El Estado, la economía y la lucha de los trabajadores: una historia de precariedad y resistencia.
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Desde finales del siglo XIX y principios del XX, Argentina fue testigo de una realidad laboral marcada por la ausencia de derechos y la lucha constante de los trabajadores, tanto nativos como inmigrantes, contra un sistema que los mantenía en la marginalidad y la pobreza.
A finales del siglo XIX y principios del XX, Argentina vivía bajo la influencia de una ideología liberal que propugnaba la no intervención del Estado en la economía. Esta visión, compartida por muchos países europeos, resultó en una total desregulación de la relación entre trabajadores y patrones. El país recibió una masiva ola de inmigrantes europeos, principalmente de los sectores más pobres del sur del continente, quienes llegaron en busca de una vida mejor, solo para encontrarse con promesas incumplidas y una realidad de explotación y miseria.
Los inmigrantes, al llegar, no recibieron la tan ansiada propiedad de la tierra. Solo algunas colonias de campesinos en el litoral y la Patagonia lograron acceder a parcelas, mientras que la mayoría fue relegada a vivir en condiciones precarias en los conventillos de barrios como La Boca y San Telmo en Buenos Aires, y en Rosario. Estos barrios se convirtieron en el epicentro de una creciente población trabajadora compuesta por mestizos, indígenas, gauchos y los recién llegados europeos, quienes se empleaban en pequeños talleres, ferrocarriles, el puerto, o como jornaleros en el campo.
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El panorama laboral era desolador. Sin leyes que los protegieran, los trabajadores estaban sujetos a jornadas extensas y salarios miserables, sin seguridad social, vacaciones ni protección médica. En el ámbito rural, muchos eran remunerados con vales canjeables en las proveedurías de las estancias o directamente con alimentos en mal estado. La ausencia de jubilación condenaba a los mayores a una vejez en la miseria, y el despido no implicaba indemnización alguna.
En los conventillos, las condiciones de vida eran deplorables. Habitaciones hacinadas, falta de ventilación y servicios compartidos hacían de estos lugares un caldo de cultivo para epidemias. Sin embargo, estas duras condiciones de vida también propiciaron la organización y resistencia de los trabajadores. Las primeras respuestas organizadas surgieron de las Asociaciones de Socorros Mutuos, formadas por inmigrantes de un mismo país, y posteriormente, las Sociedades de Resistencia, que dieron origen a los sindicatos primitivos.
Los trabajadores, al enfrentarse a una realidad tan dura como la de sus países de origen, trajeron consigo ideas de lucha y justicia social nacidas en Europa. Las corrientes anarquistas y socialistas encontraron un terreno fértil en Argentina. Los anarquistas, principalmente españoles e italianos, abogaban por la destrucción del Estado y la Iglesia, instituciones que consideraban pilares del sistema capitalista opresor. Por otro lado, los socialistas buscaban una vía legal y no violenta para obtener derechos laborales, utilizando huelgas y participando en elecciones.
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La creciente conflictividad laboral llevó a las autoridades a responder con represión. Hacia 1900, el presidente Julio A. Roca decretó el estado de sitio y promulgó la Ley de Residencia, que permitía la expulsión de extranjeros involucrados en huelgas o movimientos obreros. Esta ley fue un intento claro de silenciar las voces disidentes y mantener el statu quo.
La situación alcanzó un punto crítico en 1910, durante los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. La Federación Obrera Regional Argentina organizó una protesta para evidenciar que, a pesar de los cien años de independencia, los sectores populares seguían siendo marginados. En respuesta, el presidente José Figueroa Alcorta promulgó la Ley de Defensa Social, que limitaba la actividad sindical y castigaba severamente cualquier acto de lucha obrera.
Este período de la historia argentina es testimonio de la lucha incansable de los trabajadores por condiciones laborales dignas y justas. A pesar de la represión y las duras condiciones de vida, su resistencia y organización sentaron las bases para los derechos laborales que hoy se valoran y defienden. La historia de estos trabajadores, tanto nativos como inmigrantes, es un recordatorio de la importancia de la solidaridad y la lucha colectiva en la búsqueda de una sociedad más equitativa.
Este recorrido histórico no pertenece solo al pasado. La exaltación contemporánea de aquel orden liberal por parte del gobierno de Javier Milei —con su reivindicación explícita de la desregulación, la flexibilización laboral y la mínima intervención del Estado— vuelve a poner en discusión un modelo que en la Argentina ya fue aplicado y cuyos resultados están documentados: trabajo sin derechos, salarios de subsistencia, represión ante la protesta y exclusión social como norma. La reforma laboral impulsada por el actual gobierno retoma esa matriz ideológica que concibe al trabajador como un costo y al conflicto social como un problema de orden público, no como una consecuencia de la desigualdad estructural.
El cierre de aquel período histórico de trabajadores sin derechos no fue espontáneo ni concedido desde arriba: fue producto de décadas de organización, lucha y acumulación política que encontraron su punto de inflexión con la irrupción del peronismo. A partir de 1943 y, de manera decisiva, desde 1946, el Estado dejó de ser una herramienta de disciplinamiento social para convertirse en garante de derechos laborales básicos: jornada limitada, salario mínimo, vacaciones pagas, jubilación, indemnización y reconocimiento sindical. Ese cambio no solo modificó las condiciones de vida de millones de trabajadores, sino que clausuró un modelo de explotación legalizada que hoy algunos sectores pretenden rehabilitar como si la historia no hubiera dejado lecciones.
Prof. Walter Onorato
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