La relación entre el peronismo y los Estados Unidos constituye uno de los núcleos más debatidos —y a la vez más simplificados— de la historia económica argentina del siglo XX. Con frecuencia reducida a una oposición binaria entre enfrentamiento ideológico y subordinación externa, la reconstrucción histórica desarrollada por Mario Rapoport permite observar un vínculo mucho más complejo: una alta interdependencia económica, conflictos diplomáticos persistentes y una tensión permanente entre autonomía política y dependencia estructural .
Desde la llegada de Juan Domingo Perón al poder en 1946, el gobierno argentino no desconoció la centralidad de los Estados Unidos en el nuevo orden mundial de posguerra. Convertido en superpotencia global y eje del sistema interamericano, Washington era un actor ineludible para cualquier estrategia de desarrollo. La llamada “Tercera Posición” no implicó una ruptura con ese sistema, sino un intento —limitado y contradictorio— de equilibrar el peso estadounidense sin resignar completamente márgenes de soberanía.
El mito gorila del “boicot” y la realidad del comercio
Uno de los primeros elementos que desmonta la lectura simplista de un enfrentamiento económico irreconciliable entre el peronismo y los Estados Unidos es el volumen efectivo del intercambio comercial bilateral. Lejos de existir un “boicot económico” por parte de Washington, los años iniciales del gobierno peronista registraron los niveles más altos de comercio entre ambos países hasta ese momento histórico. Rapoport señala que nunca antes el intercambio bilateral había alcanzado magnitudes semejantes .
Durante el período 1946–1948, Gran Bretaña conservó su lugar como principal cliente individual de las exportaciones argentinas, lo que permitió sostener el esquema triangular heredado de la posguerra. En paralelo, los Estados Unidos se consolidaron rápidamente como el principal proveedor de importaciones, desplazando a otros socios comerciales y transformándose nuevamente en el abastecedor clave de la economía argentina. Este rol fue decisivo porque Estados Unidos era prácticamente el único país en condiciones de proveer maquinarias, vehículos y bienes de capital, insumos imprescindibles para el proceso de industrialización impulsado por el peronismo.
Las cifras del comercio exterior resultan concluyentes. Entre 1946 y 1947, las importaciones desde Estados Unidos crecieron de forma abrupta y el intercambio total alcanzó valores récord. En esos años, Estados Unidos llegó a concentrar alrededor del 40 % de las importaciones argentinas, especialmente aquellas vinculadas a la industria manufacturera y al transporte. Estos datos desmienten empíricamente cualquier hipótesis de aislamiento forzado o bloqueo deliberado .
El problema central no fue, entonces, la inexistencia de comercio, sino su naturaleza estructuralmente desequilibrada. La Argentina exportaba fundamentalmente productos primarios, mientras importaba bienes industriales de alto valor agregado. Este patrón derivó en un rápido deterioro del saldo comercial bilateral. Entre 1947 y 1949, el déficit acumulado con los Estados Unidos superó los 900 millones de dólares, revirtiendo la situación favorable que había caracterizado a los años de la Segunda Guerra Mundial.
Este deterioro no respondió a una decisión política de Washington de asfixiar a la economía argentina, sino a las propias limitaciones del modelo de industrialización sustitutiva. La dependencia creciente de insumos importados, combustibles y bienes de capital ató el crecimiento industrial a la disponibilidad de divisas. Cuando estas comenzaron a escasear, emergió con fuerza el estrangulamiento externo. En ese contexto, la idea del “boicot” operó más como una explicación política simplificadora que como una descripción ajustada de la realidad económica.
Rapoport es categórico: la relación económica entre el peronismo y los Estados Unidos fue intensa, conflictiva y profundamente asimétrica, pero nunca inexistente. El comercio se expandió, la dependencia se profundizó y el desequilibrio terminó condicionando tanto la política económica interna como las decisiones diplomáticas del gobierno peronista .
Tercera Posición y conflicto diplomático
En el plano político-diplomático, la relación estuvo atravesada por tensiones persistentes. El gobierno peronista debió enfrentar el hostigamiento de sectores del gobierno estadounidense y de su prensa, mientras intentaba normalizar vínculos a través de gestos de acercamiento y de la intensificación del comercio bilateral. La participación argentina en las conferencias interamericanas de Río de Janeiro y Bogotá expresó con claridad esta ambigüedad: cooperación limitada, defensa de la soberanía nacional y rechazo a mecanismos automáticos de sanción económica o militar.
