La división internacional del trabajo y el librecambio fueron presentados desde el siglo XIX como principios racionales y universales del progreso económico. Según el relato liberal, cada país debía especializarse en aquello que produjera con mayor eficiencia y comerciar libremente con el resto del mundo. De ese modo, se afirmaba, todos ganarían. Sin embargo, detrás de esa formulación teórica aparentemente neutral se estructuró un orden económico profundamente desigual, pensado para maximizar la ganancia del capital industrial y disciplinar el salario, tanto en los países centrales como en los periféricos.
En el corazón del pensamiento liberal clásico, el salario ocupó un lugar central. David Ricardo fue explícito al sostener que los salarios tienden a ubicarse en torno al costo de subsistencia de los trabajadores. Esto implicaba que, si se lograba reducir el precio de los bienes básicos necesarios para vivir, los salarios podían disminuir sin provocar estallidos sociales, mientras aumentaban las ganancias del capital. La división internacional del trabajo cumplió exactamente esa función: asignar a los países no industrializados la producción de alimentos baratos y materias primas, y a los países industriales la elaboración de manufacturas de mayor valor agregado.
Gracias a este esquema, los países industriales pudieron importar trigo, carne y otros alimentos a bajo precio, reduciendo el costo de vida del obrero y conteniendo las demandas salariales. El librecambio no fue, entonces, una política de armonía global, sino una auténtica política salarial internacional. Al abaratar la reproducción de la fuerza de trabajo, se elevó la tasa de ganancia industrial y se consolidó el poder económico de las burguesías manufactureras. No es casual que los principales defensores del libre comercio, como Richard Cobden, representaran los intereses de los industriales y no los del agro europeo, que resultó perjudicado por la competencia de alimentos importados más baratos.
En los países industriales, los grandes ganadores fueron la burguesía industrial y los Estados imperiales. Ambos lograron expandir mercados, sostener altos niveles de rentabilidad y reducir tensiones sociales internas al mantener los salarios bajo control. En cambio, la clase trabajadora industrial no fue la beneficiaria del sistema. Aunque el acceso a ciertos bienes aumentó, los salarios permanecieron durante décadas cerca del mínimo de subsistencia, y la mejora material fue desigual y limitada. El crecimiento económico no se tradujo automáticamente en bienestar general, sino en acumulación concentrada.
En la periferia, particularmente en América Latina, la división internacional del trabajo fue presentada como un camino hacia la modernización. Se impulsaron ferrocarriles, puertos y medios de comunicación que simbolizaban el progreso. Sin embargo, esa infraestructura no fue concebida para integrar mercados internos ni promover la industrialización, sino para facilitar la exportación de materias primas hacia los puertos. Los países industrializados vendieron los rieles, financiaron las obras con préstamos y luego se beneficiaron del transporte barato de los productos primarios. El progreso fue, en realidad, funcional al saqueo organizado.
Los grandes ganadores locales de este esquema fueron las élites terratenientes. Dueñas de extensas tierras, obtuvieron rentas extraordinarias con baja inversión y mínimo riesgo. La industrialización, que exigía capital, planificación y conflicto social, resultaba poco atractiva frente a la ganancia fácil del modelo agroexportador. Estas clases dominantes actuaron como socias del orden económico global, no como impulsoras de un desarrollo nacional autónomo. A la vez, el capital financiero internacional encontró en estas economías un terreno fértil para el endeudamiento estructural, reforzando la dependencia.
Los grandes perdedores en los países periféricos fueron los trabajadores y el propio desarrollo económico. Los salarios fueron bajos, inestables y dependientes de los precios internacionales, mientras la ausencia de una industria sólida impidió la formación de una clase obrera con capacidad real de negociación. Según el propio Adam Smith, la verdadera riqueza de las naciones no reside en las materias primas, sino en los productos elaborados, que generan empleo, valor agregado y acumulación de capital. Sin embargo, la división internacional del trabajo negó sistemáticamente esa posibilidad a los países periféricos.
El resultado fue un subdesarrollo estructural: exportar barato, importar caro, endeudarse para sostener la infraestructura del modelo primario y resignar soberanía económica. Lejos de ser una etapa transitoria, esta lógica se reprodujo durante décadas y dejó una herencia que aún condiciona las economías dependientes.
La división internacional del trabajo no organizó el mundo para que cada país prosperara según sus capacidades, sino para garantizar salarios contenidos en los países industriales, maximizar la ganancia del capital y bloquear la industrialización de la periferia. El librecambio fue, en esencia, una política de poder disfrazada de teoría económica. Comprender esta trama histórica no debe quedar reducido a un ejercicio académico neutro, sino convertirse en una herramienta capaz de sacarnos del letargo al que el discurso libertario del gobierno de Javier Milei ha empujado a amplios sectores de la sociedad. El estudio de este proceso histórico debería permitirnos reconocer rápidamente sus similitudes con el presente y tomar conciencia de que el “milagro” que hoy se nos ofrece no es una novedad, sino la repetición de un viejo truco: el mismo libreto, los mismos beneficiarios y las mismas consecuencias, que muchos ya conocemos.
Prof. Walter Onorato
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