Si hay un punto de partida ineludible para entender cómo las grandes potencias construyen tecnología es el Proyecto Manhattan. Lanzado en plena Segunda Guerra Mundial, no fue solo el desarrollo de la bomba atómica: fue la consolidación de un método. El Estado norteamericano puso recursos ilimitados, convocó a los mejores científicos del mundo y articuló universidades, industria y fuerzas armadas bajo un mismo objetivo estratégico. No era innovación dispersa: era planificación centralizada con ejecución distribuida.
Cuando ese proyecto culminó en 1945, no se desarmó la maquinaria. Se transformó. La lógica de inversión estatal en ciencia y tecnología quedó instalada como política permanente, y fue profundizada durante la Guerra Fría. En ese contexto, Estados Unidos no solo produjo armas: produjo conocimiento, redes institucionales y un sistema capaz de sostener innovación durante décadas.
Dos años después, en 1947, Argentina iniciaba su propio camino. Con la creación de la División Proyectos Especiales en el Instituto Aerotécnico de Córdoba, el gobierno de Juan Domingo Perón daba el primer paso hacia un desarrollo tecnológico autónomo. La diferencia no estaba en la ambición, sino en la escala y en las condiciones de partida. Mientras una potencia consolidaba su dominio global, un país periférico intentaba romper su dependencia.
A comienzos de los años 50, ambos modelos mostraban su forma definitiva. En Estados Unidos, el entramado entre Estado, universidades y empresas comenzaba a institucionalizarse. La investigación financiada por el sector público encontraba su correlato en laboratorios académicos y en empresas privadas que convertían ese conocimiento en productos y poder económico.
En Argentina, ese mismo impulso tomó otro camino: la concentración estatal. La creación de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) entre 1951 y 1952 sintetiza esa lógica. Diez fábricas, múltiples líneas de producción y un objetivo claro: integrar investigación, desarrollo y manufactura dentro de un mismo esquema nacional. No era un modelo menor, era una apuesta distinta.
El contraste se vuelve más nítido a mediados de la década. En 1954, Argentina crea el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, separando investigación de producción y acercándose, incluso sin declararlo, a esquemas más sofisticados de organización científica. Es, en términos estructurales, un intento de maduración del sistema.
Cuatro años después, en 1958, Estados Unidos institucionaliza esa lógica con la creación de la NASA y la DARPA. La diferencia ya no es de intención, sino de continuidad: mientras uno perfecciona su sistema, el otro está a punto de perderlo.
El quiebre argentino llega en 1955. El golpe de Estado no solo interrumpe un gobierno: desarticula un proyecto tecnológico. Laboratorios que se vacían, desarrollos que se cancelan, documentación que desaparece. La línea que conectaba investigación, industria y estrategia se corta de manera abrupta.
Estados Unidos, en cambio, profundiza su modelo. Universidades como MIT y Universidad de Stanford se convierten en motores de innovación, mientras polos como Silicon Valley emergen como la cara visible de un sistema que nunca dejó de expandirse.
La comparación, leída en clave cronológica, es incómoda pero reveladora. Ambos países entendieron, en momentos distintos, que la tecnología no es un subproducto del mercado, sino una construcción política. Ambos diseñaron estructuras para producir conocimiento estratégico. Pero solo uno logró sostenerlas en el tiempo.
No es una cuestión de genialidad ni de destino. Es, como casi siempre, una cuestión de poder y de decisión política. Porque mientras Estados Unidos convirtió su complejo tecnológico en una política de Estado permanente, Argentina lo dejó caer justo cuando empezaba a tomar forma. Y en ese corte, más que una derrota del pasado, se juega una explicación del presente.
El proyecto desarticulado por los cipayos de la Fusiladora
La cronología deja una conclusión difícil de esquivar. Cuando Estados Unidos formalizó su apuesta con la creación de la NASA en 1958, Argentina ya llevaba más de una década ensayando, con recursos propios, un esquema de desarrollo tecnológico estatal que articulaba investigación, industria y objetivos estratégicos.
No era lo mismo, pero tampoco era poco. Desde 1947, con la División Proyectos Especiales, pasando por la creación de IAME y la consolidación del sistema científico-militar, el peronismo había construido una base institucional que, en términos de concepción, se adelantaba a la idea de un Estado que organiza y dirige el desarrollo tecnológico.
Pero ese proceso no encontró continuidad: fue interrumpido de manera abrupta. El golpe de Estado de 1955 —la autodenominada Revolución Libertadora, conocida críticamente como “Revolución Fusiladora”— no solo derrocó a Perón, sino que desarticuló de raíz ese entramado. Proyectos cancelados, equipos desmembrados, documentación destruida. No fue una transición: fue un corte de cuajo que clausuró el ciclo de desarrollo tecnológico nacional que se había iniciado a fines de los años 40.
Los militares argentinos actuaron como una fuerza militar de ocupación a las órdenes de un poder que recibía ordenes desde el exterior, al igual que los tristemente célebres cipayos de la india.
La diferencia, otra vez, no estuvo en el punto de partida sino en el desenlace. Mientras Estados Unidos convirtió esa arquitectura en política permanente y la expandió hasta dominar el siglo XX, Argentina la interrumpió justo cuando empezaba a adquirir densidad.
Decir que Perón se adelantó a la NASA puede incomodar, pero leído en clave histórica, lo que existió fue algo más preciso: un intento temprano —y deliberadamente truncado— de construir, desde el Estado, un complejo tecnológico capaz de disputar autonomía en un mundo que ya entendía que el poder también se medía en conocimiento.
Prof. Walter Onorato
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