En mayo de 1977, la dictadura de Videla encarceló a Alejandro Agustín Lanusse mientras miles de argentinos eran secuestrados y desaparecidos. La tapa de Clarín reveló mucho más que una interna militar: expuso cómo el régimen utilizó una falsa legalidad para encubrir el terrorismo de Estado y consolidar un proyecto económico al servicio de las élites, la dependencia financiera y la destrucción de los derechos sociales.
El 11 de mayo de 1977, en plena dictadura de Jorge Rafael Videla, el diario Clarín tituló en su portada: “Fundamentos de la prisión preventiva de los ex comandantes”. La noticia parecía describir un procedimiento judicial normal dentro de las Fuerzas Armadas. Pero detrás de aquella puesta en escena se escondía una realidad mucho más oscura: mientras el régimen secuestraba, torturaba y desaparecía miles de personas, utilizaba causas internas contra viejos militares para construir una ficción de institucionalidad. La prisión preventiva contra Alejandro Agustín Lanusse terminó siendo mucho más que un expediente castrense: fue la demostración brutal de cómo la dictadura disciplinaba incluso a sus propios hombres mientras consolidaba el poder absoluto del “Proceso de Reorganización Nacional”.
La tapa del diario Clarín del 11 de mayo de 1977 es hoy un documento histórico incómodo. No por lo que muestra, sino por todo lo que calla. En letras gigantes puede leerse: “Fundamentos de la prisión preventiva de los ex comandantes”. Debajo del título aparece una referencia a los militares Alejandro Agustín Lanusse, Pedro Gnavi y Carlos Alberto Rey. A simple vista, el diario parecía informar sobre una cuestión administrativa o judicial dentro del universo militar argentino. Pero la Argentina de mayo de 1977 estaba muy lejos de cualquier normalidad institucional.
Mientras los diarios hablaban de expedientes militares, el país estaba atravesado por el terrorismo de Estado más feroz de su historia. Funcionaban cientos de centros clandestinos de detención, miles de personas permanecían secuestradas y desaparecidas, y el aparato represivo de la dictadura actuaba con absoluta impunidad. Sin embargo, nada de eso aparecía en la tapa principal. La maquinaria mediática prefería presentar otra escena: un gobierno militar preocupado por el orden, la disciplina y la legalidad.
Aquella prisión preventiva contra Lanusse y otros ex comandantes no fue un gesto de justicia independiente. Fue una demostración de poder. La Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla necesitaba consolidar su autoridad absoluta dentro de las propias Fuerzas Armadas. El “Proceso de Reorganización Nacional” no solo perseguía militantes políticos, sindicalistas, estudiantes y trabajadores; también buscaba disciplinar cualquier sector interno que pudiera representar una amenaza o recordar viejas disputas de poder dentro del universo castrense.
Lanusse no era un outsider del sistema militar. Había sido presidente de facto entre 1971 y 1973 y representaba una generación anterior de militares que todavía conservaban influencia política. La prisión preventiva funcionaba entonces como una advertencia: la nueva dictadura no admitiría ninguna autonomía interna. El régimen necesitaba centralizar el mando, monopolizar la violencia y eliminar cualquier resquicio de cuestionamiento dentro de la estructura militar.
La tapa de Clarín resulta reveladora porque exhibe de manera involuntaria el doble mecanismo sobre el cual funcionaba la dictadura. Por un lado, el terror clandestino. Por otro, la construcción de una apariencia institucional destinada a tranquilizar a sectores medios, empresarios y aliados internacionales. La dictadura desaparecía personas durante la noche y publicaba formalismos judiciales durante el día. Secuestraba obreros, estudiantes y militantes, mientras los grandes diarios reproducían comunicados oficiales y presentaban los movimientos internos de las Fuerzas Armadas como si se tratara de un Estado de derecho.
El propio lenguaje utilizado en la portada habla de esa construcción discursiva. “Fundamentos de la prisión preventiva” suena a tecnicismo jurídico, a procedimiento racional, a república funcionando. Pero en la Argentina de 1977 las garantías constitucionales habían sido demolidas. Miles de personas eran detenidas sin juicio, torturadas y asesinadas sin posibilidad de defensa alguna. El régimen que hablaba de “fundamentos” jurídicos para encarcelar militares era el mismo que hacía desaparecer ciudadanos arrojándolos al mar en los vuelos de la muerte.
