Cómo un mandatario que asumió sin ballotage transformó una debilidad de origen en un proyecto político con alto respaldo social
El 25 de mayo de 2003 no sólo comenzó un nuevo gobierno. Comenzó, también, un experimento político que desafió la lógica clásica de la legitimidad electoral. Néstor Kirchner llegó a la presidencia tras haber obtenido el segundo lugar en la primera vuelta y sin competir finalmente en el ballotage. El dato no es menor: su autoridad no surgió de una victoria contundente en las urnas, sino de una combinación de estrategia partidaria, coyuntura política y decisiones posteriores orientadas a consolidar respaldo social.
Las elecciones de abril: una ingeniería política para frenar a Menem
El escenario electoral de 2003 fue moldeado por la estrategia del entonces presidente interino Eduardo Duhalde, quien buscaba impedir el retorno de Carlos Menem. Como se había cumplido un período intermedio, Menem estaba habilitado constitucionalmente para presentarse nuevamente.
La Justicia Electoral autorizó que más de un candidato justicialista compitiera por la presidencia. La fragmentación fue deliberada. Hubo cinco fórmulas con posibilidades reales, tres de ellas provenientes del peronismo. En la primera vuelta, Menem obtuvo el 24,45 % de los votos y Kirchner el 22,24 %, mientras que la UCR sufrió su peor desempeño histórico con apenas el 2,3 %.
El ballotage parecía inevitable. Sin embargo, las encuestas anticipaban una derrota categórica para Menem, con una diferencia estimada cercana al 70 % en favor de Kirchner. Ante ese panorama, y frente a la migración de apoyos provinciales, el expresidente decidió retirarse. De ese modo, la fórmula Kirchner–Scioli quedó consagrada sin necesidad de una segunda vuelta.
Así emergió un presidente cuya llegada al poder no respondió a la épica de la mayoría absoluta, sino a una retirada estratégica del adversario.
En su discurso de asunción, Kirchner delineó el eje conceptual de su gobierno. Prometió reconstruir un Estado debilitado y afirmó:
“Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores.”
La definición no era retórica aislada. Marcaba una distancia explícita con el paradigma de mercado dominante en la década anterior.
La legitimación de un mandato sin consagración plebiscitaria
La renuncia de Menem a competir en la segunda vuelta dejó a Kirchner con un mandato legal, pero políticamente condicionado. No había una ratificación electoral final. Esa ausencia marcó el inicio de una búsqueda explícita de legitimidad.
En su primer mensaje como presidente sostuvo:
“Un Estado no puede tener legitimidad si su pueblo no ratifica el fundamento primario de sus gobernantes (...) Rechazamos de plano la identificación entre gobernabilidad e impunidad que algunos pretenden. Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de impunidad. Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulación política de las instituciones o pactos espurios a espaldas de la sociedad.”
La frase apuntaba a desmontar una cultura política basada en negociaciones opacas. La legitimidad, en esta concepción, no debía construirse mediante pactos reservados sino mediante respaldo social visible.
Para ampliar su base de sustentación, Kirchner impulsó la llamada transversalidad de centroizquierda. La estrategia buscaba evitar la dependencia exclusiva del Partido Justicialista y sumar apoyos más allá de sus fronteras tradicionales. Sin embargo, no renunció a su identidad peronista. El politólogo José Nun sintetizó esta lógica al afirmar que “no hay una esencia del peronismo: si uno dice que es peronista, es peronista” (Natanson, 2004b).
El primer año de gestión se caracterizó por una intensa actividad política que generaba anuncios y decisiones casi a diario. Diversos analistas interpretaron esa dinámica como un mecanismo para consolidar legitimidad tanto interna como internacional.
La apuesta rindió frutos. Hacia el tercer año de gobierno, los niveles de popularidad oscilaban entre el 72 y el 79,7 %, según encuestas de Equis y CEOP en 2006. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, donde el electorado era tradicionalmente más crítico, la imagen positiva superaba el 55 %. El presidente inesperado comenzaba a consolidarse como líder ampliamente respaldado.
Reforma institucional y búsqueda de justicia
En el plano institucional, la legitimidad también se jugaba en la relación entre poderes. La Constitución establece que los miembros de la Corte Suprema son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En la práctica, esta arquitectura había permitido que el máximo tribunal actuara alineado con intereses presidenciales o legislativos.
Con el objetivo de evitar manejos “extorsivos” y no ser acusado de promover una Corte “adicta”, Kirchner impulsó un procedimiento más transparente para la designación de magistrados. Las candidaturas comenzaron a difundirse públicamente, con antecedentes accesibles y audiencias abiertas en las que los postulantes debían responder preguntas de la sociedad.
En ese marco fueron incorporados juristas de prestigio como Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco —primera mujer en integrar la Corte Suprema— y Carmen Argibay.
La lógica de control institucional también se expresó en el fortalecimiento de la Auditoría General de la Nación. Durante el primer año de gobierno, sus investigaciones derivaron en la reestatización del Correo y en la intervención del PAMI. En este último caso, la diputada opositora Graciela Ocaña fue convocada para reorganizar la obra social y combatir prácticas de corrupción arraigadas.
Una legitimidad construida en movimiento
La experiencia inicial del kirchnerismo muestra que la autoridad política no depende exclusivamente del resultado numérico de una elección. Puede construirse a partir de decisiones orientadas a ampliar consensos, transparentar instituciones y redefinir el papel del Estado.
El presidente que asumió con el 22,24 % de los votos terminó consolidando, en pocos años, uno de los niveles de aprobación más altos del período democrático reciente. La historia de su llegada al poder no es sólo un episodio electoral singular: es la demostración de que la legitimidad puede ser un proceso dinámico, disputado y, sobre todo, construido en acción.
Fuente: Teresa Eggers Brass: Historia Argentina, una mirada crítica
Prof. Walter Onorato
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