Desde el siglo XVIII hasta el presente, el poder norteamericano recurrió una y otra vez a dispositivos de violencia selectiva que no respondían a los principios universales que el propio Estado decía defender. En ese linaje se inscribe hoy el Immigration and Customs Enforcement (ICE), lejos de ser una anomalía contemporánea.
Las patrullas de esclavos: el origen real de la violencia “legal”
Las patrullas de esclavos constituyeron el primer dispositivo sistemático de violencia parapolicial en la historia de Estados Unidos y, al mismo tiempo, uno de los menos problematizados por el relato liberal clásico. En el sur esclavista, estos grupos armados de hombres blancos —muchas veces propietarios o miembros de milicias locales— contaban con autorización explícita de las autoridades coloniales y estatales para vigilar caminos, plantaciones y poblados. Su función central no era la persecución del delito, sino el control permanente de una población definida jurídicamente como propiedad. Disciplinar cuerpos, impedir fugas, disolver reuniones, castigar la desobediencia y sembrar el terror eran prácticas habituales, ejercidas sin mediación judicial ni garantías mínimas.
Estas patrullas no operaban en los márgenes del sistema, sino en su núcleo. La ley no las regulaba para limitarlas, sino para habilitarlas. El orden jurídico esclavista partía de una premisa fundamental: la existencia de un grupo humano excluido del estatuto pleno de derechos, sobre el cual la violencia preventiva no solo era tolerada, sino necesaria. Allí se consolidó una matriz política de largo alcance: cuando el Estado define a un sector social como amenaza estructural para el orden económico, la suspensión de derechos deja de ser una excepción y se transforma en norma.
Ese mismo razonamiento reaparece, con otro lenguaje y otros cuerpos, en el accionar contemporáneo del Immigration and Customs Enforcement (ICE), especialmente durante la presidencia de Donald Trump. Bajo su gobierno, ICE fue explícitamente potenciada como herramienta central de control social. Las redadas masivas, las detenciones sin causa penal, la separación de familias y el encarcelamiento administrativo de migrantes no respondían a un aumento del delito, sino a una decisión política de criminalizar una condición social: la migración pobre y mayoritariamente latinoamericana.
Al igual que las patrullas de esclavos, ICE no actúa a partir de hechos individuales, sino sobre identidades colectivas. No persigue delitos concretos, sino presencias consideradas indeseables. En ambos casos, el dispositivo funciona de manera preventiva y ejemplificadora: no se castiga lo que alguien hizo, sino lo que alguien es. La figura del “esclavo fugitivo” del siglo XIX y la del “inmigrante ilegal” del siglo XXI cumplen una función análoga dentro del orden económico estadounidense: marcar un límite social, racial y laboral.
Durante la era Trump, este paralelismo se volvió aún más evidente. El discurso presidencial dejó de disimular la lógica histórica y la expresó sin rodeos. La migración fue presentada como invasión, amenaza y desorden; ICE, como fuerza necesaria para “restaurar la ley”. En los hechos, esa restauración implicó la ampliación de poderes discrecionales, la reducción del control judicial y la normalización del miedo como herramienta de gobierno. Tal como ocurría con las patrullas esclavistas, la violencia no era un exceso del sistema, sino una de sus condiciones de funcionamiento.
ICE, como aquellas patrullas fundacionales, cumple una tarea que el Estado liberal no puede asumir abiertamente sin contradecir su propio discurso de igualdad ante la ley. Por eso opera en una zona ambigua: formalmente legal, materialmente excepcional. No es una desviación autoritaria dentro de una democracia ejemplar, sino la continuidad histórica de un modelo que siempre necesitó cuerpos sin derechos para sostener su acumulación.
Perfecto. Amplío el apartado, profundizando el paralelismo histórico y explicitando el vínculo con ICE durante el trumpismo, manteniendo texto corrido, sin punteos y con mayor densidad conceptual.
Vigilantes: justicia privada y orden social sin garantías
Durante el siglo XIX, especialmente en los territorios del oeste en expansión y en ciudades atravesadas por rápidos procesos de crecimiento económico, surgieron los grupos de vigilantes y los llamados Committees of Vigilance. Su aparición suele explicarse como una respuesta espontánea al “vacío de autoridad” o a la supuesta incapacidad del Estado para garantizar el orden. Sin embargo, una mirada histórica más rigurosa demuestra que no se trató de una ausencia estatal, sino de una decisión política deliberada de tolerar —y en muchos casos promover— formas de violencia extralegal allí donde el conflicto social amenazaba intereses económicos concretos.
