Raúl Lamuraglia y la red privada que financió la conspiración para derrocar a Perón. No era un empresario marginal ni un aventurero solitario. Raúl Lamuraglia había ocupado un lugar relevante en la conducción de la Unión Industrial Argentina y disponía de dinero, propiedades y contactos. Su nombre aparece luego vinculado a conspiraciones contra Juan Domingo Perón y, según distintas reconstrucciones históricas, incluso a la adquisición de un avión militar en Estados Unidos para un proyecto de atentado.
La historia de este empresario permite iluminar una dimensión menos visible del camino hacia 1955: detrás de los uniformes también hubo civiles, recursos privados y redes capaces de operar fuera de los canales institucionales.
La historia de los golpes de Estado suele escribirse mirando los cuarteles. Generales que conspiran, almirantes que sublevan bases, aviadores que despegan y regimientos que marchan sobre las ciudades. El uniforme ocupa el centro de la escena y, detrás de él, muchas veces desaparecen quienes aportaron aquello sin lo cual una conspiración difícilmente puede crecer: dinero, automóviles, propiedades, refugios, contactos políticos, viajes, comunicaciones y conexiones en el extranjero.
Raúl Lamuraglia permite mirar esa zona menos visible de la historia argentina.
Empresario vinculado a la industria textil, dirigente de la Unión Industrial Argentina y activo opositor al peronismo, su nombre aparece asociado a distintos momentos de la confrontación política contra Juan Domingo Perón y, posteriormente, en reconstrucciones sobre las conspiraciones destinadas a terminar con su gobierno.
No fue un jefe militar. No comandaba tropas. No dirigía una base naval.
Su poder era de otra naturaleza.
Pertenecía al mundo de quienes podían convertir recursos privados en capacidad política.
Y esa diferencia resulta fundamental.
Porque un golpe de Estado no comienza necesariamente cuando un tanque sale de un cuartel. Puede comenzar mucho antes, cuando alguien ofrece una casa para una reunión clandestina, financia un viaje, facilita un automóvil, sostiene económicamente una estructura conspirativa o utiliza sus contactos para conseguir fuera del país aquello que no puede obtenerse mediante los canales oficiales.
La historia de Lamuraglia no explica por sí sola el derrocamiento de Perón. Pero permite observar una trama mucho más amplia: la articulación entre sectores civiles con capacidad económica y militares que disponían del poder de fuego del Estado.
No era un empresario cualquiera
Presentar a Raúl Lamuraglia simplemente como un empresario textil resulta insuficiente para comprender el peso político y económico del personaje.
Lamuraglia estuvo vinculado a la conducción de la Unión Industrial Argentina, la principal organización representativa del empresariado industrial del país, y en 1946 aparece documentado como vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la entidad.
El dato modifica la escala de la historia.
No estamos ante un empresario aislado que, movido únicamente por sus convicciones personales, decidió involucrarse en la lucha contra el peronismo. Lamuraglia ocupaba una posición relevante dentro del poder económico organizado de la Argentina.
Existe, además, un antecedente documental particularmente significativo.
Durante la campaña electoral de 1946, cuando la Unión Democrática enfrentó a la fórmula integrada por Juan Domingo Perón y Hortensio Quijano, la Unión Industrial Argentina destinó una importante suma de dinero al sostenimiento de la coalición opositora.
El 18 de enero de 1946 fue emitido un cheque por 300.000 pesos moneda nacional contra una cuenta de la UIA en el National City Bank of New York. El documento llevaba la firma de Raúl Lamuraglia en su condición de vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la entidad, junto con la del tesorero José L. L. Lombardi.
El episodio constituye una evidencia concreta de la capacidad del poder económico organizado para movilizar importantes recursos en la disputa política contra el ascenso de Perón.
No demuestra, por sí mismo, que aquellos fondos estuvieran destinados a actividades clandestinas. Tampoco permite establecer una continuidad automática entre el financiamiento electoral de 1946 y las conspiraciones armadas de los años posteriores. Confundir ambos planos sería forzar la documentación.
Pero el antecedente sí permite comprender quién era Lamuraglia y qué clase de recursos, relaciones y espacios de poder estaban a su alcance.
No era solamente un hombre con dinero.
Era un dirigente situado en las altas esferas del empresariado industrial argentino.
Y cuando años después su nombre comienza a aparecer vinculado con conspiraciones contra Perón, ese antecedente adquiere una importancia imposible de ignorar.
Cuando el dinero interviene en política
El dinero no es neutral. Puede financiar una fábrica, pagar salarios o sostener una inversión productiva. Pero también puede financiar campañas, operaciones políticas y estructuras clandestinas.
La concentración económica produce inevitablemente una concentración de capacidades.
Un trabajador puede participar de una elección, afiliarse a un sindicato, militar en un partido o movilizarse. Un gran empresario también puede hacerlo. Pero, además, dispone de algo que el ciudadano común no posee: recursos capaces de sostener organizaciones, financiar viajes, facilitar propiedades, contratar intermediarios y construir relaciones más allá de las fronteras nacionales.
La democracia proclama la igualdad política.
La desigualdad económica la condiciona.
Un trabajador tiene un voto.
Un gran empresario también.
Pero el empresario, además, puede tener una fortuna.
La trayectoria de Lamuraglia permite observar esa desigualdad política en funcionamiento. En 1946 aparece vinculado a una estructura empresarial capaz de movilizar una considerable suma de dinero en la competencia electoral contra Perón. Más tarde, distintas reconstrucciones históricas vuelven a ubicar su nombre en el universo de la conspiración antiperonista.
El hilo que une ambos momentos debe reconstruirse con rigor.
