Entre 1947 y 1955, el Estado argentino apostó a construir un entramado científico-industrial propio, con cohetes, misiles y desarrollo estratégico. No fue un experimento aislado: fue un proyecto de país que terminó abruptamente interrumpido.
Lejos de la caricatura o la nostalgia, lo que se desplegó en esos años fue un intento sistemático de romper con la dependencia tecnológica. En el contexto de la posguerra, con Estados Unidos y la Unión Soviética disputando influencia global, la Argentina ensayó una estrategia distinta: la “tercera posición”, que en términos concretos significaba algo tan incómodo como ambicioso, producir tecnología nacional.
El punto de partida fue la creación, en 1947, de la División Proyectos Especiales dentro del Instituto Aerotécnico de Córdoba. No se trataba de una oficina burocrática más, sino de un núcleo de investigación avanzada orientado al desarrollo de vehículos teledirigidos y motores cohete. Allí comenzó a gestarse una línea de trabajo que combinaba investigación científica, ingeniería aplicada y objetivos estratégicos.
Ese impulso inicial encontró su consolidación institucional pocos años después, con la creación de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) entre 1951 y 1952. Lejos de ser una empresa aislada, IAME funcionó como un conglomerado que integraba diez fábricas bajo una misma lógica: articular producción, innovación y desarrollo. Motores, aeronaves, equipamiento militar y tecnología aplicada comenzaron a producirse dentro de un esquema estatal que buscaba escala y autonomía.
En ese entramado emergen nombres propios que explican la dimensión del proyecto. El ingeniero polaco Ricardo Dyrgalla, por ejemplo, lideró el desarrollo del motor AN-1, el primer motor cohete argentino de combustible líquido. Entre 1947 y 1948, su equipo logró diseñar un sistema que utilizaba ácido nítrico y anilina como propelentes, alcanzando un empuje de 320 kilogramos. No era un logro menor: implicaba dominar una tecnología que, en ese momento, estaba restringida a un puñado de países.
Pero el salto más significativo fue el desarrollo del misil AM-1 Tábano. Concebido como un aeromóvil alado de 300 kilogramos, podía ser lanzado desde un avión y contaba con un sistema de radioguía basado en tubos de vacío. En mayo de 1950, durante pruebas en Salinas Grandes, el dispositivo alcanzó velocidades cercanas a Mach 0.8. Era un desarrollo sofisticado, que combinaba aerodinámica, electrónica y control remoto en una época donde esas disciplinas todavía estaban en formación.
A la par, la Dirección General de Fabricaciones Militares avanzaba en el desarrollo del proyectil PAT 1, el primer dispositivo guiado de producción nacional. La lógica era clara: no se trataba de un proyecto aislado, sino de un ecosistema donde distintos organismos del Estado articulaban investigación, desarrollo y producción.
Ese ecosistema encontró un punto de madurez en 1954, con la creación del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA). A través del Decreto 441/54S, se estableció una separación clave: la investigación y desarrollo por un lado, la producción masiva por otro. Una arquitectura institucional que, incluso hoy, sigue siendo referencia en los sistemas de innovación más avanzados.
El proyecto también tuvo una dimensión formativa. Dyrgalla no solo desarrolló tecnología, sino que produjo conocimiento. Sus textos técnicos, como “El desarrollo del motor cohete en la práctica” (1952), circularon entre ingenieros argentinos y contribuyeron a formar recursos humanos en áreas estratégicas. No era simplemente importar saber: era construirlo localmente.
Este impulso se inscribía, además, en una política más amplia de atracción de científicos europeos tras la Segunda Guerra Mundial. Argentina compitió con las grandes potencias por esos “cerebros”, incorporando especialistas como Dyrgalla, Kurt Tank —diseñador del Pulqui II— y Reimar Horten. La idea era clara: acelerar el desarrollo tecnológico a través de la transferencia de conocimientos de frontera.
Incluso los fracasos hablan de la escala del proyecto. El caso del Proyecto Huemul, orientado a la fusión nuclear bajo la dirección de Ronald Richter, terminó en descrédito, pero revela hasta qué punto el Estado argentino estaba dispuesto a explorar campos de alta complejidad científica.
Lo que se configuró entre 1947 y 1955 fue, en definitiva, un complejo tecnológico nacional. Un entramado que articulaba instituciones, científicos, industria y objetivos estratégicos bajo una misma dirección política. No era perfecto ni lineal, pero sí coherente con una idea de país que buscaba autonomía en un mundo dividido.
El desenlace es conocido, pero no por eso menos elocuente. Tras el golpe de Estado de 1955, ese entramado fue desarticulado. Proyectos cancelados, líneas de investigación abandonadas, documentación destruida. El misil Tábano quedó como una rareza histórica, el AN-1 como un antecedente olvidado, y la estructura institucional perdió continuidad.
La interrupción no fue solo política: fue también tecnológica. Lo que estaba en juego no era únicamente un conjunto de desarrollos, sino una forma de pensar el lugar de la Argentina en el mundo. La desarticulación de ese complejo implicó, en los hechos, el abandono de una estrategia de autonomía para volver a una lógica de dependencia.
Hoy cuando el proyecto de un gobierno como el de Milei es el desarrollo de trabajos como Uber o Rappi, abre la discusión sobre innovación y soberanía tecnológica y es nuestra obligación colocarla en un lugar central. No como mito ni como idealización, sino como antecedente concreto de un país que, durante un breve período, decidió que el futuro no se importaba: se construía.
Prof. Walter Onorato
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