El plan económico de Milei: Que el trabajador vuelva al 1900

 La historia económica argentina muestra con notable persistencia un rasgo que atraviesa gobiernos, discursos y épocas: los modelos que prometen orden, crecimiento y eficiencia suelen excluir deliberadamente a quienes producen la riqueza. No se trata de un error de diseño ni de una desviación coyuntural, sino de una definición política profunda que organiza la sociedad y distribuye el poder.

Entre 1880 y 1916, durante el período conocido como la República Conservadora, la Argentina experimentó una expansión económica significativa. Las exportaciones crecían, el comercio internacional se intensificaba y el país era presentado como un ejemplo de progreso dentro del capitalismo mundial. Sin embargo, ese crecimiento no se tradujo en bienestar social para los trabajadores.

El obrero urbano —en su mayoría inmigrante— vivía bajo condiciones durísimas: jornadas laborales extensas, salarios apenas suficientes para subsistir, viviendas precarias y una absoluta ausencia de derechos laborales. No existían vacaciones, licencias, indemnizaciones ni protección frente a accidentes de trabajo. La organización sindical era perseguida y la protesta social reprimida. El Estado no actuaba como mediador del conflicto social, sino como garante del orden económico establecido.

La riqueza se concentraba en manos de la élite terrateniente y del capital extranjero. El trabajador, aun siendo indispensable para el funcionamiento del sistema, no participaba de la distribución del ingreso. El crecimiento existía; la justicia social, no. El llamado “granero del mundo” funcionó como una economía que producía abundancia hacia afuera y precariedad hacia adentro.

La Argentina del viejo orden conservador no fue desbordada por una anomalía ideológica ni por un giro intempestivo del pensamiento político, sino por una respuesta social acumulativa e históricamente necesaria. Primero, la organización del movimiento obrero urbano, las huelgas y el sindicalismo de comienzos del siglo XX, enfrentados a un Estado que respondió con represión para sostener el orden económico vigente. Luego, la ampliación de los derechos políticos con la Ley Sáenz Peña y la llegada del radicalismo al poder en 1916, como un intento de canalizar institucionalmente una conflictividad social que ya no podía ser contenida exclusivamente por la coerción. 

Finalmente, ese proceso desembocó en el peronismo, que no surgió como un accidente ni como una ruptura sin antecedentes, sino como la expresión política más acabada de ese largo recorrido histórico: la incorporación del trabajador como sujeto central de derechos, la redistribución del ingreso y la construcción de un Estado con capacidad real de intervención económica y social. Ese camino no fue un desvío del rumbo argentino, sino la consecuencia directa de un modelo que creció excluyendo y que, al hacerlo, generó las condiciones de su propia transformación.

Más de un siglo después, el programa económico de Javier Milei se presenta como una ruptura con el pasado reciente, pero recupera una lógica que la historia argentina conoce bien. Bajo la consigna de reducir el Estado, liberar los mercados y alcanzar el equilibrio fiscal, el costo social vuelve a recaer sobre los sectores con menor capacidad de defensa: los trabajadores.

La diferencia central con el período conservador no es de sentido, sino de forma. Hoy existen derechos laborales conquistados a lo largo del siglo XX, pero son presentados como trabas, privilegios o distorsiones. La flexibilización del empleo, la pérdida sostenida del poder adquisitivo del salario y el debilitamiento de los mecanismos de protección social cumplen una función similar a la que cumplía la ausencia de derechos en el pasado: abaratar el trabajo y disciplinar a quienes viven de él.

En ambos modelos, el salario es tratado como una variable de ajuste. La distribución del ingreso no ocupa un lugar central en la política económica. Se confía en que el mercado ordene y que el crecimiento, en algún momento, alcance al conjunto de la sociedad. La experiencia histórica argentina demuestra que ese derrame nunca ocurrió sin una intervención política deliberada.

Tampoco es novedosa la forma de abordar el conflicto social. A comienzos del siglo XX, la huelga era considerada una amenaza al orden; hoy, la protesta es deslegitimada, estigmatizada o reducida a un problema de seguridad. Cambian los lenguajes y los marcos discursivos, pero persiste la misma incomodidad frente a la organización de quienes trabajan.

Los procesos económicos no se miden solo en balances fiscales o indicadores financieros. Se miden, sobre todo, en la vida cotidiana de la sociedad. Cuando el progreso no llega al obrero, cuando el trabajo pierde valor y cuando la desigualdad se naturaliza, la historia enseña que las consecuencias no tardan en manifestarse.

El presente no repite mecánicamente el pasado, pero reactiva una matriz social conocida: crecimiento sin reparto, orden sin justicia social y mercado sin responsabilidad colectiva. La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de cómo terminan esos caminos. Ignorarlos no los vuelve menos reales; apenas los hace más costosos.