La concesión por 25 años del mayor parque de ciencia y tecnología de América Latina expone la lógica de ajuste del gobierno de Javier Milei y reabre una disputa de poder donde el conocimiento deja de ser un derecho para convertirse en negocio.
Bajo el argumento de reducir el gasto público y “poner en valor” el predio, el oficialismo avanza con la privatización de Tecnópolis. La medida no sólo redefine el destino de un espacio emblemático de divulgación científica, sino que condensa una concepción de país donde la ciencia, la cultura y el acceso al conocimiento quedan subordinados a la rentabilidad y a las pujas empresariales.
La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con la concesión de Tecnópolis no es un hecho aislado ni un trámite administrativo más. Es un gesto político de enorme densidad simbólica. A través de la Resolución 98/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el oficialismo puso en marcha el proceso para entregar el uso y la explotación del predio de Villa Martelli por 25 años, con posibilidad de prórroga. En términos concretos, se trata de ceder a un privado casi 510 mil metros cuadrados que durante más de una década funcionaron como el mayor espacio público, gratuito y masivo de ciencia, tecnología, arte y cultura de toda la región.
El lenguaje técnico de la resolución es prolijo, exhaustivo y deliberadamente aséptico. Habla de “concesión de uso y explotación comercial”, de “actividades recreativas, de esparcimiento, ocio y recreación”, de cánones mensuales, seguros contra incendio y procedimientos electrónicos en el sistema COMPR.AR. Todo suena ordenado, racional, moderno. Pero detrás de esa prosa burocrática se esconde una definición política mucho más cruda: el Estado se retira de la producción y la democratización del conocimiento, y deja ese terreno en manos del mercado.
Tecnópolis no fue, ni es, un parque de diversiones cualquiera. Nació en 2011 como una política pública deliberada para acercar la ciencia y la tecnología a millones de personas que, de otro modo, difícilmente hubieran tenido contacto con ese mundo. Gratuito, masivo, estatal. Tres palabras que hoy parecen malas palabras para un gobierno que mide todo en términos de “gasto” y “rentabilidad”. La reapertura en 2022, luego del desmantelamiento sufrido durante el macrismo, había demostrado que el proyecto seguía vivo, que seguía funcionando y que seguía despertando interés, curiosidad y vocaciones.
Diego Golombek lo dice sin rodeos: lo que el gobierno busca con la privatización es sacarse de encima lo que considera un gasto, cuando en realidad se trata de una inversión estratégica. No sólo en términos científicos, sino sociales y culturales. Tecnópolis fue un hito de la comunicación pública de la ciencia en Argentina precisamente porque era pública y gratuita. Porque no estaba pensada para el cliente, sino para el ciudadano. Cambiar ese modelo implica cambiarlo todo. Un concesionario privado, por definición, prioriza el lucro. La lógica empresarial no es compatible con la lógica de la inclusión universal.
La experiencia concreta de quienes trabajaron allí lo confirma. Nadia Chiaramoni recuerda su paso por el stand del Conicet y por los shows de stand up científico en la Nave de la Ciencia, un auditorio para mil personas. Recuerda a jóvenes de sectores populares que se acercaban por primera vez a la astronomía, a la matemática, a la biología. Recuerda a padres emocionados, a adolescentes que descubrían que la ciencia también podía ser para ellos. Esa escena, tan simple y tan potente, difícilmente encaje en un esquema donde cada actividad deba justificar su existencia en términos de rentabilidad económica.
La resolución oficial establece un canon mensual inicial de 611 millones de pesos y fija como objetivo que el predio sea utilizado para actividades recreativas y de ocio, con la posibilidad de sumar propuestas culturales, talleres y programas de integración comunitaria. En el papel, todo parece equilibrado. En la práctica, el propio gobierno ya dio señales claras del rumbo: desde la llegada de Milei, Tecnópolis fue cerrada, alquilada para eventos privados y sufrió una reducción de personal superior al 30 por ciento. De 333 trabajadores quedaron apenas 198. El vaciamiento precede a la privatización; no es un error, es un método.
