La falsificación masiva de billetes de 50 pesos en 1924 es uno de esos casos. No fue un hecho policial ni una anécdota financiera: fue la demostración concreta de una soberanía monetaria ausente.
En la Argentina de comienzos del siglo XX, presentada como potencia agroexportadora e integrada al mercado mundial, el dinero no se imprimía en el país. El papel moneda era producido por empresas privadas extranjeras, principalmente europeas, bajo contratos poco transparentes y con escaso control estatal. El Estado argentino, a través del Banco de la Nación Argentina, recibía los billetes terminados, pero no dominaba ni las matrices, ni los insumos, ni los procesos técnicos que garantizaban la autenticidad del circulante. Ese dato, que durante años fue tratado como una simple cuestión administrativa, se transformó en un problema político de enorme gravedad en 1924.
Ese año comenzaron a detectarse billetes de 50 pesos falsificados que circulaban con total normalidad. No eran imitaciones burdas ni reproducciones defectuosas. Eran copias prácticamente perfectas. El papel, las tintas, los grabados y los detalles de seguridad coincidían con los originales al punto de que ni bancos ni comercios podían distinguirlos. La falsificación no se descubría por el aspecto del billete, sino por la acumulación anómala de ejemplares y por inconsistencias en las series. En los hechos, el sistema financiero argentino había sido infiltrado por dinero falso que cumplía todos los estándares del dinero verdadero.
La magnitud del escándalo quedó rápidamente clara. Para que esa falsificación fuera posible no bastaba con una imprenta clandestina ni con delincuentes aislados. Era necesaria una estructura industrial, acceso a materiales idénticos a los originales y conocimiento técnico del proceso de emisión. En otras palabras, la falsificación solo podía explicarse en un contexto donde la impresión del dinero estuviera fuera del control del Estado nacional. El problema no era solo que había billetes falsos en la calle, sino que el propio diseño del sistema monetario hacía posible esa estafa a gran escala.
El episodio estalló durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, en un momento de relativa estabilidad política y crecimiento económico. La respuesta oficial fue tan reveladora como el hecho en sí. No hubo investigaciones exhaustivas, no se impulsaron causas judiciales de fondo ni se señalaron responsabilidades claras. El objetivo central fue evitar el pánico financiero y preservar la confianza en el circulante. El Banco Nación retiró series completas de billetes, revisó numeraciones y absorbió pérdidas, mientras el tema se diluía rápidamente en la agenda pública.
La pregunta fundamental nunca fue respondida de manera oficial: quién había falsificado esos billetes y dónde se habían producido. Tampoco se investigó en profundidad a las empresas impresoras extranjeras ni a los intermediarios financieros involucrados en la cadena de emisión. La hipótesis más inquietante, y nunca desmentida con pruebas contundentes, es que los mismos circuitos privados que producían el dinero legal facilitaron o permitieron la producción del dinero falso. En un sistema donde la emisión era un negocio y no una función soberana, la frontera entre legalidad e ilegalidad quedaba peligrosamente desdibujada.
La empresa central fue Bradbury Wilkinson & Co., una de las imprentas de seguridad más importantes del mundo. Esta firma londinense imprimió durante décadas billetes para la Argentina y para numerosos países de América Latina. Está documentado que produjo billetes argentinos desde fines del siglo XIX y que seguía haciéndolo en los años veinte, incluyendo denominaciones altas como el billete de 50 pesos moneda nacional. Bradbury Wilkinson tenía acceso total a grabados, planchas, papel especial y tintas de seguridad, lo que la convertía en un actor clave del sistema monetario argentino.
Otra empresa relevante fue Waterlow & Sons, también británica, especializada en papel moneda, sellos y documentos oficiales. Waterlow imprimió billetes argentinos en distintas etapas previas y posteriores, y formaba parte del mismo circuito de contratistas financieros internacionales que abastecían a bancos centrales y bancos nacionales. En los años veinte aún mantenía vínculos comerciales activos con la Argentina.
En menor medida, y más claramente en décadas posteriores, aparece De La Rue, otra imprenta británica histórica, que con el tiempo se convertiría en una de las principales proveedoras de papel moneda a nivel mundial. Si bien su protagonismo pleno en Argentina se consolidó más adelante, ya formaba parte del entramado internacional que concentraba la impresión de dinero soberano de países periféricos.
Ahora bien, el punto clave —y el más incómodo— es este: no existe un registro público transparente que permita afirmar con certeza qué empresa imprimió exactamente cada serie específica del billete de 50 pesos falsificado en 1924. Los contratos eran reservados, las matrices quedaban en el exterior y el control argentino era mínimo. Por eso, cuando aparecieron los billetes falsos “perfectos”, el Estado no pudo demostrar de manera concluyente dónde se habían producido ni quién había tenido acceso indebido a los materiales originales.
Esto explica por qué nunca se acusó formalmente a ninguna de estas empresas, pero tampoco se las investigó a fondo
El verdadero escándalo de 1924 no fue la falsificación en sí, sino lo que dejó al descubierto. La Argentina liberal-conservadora había delegado su soberanía monetaria en manos privadas y extranjeras. No controlaba la emisión, no dominaba los mecanismos de seguridad del circulante y no tenía capacidad real para garantizar la integridad de su propio dinero. El billete, símbolo material del Estado, era en realidad un producto tercerizado, sujeto a intereses ajenos al bienestar nacional.
Este episodio, hoy casi olvidado, fue un antecedente clave de debates que atravesarían todo el siglo XX. La necesidad de que el Estado recupere el control sobre la emisión monetaria y fortalezca organismos como la Casa de Moneda no surgió de una abstracción teórica, sino de experiencias concretas como esta. La falsificación de 1924 mostró que emitir moneda no es una cuestión técnica ni neutral, sino una decisión profundamente política.
La historia de los billetes falsos de 50 pesos funciona, todavía hoy, como una advertencia. Cuando un país no controla su dinero, tampoco controla su crédito, su desarrollo ni su destino. La estafa no fue solo financiera: fue institucional. El verdadero fraude no fue la falsificación de los billetes, sino la renuncia del Estado a ejercer una de sus funciones más elementales. Una lección que, un siglo después, sigue siendo incómodamente actual.
Prof. Walter Onorato
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