En 1933, en plena crisis mundial tras el derrumbe de 1929, la Argentina firmó uno de los acuerdos más decisivos y más vergonzosos de su historia económica: el Pacto Roca-Runciman. Presentado por el gobierno conservador como una medida inevitable para garantizar mercados en un mundo en recesión, el pacto fue en realidad la consagración jurídica de una relación de dependencia que ya existía, pero que hasta entonces no había sido explicitada con tanta crudeza. Para Lisandro de la Torre, no se trataba de un simple tratado comercial sino de algo mucho más profundo y peligroso: un verdadero estatuto legal del coloniaje.
El contexto internacional era claro. Gran Bretaña, golpeada por la crisis, reorganizaba su imperio económico y buscaba proteger sus mercados, sus empresas y su balanza comercial. La Argentina, estructurada como economía agroexportadora dependiente de un comprador central, se sentó a negociar desde una posición de debilidad política y mental. El resultado fue un acuerdo que garantizaba una cuota de exportación de carne, pero dejaba el negocio en manos ajenas. La producción seguía siendo argentina, pero el control de precios, la logística, el destino de las exportaciones y la renta quedaban mayoritariamente en manos de los grandes frigoríficos extranjeros, mientras los frigoríficos nacionales eran relegados y los productores locales cobraban menos por su trabajo.
La investigación impulsada por Lisandro de la Torre desde el Senado dejó al descubierto que esa entrega no era una abstracción ni una consecuencia inevitable de la crisis, sino un sistema concreto con beneficiarios perfectamente identificables. Las maniobras de evasión impositiva, subfacturación de exportaciones y manipulación de precios eran realizadas por los grandes frigoríficos que dominaban el comercio de carnes, en particular Swift, Armour y el Frigorífico Anglo. Estas empresas concentraban la mayor parte de la cuota otorgada por el pacto, declaraban valores inferiores a los reales para reducir el pago de impuestos en la Argentina y giraban utilidades al exterior, mientras la diferencia quedaba en casas matrices o intermediarios en Londres y Estados Unidos. Al mismo tiempo, pagaban precios más bajos a los productores argentinos y vendían a valores mucho más altos en el mercado británico, apropiándose de una renta extraordinaria que no quedaba en el país.
Pero el núcleo de la denuncia de Lisandro de la Torre no se agotaba en el accionar empresario ni en las cláusulas públicas del tratado. Lo más grave, y lo más revelador, eran las cláusulas secretas del Pacto Roca-Runciman, aquellas que no podían decirse abiertamente por su carácter escandaloso. Una de ellas fue la llamada Coordinación de Transportes. En esos años, las empresas británicas controlaban los ferrocarriles y los subterráneos en la Argentina, pero se enfrentaban a una innovación local inesperada: el colectivo, creado por trabajadores argentinos, más barato, más flexible y más eficiente. Para proteger los intereses británicos, el Estado argentino concedió por ley el monopolio de los transportes urbanos por 56 años a la compañía inglesa propietaria del Subte “A”. El resultado fue la destrucción de una iniciativa nacional exitosa y la conversión de muchos de sus antiguos dueños en empleados o peones. El escándalo público fue tan grande que la medida tuvo aplicación limitada, pero su sola existencia revela hasta qué punto el pacto avanzaba sobre la vida cotidiana del país para defender intereses extranjeros.
La otra cláusula secreta fue todavía más estructural: la creación de un Banco Central Mixto. Bajo esta figura, la banca privada de capital predominantemente británico obtenía el control financiero del país. El Estado argentino debía aportar la mitad del capital, pero no tenía poder real de decisión. De los doce directores, solo cinco representaban al sector estatal. El Banco Central no podía otorgar créditos al Estado nacional, provincial ni municipal, lo que obligaba a recurrir al endeudamiento externo. En los hechos, el sistema financiero quedaba organizado para proteger los intereses privados, impedir cualquier política económica soberana y favorecer el endeudamiento como mecanismo permanente de subordinación.
