El Gobierno desplazó al fiscal que iba a investigar aportantes truchos de Vidal

La resolución la tomó el procurador interino Eduardo Casal, que sigue las órdenes de Mauricio Macri. Lleva el número 156 y tiene fecha del 31 de julio, el mismo día que el fiscal electoral Jorge Di Lello le remitió su investigación preliminar sobre los aportantes truchos al juzgado electoral de La Plata.

El fiscal Schapiro iba a intervenir a partir de ahora en la causa iniciada en Comodoro Py vinculada a los posibles delitos electorales. Hasta ahora, estuvo en manos del fiscal Di Lello, que tiene a cargo la fiscalía en materia electoral a nivel nacional. Di Lello solicitó informes a distintos organismos para corroborar la investigación revelada por El Destape. Una vez reunida la información, la remitió al juzgado N 1 de la Plata, que tiene a cargo las cuestiones electorales. Ese juzgado tiene un juez subrogante, Adolfo Gabino Ziulu. Hasta ahora, también tenía un fiscal subrogante, Schapiro, que estaba a cargo la fiscalía N 1 bonaerense, la análoga a la fiscalía N 1 que encabeza Di Lello a nivel nacional. Ahora ya no.

El interino Casal escribió: “considero conveniente que el doctor Schapiro, en razón de la instancia propia de su magistratura, quede interinamente a cargo de la Fiscalía N° 2 ante los Tribunales Orales Federales de La Plata”. También lo designó Coordinador de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de La Plata, un área donde Schapiro tiene amplia experiencia.

Con esto, lo desplazó de su trabajo en la fiscalía electoral, donde estaba como subrogante desde abril de 2016 ya que la titular de la fiscalía, María Laura Roteta, pasó a trabajar en la Procuraduría antilavado.

“A fin de favorecer el adecuado desempeño del doctor Schapiro en las funciones que a partir de la presente se encontrarán a su cargo, y consultado que fue el señor Fiscal General que ejerce la superintendencia en esa sección, se dispondrá que el doctor Guillermo Ferrara, titular de la Fiscalía Federal N° 2 de La Plata, se desempeñe interinamente a cargo de la Fiscalía N° 1 en reemplazo de aquél”, dice la resolución del interino Casal.

Macri y Maria Eugenia Vidal se aseguran así que la investigación la controle el fiscal Ferrara, a quien los que recorren los tribunales platenses perfilan como conservador. Una típica maniobra de Forum Shopping, la táctica para elegir jueces y fiscales amigables. Una de las últimas intervenciones del fiscal Ferrara fue en la causa por los tarifazos de gas iniciada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS), done actuó en línea con el Gobierno para remitir la cuestión al foro Contencioso Administrativo. (Fuente)

¿Quien es Eduardo Casal?

Mientras las luces mediáticas apuntan a Inés Weinberg de Roca, elegida por el presidente Mauricio Macri para conducir el Ministerio Público Fiscal, pocos atienden al rol que está teniendo por estos días el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, quien se volvió una referencia obligada para todo aquel que quiera desplazar a un fiscal que desafíe al poder. Sin los votos en el Senado hasta el momento para poder encumbrar a su candidata, el jefe de Estado no muestra apuro para reemplazar al sucesor de Alejandra Gils Carbó. Motivos no le faltan.

Al llegar a la cima del Ministerio Público Fiscal, Casal eligió dos lugartenientes: Juan Manuel Casanovas, quien está a cargo de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, y Juan Manuel Olima Espel, al mando de la Secretaría General de Coordinación Institucional. El primero tiene aceitados vinculados con el subsecretario de Justicia y consejero de la magistratura, Juan Bautista Mahiques, quien responde a Daniel “Tano” Angelici, sindicado por Elisa Carrió como operador judicial del PRO, y es hijo de Carlos Mahiques, ex ministro de María Eugenia Vidal y actual juez de la Cámara Federal de Casación –adonde llegó a dedo-.

La relación con Olima Espel, más cercano al garavanismo, tiene sus años: junto a Casal investigaron el atentado a la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, cuyos avances no difieren mucho de la pesquisa sobre el ataque terrorista contra la AMIA.

A pesar de esta estructura, Casal recién se ganó la confianza del Gobierno el 6 de abril pasado, al decidir el apartamiento de Juan Pedro Zoni de la Fiscalía N° 8 ante los juzgados federales de Comodoro Py, desde donde estaba impulsando la causa penal sobre el Correogate. En su lugar nombró al “amigable” Gerardo Pollicita.

Zoni analizaba "conductas delictivas” vinculadas al proceso concursal del Correo Argentino S.A, empresa del Grupo Macri, y centraba su pesquisa en el Presidente. El fiscal había solicitado una serie de medidas de prueba para esclarecer cómo se gestó el acuerdo abusivo para el Estado que rubricaron la firma postal y el Gobierno por el que se intentó condonar el 98,87% de la deuda que posee la empresa privada (que a cifras de hoy se ubica en los $4.000 millones). Entre otras cosas, requería allanamientos en dependencias oficiales y hacía foco en el estudio jurídico de la familia del diputado PRO, Pablo Tonelli.

Con una formalidad, el procurador desplazó a quien comenzaba a cerrar el círculo de responsabilidades en torno a Macri. ¿Qué hizo? Consideró ilegítimo el traslado que Gils Carbó había resuelto en torno a Zoni en 2015, quien había sido designado para la fiscalía federal N° 2 de Santiago del Estero, dependencia que entonces –y aún- no fue habilitada. Acto seguido lo reubicó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34.

A partir de este suceso, tres fiscales más que investigan al poder intentaron ser desplazados. En todos estos casos se buscó llegar a Casal. Un síntoma del rol que está teniendo el jefe de los fiscales interino.

Por ejemplo, los abogados de Correo Argentino S.A, en el marco de una de las causas comerciales en que se divide el affaire de la empresa postal –la del vaciamiento en favor de sus controlantes SOCMA y SIDECO-, pidieron apartar a la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin. Adujeron que no tenía facultades para investigar. Los letrados del Grupo Macri solicitaron la “valiosa” opinión de Casal, esperanzados en lograr una resolución similar a la que rubricó para con Zoni. Pero la Cámara Comercial rechazó la solicitud. No obstante, la avanzada contra Boquin esta lejos de llegar a su fin.

Otros dos procuradores cuyas actuaciones serán evaluadas por Casal son Federico Delgado, también fiscal ante los tribunales de Comodoro Py, y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El 26 de abril, el juez federal Claudio Bonadio se hizo eco de una denuncia realizada por el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en el marco del caso Odebrecht, y pidió que se abriera una investigación penal y otra en el Ministerio Público Fiscal contra ambos fiscales por haberle tomado declaración sin juramento al cambista brasilero Leonardo Meirelles, quien acusó al jefe de la ex SIDE de recibir cuantiosas sumas de dinero ilegal.

Los dos procuradores apuntados tienen en sus oficinas causas calientes para la Casa Rosada. Delgado está a cargo de una de las pesquisas vinculadas al Lava Jato nacional y fue el fiscal que escudriñó los Panama Papers. Rodríguez está al frente del órgano que analiza delitos de corrupción o irregularidades administrativas cometidas por funcionarios públicos. Fue, por ejemplo, quien presentó a Zoni un informe esclarecedor en el caso Correo que derivó en las solicitudes de allanamiento.

Azares de Comodoro Py, la denuncia penal avalada por Bonadio la investiga el fiscal Pollicita, el mismo que reemplazó a Zoni. El juez del caso es Daniel Rafecas. (Fuente)