El discurso oficial insiste en que la concesión permitirá “poner en valor” el predio sin generar nuevas erogaciones para el Estado. Es una fórmula conocida. Lo que no se dice es qué se pierde cuando el Estado se corre. Se pierde capacidad de orientar contenidos, de garantizar el acceso gratuito, de pensar la ciencia como herramienta de desarrollo y no como espectáculo. Se pierde, sobre todo, la posibilidad de que el conocimiento funcione como igualador social en un país atravesado por desigualdades estructurales.
Pero la historia no termina en la dicotomía Estado-mercado. La privatización de Tecnópolis también abrió una nueva batalla en la interna del poder económico y mediático. La licitación del predio, de más de 54 hectáreas, se convirtió en un terreno de disputa entre el gobierno y la unión transitoria de empresas que integran el Grupo Clarín y el diario La Nación, viejos socios en negocios millonarios. Los cortísimos plazos para presentar ofertas, las sospechas de direccionamiento y las acusaciones cruzadas revelan que, detrás del discurso del libre mercado, persisten prácticas opacas y relaciones privilegiadas.
Desde el oficialismo niegan cualquier favoritismo y se presentan como cruzados morales contra las “operaciones” mediáticas. Sin embargo, la propia dinámica del proceso despierta dudas legítimas. El antecedente de Costa Salguero, donde la misma UTE se quedó con una concesión multimillonaria pese a no ofrecer el canon más alto, alimenta la sospecha de que el libre mercado funciona, una vez más, con reglas elásticas para los jugadores más poderosos.
En ese contexto, Tecnópolis aparece menos como un espacio cultural que como una ficha en un tablero de disputas entre gigantes. El gobierno asegura que no quiere un estadio y que pretende preservar la “esencia comunitaria” del predio, pero al mismo tiempo insiste en que debe ser gestionado por privados para dejar de ser “costoso” para el Estado. La contradicción es evidente. Si la esencia es comunitaria, ¿por qué entregarla a una lógica que no reconoce lo comunitario como valor en sí mismo?
La privatización de Tecnópolis condensa, en definitiva, una concepción de país. Un país donde la ciencia no es política de Estado sino un rubro más a concesionar. Donde el acceso al conocimiento deja de ser un derecho garantizado y pasa a depender de la capacidad de pago, directa o indirecta. Donde la cultura científica se reduce a entretenimiento rentable y pierde su potencia transformadora.
No se trata de idealizar el pasado ni de negar las complejidades de gestionar un predio de semejante magnitud. Tecnópolis tuvo aciertos y errores, momentos de esplendor y etapas de abandono. Pero la respuesta a esas dificultades no puede ser la retirada lisa y llana del Estado. Menos aún en un contexto donde el sistema científico argentino sufre recortes, desfinanciamiento y un ataque discursivo permanente desde el poder.
El gobierno de Javier Milei insiste en presentar estas decisiones como inevitables, casi naturales. Como si no hubiera alternativas. Como si privatizar fuera la única forma posible de gestionar. Esa narrativa oculta una elección ideológica clara: reducir el Estado a su mínima expresión y confiar en que el mercado resolverá lo que el Estado deja vacante. La historia reciente de Tecnópolis demuestra lo contrario. Cuando el Estado se hizo cargo, millones de personas accedieron a la ciencia. Cuando se retiró, el predio se vació.
La concesión por 25 años no es un detalle menor. Es una generación entera sin un Tecnópolis público, gratuito y pensado como política de inclusión. Es una apuesta a largo plazo por un modelo que concibe la ciencia como costo y no como inversión. Frente a eso, la pregunta ya no es sólo quién se quedará con el negocio, sino qué país se está construyendo cuando el conocimiento deja de ser un bien común y se transforma en mercancía.
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