Un documento oficial de la Armada revela cómo el Crucero General Belgrano fue utilizado durante el golpe de 1955 para bloquear el litoral argentino y bombardear instalaciones estratégicas de Río Santiago y YPF. La investigación expone cómo las armas del Estado fueron usadas contra un gobierno constitucional y contra un modelo de soberanía económica, justicia social e industrialización nacional que las elites neoliberales buscaron destruir a sangre y fuego.
El “General Belgrano”, incorporado a la Armada durante el gobierno peronista, terminó siendo utilizado por los sectores golpistas que atacaron objetivos estratégicos del propio Estado nacional. Un documento oficial de la Armada confirma que el crucero participó activamente del golpe de septiembre de 1955 y del bloqueo sobre la costa argentina.
La historia argentina está atravesada por una tragedia recurrente: las armas compradas con el esfuerzo del pueblo terminan apuntando contra el propio pueblo. Pocas escenas resumen mejor esa lógica brutal que la actuación del crucero ARA “General Belgrano” durante el golpe militar de septiembre de 1955, autodenominado “Revolución Libertadora” y recordado por amplios sectores populares como la “Revolución Fusiladora”.
La documentación oficial de la propia Armada Argentina permite reconstruir, sin necesidad de especulaciones ni interpretaciones forzadas, el papel concreto que tuvo uno de los principales buques de guerra del país en el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. No se trata de una denuncia surgida desde la oposición política ni de un panfleto partidario. Es la propia Marina quien dejó asentado, orgullosamente, que utilizó un crucero del Estado argentino para bombardear, bloquear y quebrar el orden constitucional.
El dato no es menor. Porque detrás de la retórica “libertadora” con la que intentaron justificar el golpe, lo que aparece es algo mucho más crudo: una parte de las Fuerzas Armadas actuando como ejército de ocupación sobre su propio territorio nacional, utilizando recursos estatales contra instalaciones estratégicas del país y contra un gobierno elegido democráticamente.
El documento analizado pertenece a la obra “Apuntes sobre los buques de la Armada Argentina”, elaborada por el Capitán de Navío Contador Pablo E. Arguindeguy y editada por el Comando en Jefe de la Armada. Allí se reconstruye el historial del crucero “General Belgrano”, originalmente adquirido por la Argentina durante el segundo gobierno de Perón.
El texto deja en claro que el buque había sido incorporado oficialmente en 1951, cuando el gobierno argentino tomó posesión del ex USS “Phoenix”, crucero estadounidense de la clase “Brooklyn”. Según el documento, la adquisición se realizó “al 10% de su valor”, mediante el decreto N.º 224 del 11 de enero de 1951.
Es decir: el Estado peronista modernizó la flota naval argentina y fortaleció la capacidad militar nacional en el marco de una política de soberanía y desarrollo industrial. Pero apenas cuatro años después, esa misma estructura militar sería utilizada para destruir al propio gobierno que había impulsado su fortalecimiento.
La parte más reveladora del documento aparece en el apartado dedicado a la llamada “Revolución Libertadora”. Allí la Armada describe abiertamente cómo el “General Belgrano” se incorporó a las operaciones golpistas iniciadas en septiembre de 1955.
El texto señala que el crucero “se encontraba con el resto de la Flota de Mar en Golfo Nuevo” cuando comenzó el levantamiento militar. Y agrega que, producido el movimiento del 16 de septiembre, “se plegó a la Revolución Libertadora”.
La expresión es brutal por su naturalidad burocrática. El documento no habla de defensa nacional ni de protección del territorio argentino frente a una amenaza extranjera. Habla de un buque estatal “plegándose” a un golpe militar interno.
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| Foto 1: Crucero General Belgrano. Foto Serv. RR.PP. A.R.A (1955) - Foto 2: Crucero General Belgrano Salva de artillería principal. Foto del D.E.H.N. (circa 1955) - Foto 3: Foto del crucero en Ushuaia, agosto de 1963) |
Más adelante, la obra reconoce que el crucero fue utilizado para ejercer presión militar sobre el país. Según el documento, el “General Belgrano” “comienza el bloqueo marítimo a todo el litoral nacional”.
Ese dato tiene una enorme gravedad histórica. Porque el bloqueo naval no fue contra una potencia enemiga ni contra una invasión extranjera. Fue un bloqueo contra la propia Argentina. Contra su litoral. Contra sus puertos. Contra su economía. Contra un gobierno constitucional.
La Armada también admite que el crucero participó directamente de operaciones de bombardeo sobre instalaciones estratégicas. El texto afirma: “Se dirigía la tarea de bombardear las dependencias de Río Santiago, incluida la Y.P.F Dock Central”.
La frase es demoledora. La Marina reconoce que uno de los principales barcos de guerra argentinos fue utilizado para atacar dependencias de Río Santiago y áreas vinculadas a YPF, emblema histórico de la soberanía energética nacional.