La posición argentina se sostuvo sobre un argumento central: la lucha contra el comunismo no debía reducirse a una estrategia militar, sino que debía abordarse mediante la mejora de las condiciones de vida y la justicia social. Esta concepción chocó de manera recurrente con la lógica de seguridad hemisférica impulsada por Washington en el marco de la Guerra Fría.
La crisis del sector externo a partir de 1949 forzó un giro pragmático en la política económica y exterior. El creciente endeudamiento con bancos norteamericanos, las restricciones a la remisión de utilidades y la escasez de dólares obligaron al gobierno peronista a buscar un entendimiento más estrecho con los Estados Unidos. Las misiones encabezadas por Ramón Cereijo y los acuerdos con el Eximbank reflejaron este cambio: concesiones económicas, facilidades a empresas estadounidenses y reactivación del crédito como condición para sostener el proceso industrial.
Este acercamiento incluyó la ratificación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1950, percibida por Washington como una señal de alineamiento. Sin embargo, no eliminó las contradicciones de fondo ni la desconfianza mutua.
Corea y los límites del alineamiento
La Guerra de Corea constituyó uno de los episodios más reveladores de la relación entre el peronismo y los Estados Unidos, porque expuso con claridad los límites políticos del alineamiento argentino dentro del sistema interamericano. En el contexto de máxima tensión de la Guerra Fría, Washington buscó convertir el conflicto asiático en una prueba de disciplina hemisférica, presionando a los países latinoamericanos para que aportaran tropas bajo un comando unificado dirigido por los Estados Unidos.
En una primera instancia, el gobierno argentino pareció dispuesto a acompañar esa estrategia. Circularon versiones sobre una eventual convocatoria a clases de reserva y la Cancillería respondió afirmativamente a un requerimiento del secretario general de las Naciones Unidas. Esa respuesta tomó estado público y generó una reacción inmediata en el plano interno .
Gremios, sectores de la oposición y amplios sectores del propio movimiento peronista rechazaron de manera explícita la posibilidad de una participación militar argentina en Corea. El conflicto era percibido como ajeno a los intereses nacionales y como incompatible con los principios doctrinarios del peronismo. Frente a ese escenario, Perón retrocedió. En julio de 1950 declaró públicamente que haría lo que el pueblo quería y que no se derramaría sangre argentina en una guerra lejana.
La contribución argentina quedó limitada al envío de alimentos. En el plano diplomático, el gobierno adoptó una postura cautelosa. Cuando la Asamblea General de la ONU autorizó el avance de las fuerzas al norte del paralelo 38, la Argentina se abstuvo de apoyar la resolución. Tampoco acompañó la posterior convocatoria para alistar tropas especiales.
La profundización del conflicto, con la intervención directa de China, derivó en la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las repúblicas americanas. Allí, la delegación argentina votó resoluciones generales de apoyo a las Naciones Unidas, pero evitó compromisos militares fuera del hemisferio. Se opuso a que los países americanos actuaran como un bloque disciplinado dentro de la ONU y, junto con México y Guatemala, bloqueó la creación de unidades militares especiales permanentes.
Además, la Argentina estableció una reserva clave: cualquier eventual empleo de efectivos militares debía contar con la aprobación del Congreso Nacional. Este requisito funcionó como un mecanismo institucional de freno a las presiones externas y reafirmó el control político interno sobre la política de defensa .
Tras estos episodios, las relaciones con Washington ingresaron en una nueva fase de distanciamiento. El Departamento de Estado descartó negociaciones en áreas sensibles como préstamos privados, exportaciones estratégicas y provisión de armamentos, mientras la prensa y el establishment norteamericano intensificaban su ofensiva política contra el régimen peronista.
La Guerra de Corea dejó al descubierto una contradicción central: el peronismo estaba dispuesto a realizar concesiones económicas para sostener el comercio y el financiamiento externo, pero no aceptaba una subordinación automática en el plano militar ni una alineación incondicional en la estrategia global de Estados Unidos. Ese límite consolidó la percepción norteamericana de la Argentina como un aliado ambiguo y poco confiable.
1953–1955: inversiones, petróleo y desenlace
En los últimos años del gobierno peronista, la estrategia económica reconoció de manera explícita los límites estructurales del proceso de industrialización sin financiamiento externo suficiente. El diagnóstico oficial identificó como factores centrales la insuficiencia de inversiones, la descapitalización y el agotamiento del esquema de sustitución de importaciones basado en industrias livianas. En ese marco, el gobierno planteó la necesidad de estimular la inversión de capitales extranjeros como complemento del capital privado nacional y del Estado, orientación que se expresó institucionalmente en la Ley de Inversiones Extranjeras de 1953.
