Trump, el poder sin reglas y la herencia del “Espacio Vital”

Cuando la fuerza vuelve a presentarse como derecho en la política internacional

La política internacional no se explica únicamente por decisiones coyunturales, exabruptos discursivos o gestos diplomáticos aislados. Se estructura, ante todo, sobre ideas profundas acerca del poder, del territorio y del valor real de las reglas comunes. Desde esa perspectiva, resulta legítimo y necesario sostener una hipótesis incómoda: la política exterior de Donald Trump expresa una visión del mundo compatible, en su lógica estructural, con la Teoría del Espacio Vital, en tanto ambas comparten una premisa central y peligrosa: el poder autoriza, la fuerza legitima y el interés propio se impone por encima de cualquier norma colectiva.

La Teoría del Espacio Vital, formulada a fines del siglo XIX por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel, partía de una analogía que hoy resulta inquietante por su persistencia. El Estado era concebido como un organismo vivo que necesitaba expandirse para sobrevivir. El territorio no aparecía como un límite jurídico ni como un espacio compartido entre comunidades políticas soberanas, sino como una fuente de energía indispensable. Cuando ese espacio resultaba insuficiente, la expansión dejaba de ser una decisión política discutible para convertirse en una supuesta ley natural. En ese esquema, los Estados más fuertes avanzaban y los más débiles retrocedían o quedaban subordinados. La desigualdad entre naciones no era un problema a resolver, sino un dato estructural del orden mundial.

Esa matriz teórica, atravesada por el darwinismo social y el determinismo geográfico, fue luego radicalizada y llevada a su forma más extrema por el régimen de la Alemania Nazi, donde el concepto de Lebensraum se transformó en justificación ideológica de la conquista, la colonización y el genocidio. Allí quedó sellada su asociación histórica con el horror. Sin embargo, lo que no desapareció con la derrota militar del nazismo fue la idea matriz que lo sostenía: la noción de que el poder no necesita límites morales ni reglas externas, porque su propia capacidad de imponerse lo legitima.

Donald Trump nunca citó a Ratzel ni reivindicó explícitamente ninguna teoría geopolítica clásica. No lo necesitó. Su política exterior se apoyó en una concepción mucho más directa y, por eso mismo, eficaz en términos políticos: el mundo es una competencia permanente entre ganadores y perdedores, y Estados Unidos no puede permitirse perder. Desde esa premisa, el multilateralismo aparece como una trampa, los organismos internacionales como obstáculos y las reglas comunes como compromisos revocables cuando dejan de servir al interés nacional estadounidense.

Durante su presidencia, Trump expresó de manera sistemática su desprecio por los acuerdos colectivos, debilitó alianzas históricas y convirtió el peso económico, financiero y militar de Estados Unidos en una herramienta explícita de disciplinamiento global. No buscó expandirse mediante conquistas territoriales clásicas, pero sí a través de una lógica de control indirecto que redefine el concepto mismo de expansión. En este esquema, no hace falta ocupar un territorio con tropas si se puede condicionar su economía, su política exterior o su margen de decisión soberana.

Es en este punto donde las declaraciones de Trump sobre Greolandia y Canada adquieren una relevancia central y dejan de ser simples provocaciones mediáticas. Cuando el entonces presidente de Estados Unidos planteó la posibilidad de “comprar” Groenlandia, lo hizo con la naturalidad de quien evalúa la adquisición de un activo estratégico. Groenlandia no aparecía en su discurso como una sociedad con derechos políticos propios, sino como un espacio valioso por su posición en el Ártico, por el control de rutas marítimas emergentes y por su potencial en recursos minerales críticos. El mensaje fue inequívoco: si un territorio resulta estratégico para la seguridad y la proyección de poder estadounidense, su control se vuelve legítimo. La soberanía, la historia y la voluntad de sus habitantes quedan relegadas frente a la lógica del interés.

Algo similar ocurre con las reiteradas declaraciones de Trump, a veces presentadas como bromas y otras como advertencias, sobre la posibilidad de anexar Canadá. Más allá del tono, esas afirmaciones cumplen una función política precisa: normalizar la idea de que incluso aliados históricos pueden ser absorbidos o subordinados si el equilibrio de poder lo permite. Canadá aparece, en ese relato, no como un Estado soberano plenamente autónomo, sino como una extensión natural del espacio de seguridad y prosperidad estadounidense. La frontera deja de ser un límite jurídico inviolable para convertirse en una convención contingente, revisable por la fuerza o la presión.

Esta lógica de poder no se expresa únicamente hacia afuera. También se proyecta hacia adentro. Aquí resulta fundamental incorporar la política inmigratoria impulsada por Trump y ejecutada a través del ICE. Las redadas, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas y la criminalización sistemática del migrante no pueden leerse solo como medidas administrativas de control fronterizo. Constituyen la traducción interna de la misma concepción jerárquica del orden: hay vidas plenamente protegidas por el Estado y otras vidas reducidas a una condición precaria, prescindible y expulsable.

El inmigrante irregular es presentado como una amenaza, un excedente humano sin derechos plenos, cuya permanencia depende exclusivamente de la conveniencia del Estado fuerte. No es un sujeto político, sino un problema a eliminar, desplazar o administrar. En este punto, el paralelismo con la lógica del Espacio Vital se vuelve evidente. Ya no se trata de conquistar territorios externos, sino de redefinir quién tiene derecho a habitar el propio territorio. El espacio no se expande hacia afuera; se “limpia” hacia adentro.

El reciente episodio en el que una persona perdió la vida en el marco de un operativo o persecución vinculada a esta política no puede ser reducido a un incidente aislado. Cuando el Estado asume que ciertos grupos quedan fuera del pacto pleno de derechos, la violencia deja de ser una excepción y se convierte en una consecuencia estructural. No hace falta una doctrina explícita de exterminio para producir muertes evitables; alcanza con una lógica sostenida de deshumanización, persecución y suspensión selectiva del derecho.

Es fundamental marcar las diferencias históricas para no caer en analogías burdas. Trump no impulsó doctrinas raciales de exterminio ni promovió guerras totales de conquista. Esas diferencias son reales, sustantivas y no deben borrarse. Pero reconocerlas no invalida la hipótesis central. La compatibilidad conceptual existe porque ambos esquemas parten de una misma concepción del mundo: un orden internacional y social jerárquico, competitivo y estructuralmente desigual, donde la fuerza reemplaza a la norma y el interés propio se eleva a principio organizador del sistema.

La historia del siglo XX mostró hasta dónde puede llegar esta lógica cuando se la naturaliza y se la presenta como inevitable. El Lebensraum fue su expresión más brutal y sangrienta. El trumpismo representa una versión adaptada al siglo XXI, donde la expansión se ejerce a través de sanciones, mercados, finanzas, coerción diplomática y control interno de poblaciones consideradas sobrantes. Cambian las formas, cambian los lenguajes, pero persiste la misma pendiente peligrosa. Cada vez que el poder se presenta como derecho y la vida humana como variable de ajuste, el orden político se desliza un poco más hacia la ley de la selva. Y la historia demuestra, una y otra vez, que ese camino nunca termina bien.

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