Los vigilantes asumieron funciones policiales y judiciales sin ningún tipo de legitimidad democrática. Detenían, expulsaban y ejecutaban sin juicio, estableciendo un régimen de excepción permanente. Su noción de “orden” no se basaba en derechos universales, sino en una moral social jerárquica: proteger la propiedad, disciplinar a los sectores populares, expulsar a pobres, migrantes, disidentes políticos o raciales. La ley no los controlaba; los amparaba por omisión. Actuaban en nombre de la comunidad, pero respondían a las élites comerciales, terratenientes y financieras locales.
Lejos de ser expresiones caóticas o marginales, los vigilantes constituyeron un mecanismo informal de gobierno, una forma de justicia privatizada que permitía imponer decisiones sin atravesar los límites del sistema judicial formal. En ese sentido, no competían con el Estado: hacían el trabajo que el Estado no podía —o no quería— asumir públicamente sin erosionar su legitimidad liberal.
Ese mismo esquema reaparece hoy en el funcionamiento del Immigration and Customs Enforcement (ICE), especialmente bajo la presidencia de Donald Trump. Durante su gobierno, ICE fue convertida en una herramienta de intervención directa, rápida y espectacular, orientada a producir miedo más que justicia. Las redadas masivas en lugares de trabajo, barrios y rutas no respondían a investigaciones judiciales complejas, sino a operativos administrativos que eludían el sistema penal ordinario, reduciendo al mínimo las instancias de defensa legal.
Como los vigilantes del siglo XIX, ICE actúa sobre la base de una presunción colectiva de culpabilidad. No se parte de un delito probado, sino de una condición social sospechosa. El procedimiento es similar: detención, traslado, expulsión. Todo ocurre en un circuito acelerado que reduce el control judicial y convierte la legalidad en un trámite burocrático. De este modo, la violencia se vuelve impersonal, técnica y aparentemente neutral, aunque su impacto social sea profundamente selectivo.
Durante el trumpismo, este paralelismo se volvió explícito también en el plano discursivo. El presidente alentó abiertamente una retórica de “ley y orden” que legitimó prácticas excepcionales. ICE no reemplazó al Estado de derecho; operó como su zona gris, como el espacio donde el Estado podía actuar con dureza sin hacerse plenamente responsable de las consecuencias políticas y humanas de sus decisiones. Tal como ocurría con los vigilantes, la coerción se presentaba como necesidad moral antes que como problema legal.
Así como los Committees of Vigilance permitieron a las élites del siglo XIX imponer un orden social sin pasar por tribunales, ICE cumple hoy una función equivalente en el capitalismo contemporáneo: garantizar disciplina social y laboral mediante la amenaza permanente de expulsión. No se trata de una anomalía autoritaria, sino de una continuidad histórica. Estados Unidos no abandonó la justicia privada ni la violencia extralegal; simplemente las integró a su aparato estatal bajo nuevas formas y nuevos nombres.
Perfecto. Amplío el apartado con mayor densidad histórica, reforzando el paralelismo estructural con ICE, especialmente en el marco del trumpismo, manteniendo texto corrido, sin punteos y con tono crítico.
Pinkertons: la violencia privatizada al servicio del capital
La Pinkerton National Detective Agency encarnó como ninguna otra fuerza la fusión directa entre capital y violencia organizada en la historia de Estados Unidos. Surgida en el siglo XIX y contratada por grandes empresas industriales, ferroviarias y mineras, operó como una auténtica policía privada con capacidades que excedían largamente la seguridad patrimonial. Espionaje, infiltración sindical, listas negras, provocaciones y represión armada formaban parte de su repertorio habitual. Su función no era garantizar el orden público, sino defender la rentabilidad del capital frente a la organización obrera.
En conflictos laborales de gran escala, como el Homestead Strike, los Pinkertons actuaron abiertamente como un ejército patronal. Desembarcaron armados, enfrentaron a trabajadores en huelga y dejaron un saldo de muertos y heridos, todo bajo el discurso de la “libertad de trabajo”, una noción que en la práctica significaba el derecho del empresario a producir sin interferencias sociales. El Estado, lejos de frenar estas prácticas, las toleró e incluso las complementó, mostrando con claridad que la violencia privada no era una anomalía del sistema, sino uno de sus soportes.
El rol que cumple hoy el Immigration and Customs Enforcement (ICE) guarda una analogía estructural con aquel modelo, aunque el sujeto disciplinado haya cambiado. Mientras los Pinkertons fueron diseñados para quebrar la organización obrera industrial, ICE opera sobre la fuerza de trabajo migrante, uno de los pilares silenciosos del capitalismo contemporáneo estadounidense. La amenaza permanente de detención y deportación funciona como un mecanismo de control laboral extremadamente eficaz, capaz de mantener salarios bajos, impedir reclamos y desalentar cualquier forma de sindicalización.