Este giro no implicó un abandono del objetivo de autonomía económica, sino una reformulación pragmática frente a la crisis del sector externo. La escasez de divisas, la dependencia de insumos importados y la insuficiencia de la producción energética —especialmente de combustibles— empujaron al gobierno a priorizar áreas estratégicas como el petróleo. En ese contexto, los contratos petroleros adquirieron un papel central y comenzaron a transformarse en uno de los ejes principales de las relaciones económicas con los Estados Unidos, con un involucramiento activo de la diplomacia norteamericana en su promoción.
Desde la perspectiva estadounidense, este cambio de orientación abrió una oportunidad concreta. El nuevo gobierno republicano de Dwight Eisenhower, en el marco de una estrategia global más agresiva de la Guerra Fría, buscó reducir las fisuras de la hegemonía norteamericana en el continente, entre ellas la actitud distante y crítica de la Argentina frente a la política hemisférica de Washington. En consecuencia, el Departamento de Estado procuró aprovechar la debilidad económica argentina y el giro aperturista del peronismo para avanzar en dos frentes: fortalecer el sistema de seguridad interamericano y asegurar condiciones favorables para la expansión de las empresas estadounidenses en sectores estratégicos de la economía local.
Sin embargo, el nuevo curso bilateral no logró eliminar las contradicciones históricas. Persistieron los conflictos comerciales, en particular las restricciones estadounidenses a la importación de productos argentinos y la colocación de excedentes agrícolas subsidiados en el mercado mundial. Al mismo tiempo, la desconfianza política mutua no desapareció. La Conferencia Interamericana de Cancilleres celebrada en Caracas en 1954 dejó en evidencia los límites del acercamiento. Mientras Estados Unidos impulsó una agenda abiertamente anticomunista vinculada a la desestabilización del gobierno reformista de Guatemala, la delegación argentina intentó introducir el problema del colonialismo y el atraso estructural de América Latina. La Argentina optó por abstenerse de acompañar la resolución promovida por Washington, reafirmando su distancia frente a la lógica del alineamiento automático.
Tras la conferencia de Caracas, la hegemonía estadounidense en la región se consolidó mediante una serie de acontecimientos que modificaron el escenario político latinoamericano: el derrocamiento del gobierno guatemalteco con apoyo externo, el debilitamiento del nacionalismo brasileño tras el suicidio de Getúlio Vargas y la alineación diplomática de otros gobiernos de la región con Washington. En ese nuevo contexto, la política de “correcta amistad” hacia la Argentina se transformó progresivamente en una presión diplomática persistente orientada a eliminar las ambigüedades del gobierno peronista.
A comienzos de 1955, las relaciones económicas entre la Argentina y los Estados Unidos habían mejorado en términos formales, como lo evidenciaban las negociaciones petroleras, los anuncios de nuevas condiciones financieras para empresas estadounidenses y las visitas de jefes militares norteamericanos al país. No obstante, este acercamiento económico se combinó con un marcado debilitamiento político interno del gobierno peronista y con una creciente conflictividad social y política.
El golpe de Estado de septiembre de 1955 encontró al Departamento de Estado ante una encrucijada diplomática solo en apariencia. Aunque en los meses previos parecía haberse avanzado en la construcción de puentes con el gobierno de Perón, no existió ninguna vacilación a la hora de respaldar al nuevo régimen de facto. Tanto para el gobierno estadounidense como para su establishment, el cambio político operado en la Argentina era considerado favorable en términos globales. Esa actitud confirmó una evaluación largamente sostenida en Washington: las relaciones con el peronismo habían estado signadas más por el conflicto que por la armonía, y su desplazamiento del poder abría la posibilidad de un vínculo más previsible y alineado con los intereses estratégicos de los Estados Unidos.
La relación entre el peronismo y los Estados Unidos no fue ni una confrontación heroica permanente ni una subordinación dócil. Fue una relación estructuralmente desigual, atravesada por intentos de autonomía, dependencia económica y conflictos derivados de la inserción periférica de la Argentina en el capitalismo mundial. El aporte de Mario Rapoport permite desmontar simplificaciones y comprender que la tensión entre soberanía y dependencia no se resuelve en el plano discursivo, sino en la estructura económica.
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