin embargo, nadie dice que “la justicia no es gratuita” porque el Poder Judicial tiene presupuesto.

La clave está en entender que lo gratuito no significa que no haya financiamiento, sino que el acceso no depende de la capacidad individual de pago. Es una decisión política: la sociedad decide que ciertos bienes no deben funcionar como mercancías.

Cuando alguien afirma que “la educación no es gratuita porque la pagamos con impuestos”, en realidad está describiendo el mecanismo de financiamiento, no el modo de acceso. Y son cosas distintas. Los impuestos no son una cuota escolar anticipada; son el instrumento mediante el cual una comunidad organiza colectivamente la provisión de derechos.

Desde esta perspectiva, la educación pública es gratuita porque elimina la transacción individual entre alumno y servicio educativo. No hay contrato comercial. Hay un derecho garantizado.

Por supuesto, el debate sobre la eficiencia del gasto, la calidad educativa o la asignación presupuestaria es legítimo y necesario. Pero es otro debate. Decir que la educación es gratuita no niega que tenga costos; afirma que esos costos no recaen como barrera sobre quien quiere estudiar.

En definitiva, la educación pública es gratuita para el estudiante y financiada colectivamente por la sociedad. No es un juego de palabras: es una definición política sobre qué lugar ocupa el conocimiento en la vida democrática.

Y ahí está el núcleo del asunto.

Porque cuando algo deja de ser gratuito en el acceso, empieza a ser selectivo. Y cuando empieza a ser selectivo, deja de ser un derecho universal.

Prof. Walter Onorato

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