Durante la presidencia de Donald Trump, esta función se volvió más explícita. El endurecimiento del régimen migratorio no solo respondió a una agenda ideológica xenófoba, sino también a una lógica económica precisa: producir una población trabajadora hiperprecarizada, siempre disponible y siempre reemplazable. ICE, en ese contexto, actuó como una fuerza disciplinadora indirecta del mercado laboral. No persigue delitos laborales ni protege derechos: produce miedo, y ese miedo se traduce en obediencia.
Al igual que los Pinkertons, ICE no es una agencia neutral. Su accionar no puede entenderse al margen de las relaciones de producción. Así como la represión antisindical del siglo XIX permitió consolidar el capitalismo industrial norteamericano, la persecución sistemática de migrantes permite hoy sostener sectores enteros de la economía —agroindustria, construcción, servicios— sobre una base de trabajo vulnerable y silencioso. En ambos casos, la violencia cumple una función económica antes que jurídica.
La diferencia principal no es de naturaleza, sino de forma. Los Pinkertons actuaban como fuerza privada contratada directamente por el capital. ICE actúa como agencia estatal, pero cumple una tarea funcionalmente equivalente: garantizar disciplina laboral allí donde los derechos resultarían un obstáculo para la acumulación. El paso del ejército patronal privado a la agencia estatal no implica una superación del modelo, sino su perfeccionamiento institucional.
En ese sentido, ICE representa la versión contemporánea de una tradición histórica profundamente arraigada en Estados Unidos: cuando el conflicto social amenaza la ganancia, la ley se adapta y la violencia se normaliza. Cambian los nombres, cambian los uniformes, pero la lógica permanece intacta.
Perfecto. Desarrollo el apartado con mayor profundidad histórica y conceptual, reforzando el paralelismo entre el Ku Klux Klan y ICE como dispositivos de control racial, con foco en su reactualización durante el trumpismo, en texto corrido y sin punteos.
Ku Klux Klan: parapolicía racial y orden social por fuera de la ley
El Ku Klux Klan no fue un simple grupo de fanáticos racistas ni una desviación marginal del sistema político estadounidense. Desde su surgimiento tras la Guerra Civil y, sobre todo, durante la Reconstrucción y el resurgimiento masivo de los años veinte, el Klan funcionó como una auténtica fuerza parapolicial racial, destinada a garantizar por medios extralegales un orden social que el Estado ya no podía sostener abiertamente. Sus acciones —patrullajes nocturnos, linchamientos, amenazas, incendios y asesinatos— no eran episodios aislados de violencia irracional, sino mecanismos sistemáticos de disciplinamiento colectivo.
El Klan operaba allí donde la ley formal reconocía derechos que el orden social dominante no estaba dispuesto a aceptar. Frente al avance del sufragio afroamericano, la integración escolar o la participación política de ex esclavos, el Klan actuó como brazo informal del Estado racial, muchas veces en coordinación directa con sheriffs, jueces, policías y autoridades locales. La impunidad era la regla. La frontera entre legalidad e ilegalidad se volvía deliberadamente difusa, porque lo que estaba en juego no era el respeto a la ley, sino la preservación de una jerarquía racial.
Esta lógica de control no apuntaba a castigar delitos concretos, sino a producir terror social preventivo. El linchamiento no era solo un asesinato: era un mensaje político. El objetivo no era la víctima individual, sino la comunidad entera. El Klan funcionó así como una fuerza de “orden” paralela, encargada de imponer por la violencia lo que la democracia formal ya no podía justificar sin contradicción.
Ese mismo principio estructural reaparece hoy, bajo formas institucionales y discursivas distintas, en el accionar del Immigration and Customs Enforcement (ICE). Especialmente durante la presidencia de Donald Trump, ICE fue convertida en una herramienta central de control racial, aunque revestida de lenguaje administrativo y legal. La migración fue presentada como amenaza cultural, criminal y demográfica; la persecución migratoria, como defensa del “orden” y la “identidad nacional”.
Al igual que el Klan, ICE no actúa principalmente sobre individuos aislados, sino sobre colectivos racializados. El foco no está en lo que una persona hizo, sino en quién es, de dónde viene y cómo se ve. Las redadas en barrios latinos, las detenciones en lugares de trabajo y las deportaciones masivas cumplen una función simbólica semejante a la del terror klanista: marcar cuerpos, trazar fronteras sociales y reforzar jerarquías raciales.