El material histórico es aún más contundente. Debido a la crisis, las empresas británicas no podían remitir libremente sus ganancias a Gran Bretaña por falta de divisas. En lugar de exigir que esas utilidades fueran reinvertidas en la Argentina, el Estado optó por endeudarse para permitir la remisión de ganancias al exterior. Es decir, el país se endeudaba para garantizar beneficios privados extranjeros. No se trataba de un error, sino de una decisión política consciente que colocaba al Estado argentino al servicio de intereses ajenos.
En este contexto, Lisandro de la Torre apuntó con nombre y apellido a los responsables políticos de ese entramado. En el centro de la acusación quedó Federico Pinedo, ministro de Hacienda, a quien acusó de garantizar un esquema fiscal deliberadamente permisivo, funcional a los frigoríficos extranjeros y al capital británico. Para De la Torre, Pinedo no era un técnico neutral, sino el arquitecto financiero de la dependencia. También fue señalado Luis Duhau, ministro de Agricultura, como responsable de tolerar y encubrir las irregularidades del comercio de carnes, abandonando a los productores nacionales y administrando el negocio como si la Argentina fuera una colonia económica.
Los debates de 1935 transformaron al Senado en un verdadero campo de batalla política. Durante semanas, el recinto fue el escenario donde chocaron dos modelos de país: uno dependiente, oligárquico, subordinado al capital extranjero y administrado por una élite que confundía entrega con realismo; y otro que intentaba recuperar soberanía económica, control estatal y dignidad política. Las sesiones eran seguidas por multitudes, reproducidas por la prensa y comentadas en todo el país. La denuncia ya no podía ocultarse.
Cuando Lisandro de la Torre avanzó demasiado y puso nombres propios al saqueo, el sistema mostró su límite. El 23 de julio de 1935, en pleno debate, un sicario ingresó al Senado y disparó. El proyectil no estaba destinado a Lisandro, pero terminó matando a su amigo y colega Enzo Bordabehere dentro del recinto. El mensaje fue inequívoco: había intereses que no podían tocarse sin pagar un precio extremo. La democracia de la llamada Década Infame tenía un techo muy bajo cuando se trataba de negocios estructurales.
Años después, aislado políticamente y devastado por la muerte de Bordabehere, Lisandro de la Torre comprendió que el régimen que había denunciado no podía ser reformado desde dentro. Su final trágico no borra su legado; lo vuelve aún más contundente. El Pacto Roca-Runciman no fue un error del pasado, sino un espejo incómodo de una lógica que se repite cada vez que la Argentina adopta gobiernos liberal-conservadores dispuestos a subordinar el interés nacional a los intereses del capital concentrado.
Leído desde el presente, ese episodio deja de ser una postal histórica para convertirse en una advertencia vigente. Lo que Lisandro de la Torre denunció no fue solo un acuerdo desigual, sino una forma de gobierno basada en la corrupción estructural, aquella que no necesita coimas visibles porque organiza al Estado para beneficiar legalmente a una minoría. Ese mismo patrón reaparece hoy bajo el gobierno liberal-conservador de Javier Milei, aunque con otros lenguajes y otras excusas. Donde antes se hablaba de pragmatismo y de no perder mercados, hoy se invoca la libertad y la confianza de los mercados financieros. El resultado es el mismo: desregulación, retirada deliberada del Estado, debilitamiento de los controles y un terreno fértil para la evasión, la fuga y la transferencia de recursos desde la sociedad hacia los sectores más concentrados.
Así como Federico Pinedo fue presentado en su tiempo como un técnico moderno mientras garantizaba un esquema fiscal permisivo al servicio del capital extranjero, hoy se vuelve a exaltar la figura del funcionario anti-política mientras se desmontan organismos de control y se naturaliza que el mercado actúe sin límites. Lisandro de la Torre entendió algo que sigue siendo central para leer la Argentina: la corrupción más grave no es la del funcionario que roba, sino la del gobierno que convierte al Estado en garante legal del saqueo. Eso fue el Pacto Roca-Runciman. Y eso es, con otros nombres y otros discursos, el proyecto que vuelve a presentarse como inevitable. La historia no se repite de manera idéntica, pero rima. Y cada vez que la entrega se disfraza de necesidad, la advertencia de Lisandro vuelve a hacerse escuchar.
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