Mientras el Gobierno celebra estabilidad y obediencia externa, el BCRA cancela una deuda con Estados Unidos cuya activación nunca fue informada. El relato oficial se desarma entre opacidad, ganancias para Washington y preguntas que nadie responde.
La cancelación anticipada de las operaciones con el Tesoro de Estados Unidos expuso una trama financiera opaca, políticamente condicionada y funcional a la agenda de Javier Milei. No hubo swap como se anunció, no hubo refuerzo real de reservas y sí hubo ganancias para Estados Unidos. El Banco Central pagó, el Congreso no fue informado y la sospecha crece: el swap nunca existió como tal.
El Banco Central de la República Argentina informó que en diciembre de 2025 canceló un tramo de las operaciones financieras realizadas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La noticia fue presentada como un gesto de normalidad financiera, de solvencia técnica y de cumplimiento responsable. Pero apenas se rasca la superficie del comunicado, lo que aparece no es orden sino una secuencia de sombras, silencios y decisiones políticas tomadas a espaldas del Congreso y de la sociedad.
La operación cancelada formaba parte del llamado “acuerdo de estabilización cambiaria” por hasta 20.000 millones de dólares, anunciado en octubre, a días de las elecciones de medio término. Según la versión oficial, ese acuerdo funcionaba como un swap de monedas que fortalecía las reservas y garantizaba estabilidad. En los hechos, ese swap nunca apareció en el balance del Central, nunca se informó su activación y nunca se vio reflejado un ingreso bruto acorde a semejante monto. El paraguas era discursivo; la lluvia, bien real.
Lo que sí ocurrió fue una intervención directa del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino. Cerca de 2.000 millones de dólares fueron vendidos cuando el tipo de cambio presionaba el techo de la banda y recomprados luego de las elecciones a un valor inferior. En el medio, Estados Unidos ganó dólares y ganó tasa en pesos, porque Economía entregó instrumentos financieros que rindieron. Un negocio redondo, celebrado sin pudor por el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, que habló de “decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense” y de un logro de la doctrina “América Primero”.
La segunda pata de la operatoria fue un préstamo de Derechos Especiales de Giro por 860 millones de dólares para pagar un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional. Ese auxilio debía estar acompañado por un desembolso del propio Fondo que nunca llegó. La revisión sigue postergada, la meta de reservas sigue incumplida por más de 15.000 millones de dólares y la supuesta tranquilidad financiera se sostiene con alfileres. Si el swap era de 20.000 millones, ¿dónde están? ¿Por qué no impactaron en las reservas? ¿Por qué se cancela algo que nunca se informó como activo?
Las preguntas no vienen solo de la oposición local. El Congreso de los Estados Unidos, a través de su servicio de investigación legislativa, calificó la operación como un “apoyo inusual” y reclamó mayor información. Los técnicos norteamericanos advirtieron riesgos de devaluación o default y señalaron que un swap de esa magnitud debía pasar por el parlamento de su país. El corset político se cerró sobre Bessent, y la salida fue acelerar la cancelación, mostrar resultados y evitar auditorías incómodas sobre el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria.
En Argentina, la diputada Julia Strada presentó un pedido de informes para que el titular del Banco Central explique de dónde salieron los fondos utilizados para cancelar la operación y por qué ese pago no se reflejó en una baja de las reservas internacionales. La pregunta es tan simple como inquietante: si se pagó, ¿con qué se pagó? ¿Hubo nueva deuda? ¿A qué tasa? ¿Con qué garantías? ¿Se usaron líneas de organismos internacionales para maquillar los números?
Strada fue más allá y puso el dedo en la llaga: nunca se anunció la activación del swap. Solo se comunicó su firma. Cancelar un swap que nunca se supo operativo no es un tecnicismo, es un problema político e institucional de primer orden. Implica que el Banco Central ejecutó operaciones financieras internacionales de magnitud significativa sin información pública suficiente, sin control parlamentario y sin explicaciones claras sobre su impacto en la política monetaria y en la soberanía financiera.
La opacidad no es un daño colateral: es parte del diseño. El propio Gobierno calificó la operación como de “extrema confidencialidad”. No hay detalles sobre plazos, tasas, instrumentos ni contrapartes. No hay actas públicas ni comparecencias ante el Congreso. La respuesta oficial a pedidos de información anteriores fue declarar la “reserva parcial” de los datos, incumpliendo el deber legal del Central de informar sobre sus operaciones.
En ese contexto, la cancelación de las maniobras agrega un dato incómodo: se realizó utilizando recursos computables bajo normas de Basilea, lo que implica que hubo rendimiento financiero. No fue una asistencia neutra ni solidaria. Alguien ganó dinero. Y si hubo ganancia, el respaldo no puede ser etéreo. En el mercado, la mirada se posa sobre el oro del Banco Central, ese activo sensible cuyo destino genera cada vez más rumores y menos certezas. Caputo y Bausili tienen la oportunidad de aclarar, pero eligen el silencio.
Mientras tanto, el relato oficial insiste en mostrar fortaleza. El dólar mayorista sube, el minorista rebota, las reservas cierran en 44.396 millones tras compras puntuales del Central y el riesgo país no acompaña el supuesto orden. Los bonos caen, la desconfianza persiste y el mercado lee lo que el discurso intenta tapar: no hay ancla sólida, hay intervención discrecional y endeudamiento encubierto.
Scott Bessent no dejó lugar a dudas sobre el sentido político de la operación. Dijo que Trump está “transformando a América Latina en formas que priorizan a Estados Unidos” y que estabilizar a un aliado fuerte, generando ganancias para su país, es un gran logro. En criollo: Estados Unidos puso dólares para ordenar el escenario electoral argentino, ganó plata y condicionó la política económica. Milei aceptó las reglas, rompió con China como exigían las condicionalidades y profundizó el marco desregulatorio.
La paradoja es brutal. Un gobierno que se llena la boca hablando de soberanía individual, libertad de mercado y fin de la casta, ejecuta operaciones financieras opacas, se subordina a decisiones externas y evita deliberadamente el control democrático. El swap que no fue swap, la deuda que se paga sin bajar reservas y la confidencialidad elevada a dogma no son errores de comunicación. Son señales de un modelo que privilegia el alineamiento geopolítico y la ganancia ajena por sobre la transparencia y el interés nacional.
Reconocer la complejidad del entramado financiero internacional no implica naturalizar el secreto ni aceptar que todo vale en nombre de la estabilidad. Justamente porque el escenario es delicado, porque las reservas son escasas y porque la economía camina por la cornisa, la sociedad tiene derecho a saber qué se firmó, qué se activó, qué se pagó y con qué costo futuro.
Hoy, la única certeza es incómoda: el Banco Central canceló una deuda con Estados Unidos que se presentó como swap pero funcionó como intervención política y negocio financiero para Washington. Lo demás son preguntas abiertas, balances que no cierran y una sensación persistente de que, detrás del discurso libertario, se esconde una dependencia cada vez más explícita. Y cuando la soberanía se negocia en silencio, el precio siempre lo termina pagando el mismo: el pueblo argentino.
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