La contradicción no era casual. Formaba parte de una estrategia política precisa. La dictadura necesitaba legitimarse ante sectores económicos locales y actores internacionales que observaban con creciente preocupación las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Por eso resultaba fundamental sostener una ficción de institucionalidad. Mostrar militares detenidos, expedientes en trámite y procesos internos ayudaba a construir la imagen de un gobierno serio, ordenado y respetuoso de ciertas normas.
En ese esquema, el rol de los grandes medios fue decisivo. La portada de Clarín no solamente informa: también organiza la mirada social. Mientras el país estaba atravesado por secuestros clandestinos, el diario decidía colocar en el centro de la escena la prisión preventiva de ex comandantes militares y el viaje de Videla a Venezuela. La noticia diplomática aparecía tratada como un acontecimiento rutinario, casi administrativo, en momentos en que el régimen argentino acumulaba denuncias internacionales por violaciones masivas a los derechos humanos.
La construcción mediática era fundamental para el funcionamiento del terror. Porque las dictaduras no solo necesitan armas: también necesitan relatos. Necesitan instalar qué puede verse y qué debe permanecer oculto. En ese sentido, aquella tapa de Clarín funciona hoy como una radiografía perfecta del silenciamiento mediático durante la dictadura. No hacía falta negar explícitamente las desapariciones. Bastaba con correrlas del centro de la agenda pública, esconderlas detrás de títulos burocráticos y reemplazarlas por operaciones de normalización institucional.
Décadas después, múltiples investigaciones volverían sobre la relación entre grandes grupos empresarios, medios de comunicación y dictadura militar. Temas como la apropiación de Papel Prensa, la censura y la colaboración civil con el régimen abrirían debates profundos sobre las responsabilidades compartidas en aquellos años oscuros. Porque el terrorismo de Estado no funcionó solamente gracias a militares armados. También necesitó complicidades económicas, silencios empresariales y legitimaciones mediáticas.
La prisión preventiva contra Lanusse aparece entonces como una pequeña escena dentro de una trama mucho más grande. Una microhistoria capaz de revelar el funcionamiento profundo del régimen. La dictadura encarcelaba a viejos militares mientras consolidaba un proyecto económico y político profundamente regresivo. El “Proceso” no buscaba solamente eliminar opositores políticos; también pretendía reorganizar la sociedad argentina en favor de grupos concentrados de poder económico.
Detrás de la represión ilegal avanzaba un modelo que destruyó industrias nacionales, debilitó derechos laborales y profundizó la dependencia económica. El terrorismo de Estado y el programa económico caminaban juntos. La violencia represiva servía para disciplinar a una sociedad que debía aceptar salarios pulverizados, endeudamiento externo y transferencia de riqueza hacia sectores financieros y grupos empresarios concentrados. No fue una casualidad histórica. Fue un proyecto político integral.
Por eso la imagen de Lanusse preso mientras miles de desaparecidos no existían en las páginas principales resulta tan simbólica. La dictadura necesitaba mostrar orden interno mientras ejecutaba el desorden humano más brutal. Necesitaba exhibir procedimientos jurídicos hacia adentro de las Fuerzas Armadas mientras negaba toda humanidad a las víctimas del terrorismo de Estado.
La tapa de Clarín del 11 de mayo de 1977 permanece hoy como un documento histórico demoledor precisamente por eso. Porque deja ver cómo funcionaba el mecanismo de ocultamiento. Cómo se construía un relato público destinado a presentar racionalidad institucional en medio del horror clandestino. Cómo la Argentina de Videla pretendía hablar de justicia militar mientras multiplicaba secuestros, torturas y desapariciones.
Y también porque obliga a revisar una pregunta incómoda: qué papel jugaron las grandes estructuras mediáticas y económicas en la consolidación de aquel proyecto autoritario. La historia argentina demuestra una y otra vez que los procesos neoliberales más violentos necesitan disciplinamiento social, concentración mediática y destrucción de la memoria colectiva. La dictadura de 1976 llevó esa lógica hasta sus últimas consecuencias.
Por eso aquella prisión preventiva contra Lanusse no puede leerse simplemente como una noticia policial o militar. Fue parte de una escenografía política destinada a encubrir el verdadero rostro del régimen. Un régimen que hablaba de legalidad mientras hacía desaparecer personas. Que invocaba orden mientras sembraba terror. Y que utilizaba incluso a sus propios generales como piezas de una maquinaria mucho más grande: la construcción de una Argentina sometida al miedo, la censura y la desigualdad.
Prof. Walter Onorato
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