Durante décadas, la industria azucarera jujeña funcionó como un régimen casi feudal. Los ingenios no solo organizaban la producción: controlaban la vida, el trabajo, la vivienda, el salario y hasta el consumo de miles de obreros rurales y sus familias. En ese mundo cerrado, la empresa Ledesma fue el actor dominante. Y fue también el escenario donde el primer peronismo produjo una de sus rupturas más profundas: la intervención estatal sobre el trabajo, la vida cotidiana y, finalmente, la tierra.
Los historiadores Marcelo Jerez y Adriana Kindgard, en el libro "El peronismo en los confines. Salud, vivienda, educación y trabajo en el interior de Jujuy (1943-1955)", reconstruyen con precisión ese proceso. Su investigación muestra que el conflicto entre el Estado peronista y la agroindustria azucarera no fue discursivo ni simbólico: fue material, cotidiano y profundamente político.
Antes de 1943, la zafra azucarera se sostenía sobre trabajadores temporarios reclutados por contratistas en el Chaco, Bolivia, la Puna y la Quebrada. Eran alojados junto a sus familias en campamentos precarios, sin agua potable, sin servicios sanitarios, sin atención médica y con altos niveles de hacinamiento. El pago era “por tanto”, las jornadas se extendían hasta el agotamiento físico y los abusos en el pesaje de la caña eran sistemáticos.
Como documentan Jerez y Kindgard, los ingenios ejercían un control monopólico sobre la vida de los obreros: proveedurías con precios inflados, salarios descontados mediante libretas, viviendas insalubres y un sistema de vigilancia privada que convertía al ingenio en un espacio cerrado, sin derechos efectivos.
Con la llegada del peronismo, ese sistema comenzó a resquebrajarse. Desde 1943, el Estado intervino de manera directa: aumentó salarios, prohibió el trabajo infantil, reguló el trabajo de mujeres, estableció descansos semanales y recargos por jornadas extraordinarias, y fijó precios máximos para artículos de primera necesidad.
Pero el cambio decisivo fue el despliegue sistemático de inspectores laborales. Según Jerez y Kindgard, el Estado jujeño —en articulación con la Secretaría de Trabajo y Previsión— ingresó a los ingenios, controló registros, sancionó irregularidades y obligó a las empresas a transparentar contratos, salarios y condiciones laborales. Aunque las sanciones muchas veces se demoraban por apelaciones empresarias, el mensaje era claro: el ingenio ya no era un territorio soberano.
La expropiación: cuando la disputa llegó a la tierra
El conflicto alcanzó su punto más alto con la expropiación de tierras del Ingenio Ledesma. En 1946, el gobierno provincial declaró de utilidad pública más de 34 hectáreas pertenecientes a la empresa para ampliar el radio urbano del denominado “Pueblo Nuevo”. El argumento era explícito y profundamente político: el interés colectivo debía prevalecer sobre los intereses privados, por poderosos que fueran.
Como señalan Jerez y Kindgard, el gobierno peronista sostenía que el crecimiento urbano había sido bloqueado durante años por la negativa de la empresa a ceder tierras productivas, aun cuando la población obrera vivía hacinada y en condiciones indignas. La Corte Suprema de Justicia terminó fallando a favor del Estado provincial, consolidando la expropiación y habilitando la urbanización del área, que luego fue rebautizada como Libertador General San Martín.
El texto también muestra un elemento clave: los trabajadores no fueron sujetos pasivos. Denuncias formales, reclamos colectivos y pedidos de intervención estatal se multiplicaron, como ocurrió en los lotes del ingenio Ledesma, donde los obreros apelaban directamente al gobernador y al propio Perón. En esas cartas, los trabajadores vinculaban sus demandas de vivienda, salud y alimentos con una expectativa política concreta: el Estado como garante de derechos.
Un antecedente incómodo para observar el presente
La experiencia que reconstruyen Marcelo Jerez y Adriana Kindgard resulta profundamente incómoda para el relato conservador contemporáneo de Javier Milei. Allí donde hoy se invoca el “exceso de Estado” como origen de todos los males, la historia concreta muestra lo contrario: fue la ausencia de Estado la que permitió durante décadas la explotación estructural, el hacinamiento, el trabajo infantil y la subordinación total de los trabajadores azucareros a los ingenios. Y fue recién cuando el Estado intervino —reguló, inspeccionó y expropió— que no se destruyó la economía regional, sino que se modificó una relación de poder brutalmente desigual que había sido naturalizada como orden social.
No es un dato menor que Milei reivindique explícitamente la Argentina “previa al peronismo”. Porque esa economía que se propone como ideal no era un paraíso de eficiencia ni de libertad, sino un sistema donde empresas como Ledesma concentraban tierra, trabajo y vida social, mientras miles de obreros carecían de derechos elementales. En ese marco, la expropiación de tierras a Ledesma no fue un exceso ideológico ni una anomalía histórica: fue la consecuencia lógica de una política que entendía que la tierra, el trabajo y la vivienda debían ser derechos sociales garantizados por el Estado, y no privilegios empresariales sostenidos por la desigualdad, la coerción y el abandono estatal.
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