No se trataba solamente de un ataque militar. Había detrás una dimensión profundamente política y económica. Río Santiago y YPF representaban dos símbolos centrales del proyecto de industrialización y autonomía económica impulsado durante el peronismo. El golpe no apuntaba únicamente a desplazar a Perón del gobierno: buscaba disciplinar un modelo de país basado en la intervención estatal, el fortalecimiento industrial y la ampliación de derechos sociales.
Por eso resulta imposible separar la violencia militar de septiembre de 1955 del programa económico que vendría después. Las bombas no cayeron en abstracto. Cayeron sobre instalaciones estratégicas del Estado nacional. Sobre estructuras productivas ligadas a una idea de soberanía económica que las elites liberales y conservadoras consideraban intolerable.
La propia Armada relata incluso cómo se desarrolló la intimidación sobre la población civil. El documento señala que el 19 de septiembre “la población civil de Berisso que abandone la zona” mientras el crucero realizaba acciones militares.
Detrás de esa descripción fría y administrativa aparece el drama real de miles de trabajadores y familias obreras que vivían alrededor del cordón industrial de Ensenada y Berisso. Porque la zona atacada no era un espacio vacío. Allí estaban los astilleros, los trabajadores portuarios, las refinerías, los obreros de YPF y buena parte de la clase trabajadora organizada que había sido protagonista del ascenso del peronismo desde 1945.
La llamada “Revolución Libertadora” buscó presentarse durante décadas como una gesta moralizadora destinada a restaurar la república. Pero los propios documentos militares muestran otra realidad: un sector de las Fuerzas Armadas utilizando cañones navales, bloqueos marítimos y operaciones militares contra el Estado argentino.
Y quizás uno de los elementos más perturbadores del documento sea el tono celebratorio con el que la Armada recuerda esos hechos.
En la reproducción de una placa colocada dentro del propio crucero puede leerse: “En rada La Plata y en esta cámara, el día 20 de septiembre de 1955 fue firmada el acta N.º 1 de la Marina de Guerra en operaciones por la cual se selló la suerte del tiránico gobierno derrotado por la Revolución Libertadora de septiembre de 1955”.
La frase sintetiza la lógica del golpismo argentino de mediados del siglo XX: las Fuerzas Armadas arrogándose el derecho de decidir qué gobiernos podían existir y cuáles debían ser destruidos. No había allí neutralidad institucional. Había una definición política explícita.
La utilización de términos como “tiránico gobierno” resulta particularmente significativa porque Perón había llegado al poder mediante elecciones democráticas y mantenía un fuerte apoyo popular. Sin embargo, para las elites militares y económicas que impulsaron el golpe, la legitimidad electoral era secundaria frente a la necesidad de disciplinar políticamente a las mayorías.
El documento también afirma que en el crucero se firmó el acta mediante la cual “el Poder Ejecutivo ha sido tomado”. La naturalidad con la que se describe la apropiación del gobierno nacional evidencia hasta qué punto las cúpulas militares concebían al Estado como patrimonio propio.
La historia posterior demostraría además que el golpe de 1955 no inauguró un período de libertad sino de persecución política, proscripción y violencia estatal. El derrocamiento de Perón abrió paso a fusilamientos, censura, persecución sindical y destrucción sistemática de símbolos populares. La proscripción del peronismo durante casi dos décadas sería una de las heridas más profundas de la democracia argentina.
Por eso este documento tiene un valor histórico enorme. Porque desmonta el relato edulcorado de la “Libertadora” y deja expuesto algo mucho más incómodo: el aparato militar argentino fue utilizado para atacar al propio Estado nacional y destruir un proyecto político basado en la justicia social, la soberanía económica y la ampliación de derechos.
El “General Belgrano”, nombre que evocaba a uno de los grandes patriotas de la independencia, terminó convertido en instrumento de una operación militar contra el pueblo argentino. Allí reside quizás una de las mayores tragedias de nuestra historia contemporánea: cuando las armas de la Nación dejan de defender la soberanía para transformarse en herramientas de disciplinamiento interno al servicio de sectores privilegiados.
Décadas después, la discusión sigue abierta. Porque cada vez que se reivindican las políticas neoliberales que subordinan el Estado a los intereses concentrados, reaparece la sombra de aquella Argentina donde las elites económicas y militares consideraban legítimo destruir gobiernos populares para garantizar sus privilegios.
La historia del “General Belgrano” en septiembre de 1955 no es solamente un episodio naval. Es una radiografía brutal de cómo una parte del poder argentino decidió bombardear su propio país para impedir que las mayorías siguieran disputando el rumbo económico y social de la Nación.
Fuentes:
Arguindeguy, P. E. (1972-1978). Apuntes sobre los buques de la Armada Argentina. Tomo V. Buenos Aires: Comisión del Centenario de la Escuela Naval Militar.
Prof. Walter Onorato
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