Durante el trumpismo, esta continuidad se volvió explícita en el plano discursivo. El propio presidente alentó una retórica de estigmatización que legitimó prácticas excepcionales. ICE actuó entonces como la versión estatal y burocratizada de un viejo dispositivo racial, capaz de producir miedo sin necesidad de linchamientos públicos. La violencia ya no se ejerce con sogas y capuchas, sino con formularios, centros de detención y procedimientos administrativos acelerados. El resultado, sin embargo, es funcionalmente similar: exclusión, disciplinamiento y silenciamiento.
La diferencia entre el Ku Klux Klan y ICE no es de lógica, sino de forma histórica. El primero operaba desde la clandestinidad violenta; el segundo desde la institucionalidad legal. Pero ambos cumplen una misma función estructural: garantizar un orden racial cuando la igualdad jurídica amenaza con desbordarlo. Allí donde el discurso liberal proclama derechos universales, aparece la excepción racializada.
ICE, en este sentido, no representa una ruptura con el pasado, sino su actualización. Así como el Klan permitió sostener la supremacía blanca en un contexto de ampliación formal de derechos, ICE permite hoy sostener un sistema de jerarquías raciales y laborales en un capitalismo que necesita mano de obra migrante, pero sin derechos plenos. La violencia ya no se ejerce al margen del Estado, sino desde su interior, con el mismo objetivo de siempre: preservar el orden social mediante el miedo.
ICE como síntesis histórica de la violencia “legal” estadounidense
El Immigration and Customs Enforcement (ICE) no es una anomalía del presente ni una desviación coyuntural provocada por un liderazgo político determinado. Es, en sentido estricto, la síntesis histórica de una larga tradición de dispositivos de coerción selectiva que Estados Unidos desplegó cada vez que el orden social, racial o económico se vio amenazado. En ICE confluyen —ya no como prácticas dispersas, sino como arquitectura institucional— las lógicas que antes operaron fragmentadas: la violencia preventiva de las patrullas de esclavos, la justicia extralegal de los vigilantes, la represión laboral privatizada de los Pinkertons y el control racial paraestatal del Ku Klux Klan.
De las patrullas esclavistas hereda el principio fundante: perseguir una condición social antes que un delito, convertir la identidad en sospecha permanente y normalizar la suspensión de derechos como mecanismo de gobierno. De los vigilantes retoma la capacidad de actuar en una zona gris donde el procedimiento importa menos que el resultado, donde la legalidad se reduce a un trámite administrativo que acelera expulsiones y desalienta resistencias. De los Pinkertons incorpora la función económica de la violencia, entendida no como castigo, sino como herramienta para disciplinar la fuerza de trabajo y sostener la rentabilidad mediante el miedo. Del Ku Klux Klan absorbe, ya sin capuchas ni linchamientos públicos, la lógica del control racial, la demarcación de cuerpos “indeseables” y la producción de terror social ejemplificador.
La novedad de ICE no reside en su lógica, sino en su grado de institucionalización. A diferencia de esos dispositivos históricos —a menudo informales, privados o clandestinos— ICE opera desde el corazón del Estado, con presupuesto federal, cadena de mando y retórica legalista. Esa formalización no atenúa la violencia: la vuelve más eficiente, menos visible y políticamente más defendible. Donde antes había sogas, hoy hay formularios; donde había patrullajes nocturnos, hoy hay redadas al amanecer; donde había ejércitos patronales, hoy hay detenciones administrativas. El efecto social es el mismo: disciplinar, excluir y silenciar.
Durante el trumpismo, esta síntesis quedó expuesta sin eufemismos. La retórica de “ley y orden” no fue un retorno al Estado de derecho, sino la reactivación explícita del Estado de excepción sobre poblaciones racializadas y precarizadas. ICE no corrigió desvíos: cumplió su función histórica. Hizo lo que el liberalismo estadounidense siempre hizo cuando sus promesas de igualdad chocaron con las necesidades del capital y las jerarquías raciales: suspender derechos para preservar el orden.
Así, ICE no representa una ruptura autoritaria dentro de una democracia ejemplar, sino la continuidad coherente de un modelo. Estados Unidos no superó sus fuerzas parapoliciales; las perfeccionó. No abandonó la violencia extralegal; la burocratizó. No dejó atrás el control racial y laboral; lo integró a su aparato estatal con lenguaje técnico y cobertura jurídica.
En ese sentido, ICE es menos un síntoma del presente que un espejo del pasado. Un recordatorio de que, detrás del mito del Estado de derecho, persiste una verdad histórica incómoda: cuando el orden social está en juego, la ley se vuelve flexible, la violencia se normaliza y la excepción se transforma en regla.
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