No puede inventarse. Pero tampoco puede ignorarse.
De la oposición política a la conspiración
La llegada de Perón al gobierno modificó profundamente la relación entre el Estado, los trabajadores y el poder económico.
El nuevo gobierno colocó en el centro de la política argentina cuestiones que durante décadas habían permanecido subordinadas a los intereses de las élites: los derechos laborales, la expansión sindical, las vacaciones pagas, las jubilaciones, los convenios colectivos, la intervención estatal en la economía y una distribución más favorable del ingreso hacia los sectores populares.
La disputa no era solamente discursiva. Era material.
Se discutía quién decidía. Quién distribuía.
Quién se apropiaba de la riqueza producida.
Y quién tenía derecho a sentarse en la mesa del poder.
La incorporación masiva de los trabajadores a la vida política alteró un orden social que durante décadas había considerado natural que las grandes decisiones fueran tomadas por una minoría.
Para sectores del poder económico, el problema del peronismo no era únicamente Perón.
Eran los trabajadores detrás de Perón. Eran los sindicatos.
Era la posibilidad de que el salario dejara de ser considerado simplemente un costo.
Era la idea de que el Estado podía intervenir para modificar la distribución de la riqueza.
Era, en definitiva, la aparición de un proyecto político basado en la Justicia Social, la independencia económica y la soberanía política.
La oposición al peronismo fue diversa y no puede reducirse a una única conspiración. Hubo opositores democráticos, partidos que participaron de elecciones, dirigentes que utilizaron las instituciones y ciudadanos que rechazaban al gobierno por razones diferentes.
Pero también existió otro antiperonismo. Uno que conspiraba.
Una quinta, reuniones y una red
Una propiedad privada puede convertirse en una pieza política.
La quinta de Lamuraglia en Bella Vista aparece mencionada en reconstrucciones sobre las conspiraciones antiperonistas como lugar de encuentro entre civiles y militares.
Lejos de los edificios oficiales y de los controles institucionales, las propiedades particulares ofrecían algo indispensable para cualquier organización clandestina: discreción.
Allí reside una de las claves para comprender cómo funcionaban estas redes.
No necesitaban constituir una organización formal con sede, autoridades y registros contables. Su eficacia dependía precisamente de lo contrario. Funcionaban mediante relaciones personales, afinidades políticas y vínculos de confianza.
Un empresario podía conocer a un dirigente político.
El dirigente podía servir de enlace con un militar.
El militar podía tener acceso a una unidad.
Otro contacto podía facilitar un viaje al exterior.
Una propiedad podía servir para una reunión.
Un automóvil podía trasladar personas o materiales.
El dinero podía mantener todo el circuito funcionando.
La conspiración se construía como una red.
Ese funcionamiento vuelve particularmente difícil reconstruirla décadas después. Los presupuestos oficiales dejan documentos. Las compras estatales producen expedientes. Las operaciones clandestinas, en cambio, procuran no dejar rastros.
Por eso la investigación histórica debe avanzar con cautela.
La existencia de redes civiles de apoyo a las conspiraciones antiperonistas puede reconstruirse a través de investigaciones, testimonios y documentos. Pero cada afirmación específica —quién compró un arma, quién pagó una operación, quién transportó determinado material— necesita su propia prueba.
El caso de Lamuraglia resulta especialmente significativo porque distintas reconstrucciones le atribuyen una operación extraordinaria. La adquisición de un avión militar.
El supuesto bombardero para matar a Perón
La historia parece salida de una novela de espionaje. Pero aparece reiterada en reconstrucciones sobre las conspiraciones contra Perón.
A Raúl Lamuraglia se le atribuye la financiación o adquisición en Estados Unidos de un avión militar que posteriormente habría sido trasladado a Uruguay. El aparato es identificado en distintas versiones como un Douglas Dauntless, un bombardero en picado utilizado durante la Segunda Guerra Mundial.
El objetivo atribuido a la operación era todavía más grave: utilizar el avión en un atentado contra Juan Domingo Perón.
Si la reconstrucción es correcta, el episodio permite comprender hasta dónde podía llegar la capacidad material de una red privada.
No estamos hablando de conseguir un revólver en el mercado clandestino.
Estamos hablando de adquirir una aeronave militar en el extranjero, trasladarla a otro país y proyectar su utilización en una operación contra el presidente constitucional de la Argentina.
Precisamente por la gravedad del episodio, es necesario mantener una distinción fundamental.
La historia del avión aparece recogida por distintas fuentes y reconstrucciones históricas, pero la trazabilidad completa de la operación exigiría localizar documentación específica sobre la adquisición, el vendedor, la identificación de la aeronave, su traslado y su eventual registro en Uruguay.
La prudencia documental no debilita la investigación. La fortalece.
No es necesario convertir cada indicio en una certeza para comprender la dimensión política del fenómeno. Pero tampoco corresponde presentar como definitivamente probado aquello cuya reconstrucción documental todavía permanece incompleta.
Lo que sí revela el episodio es la existencia de una pregunta histórica fundamental: ¿hasta dónde podían llegar las redes privadas que participaban de la conspiración contra Perón?
Uruguay y la dimensión transnacional
Uruguay ocupa un lugar recurrente en las historias de los opositores argentinos de aquellos años.
Su proximidad geográfica lo convertía en un territorio particularmente importante para quienes buscaban alejarse de la vigilancia del gobierno argentino sin romper sus vínculos con Buenos Aires.
Lamuraglia pasó parte de su tiempo en territorio uruguayo después de haber sido vinculado con actividades conspirativas. Allí podía encontrarse con otros opositores, mantener contactos y participar de una trama política que atravesaba el Río de la Plata.
Esto no permite afirmar, sin pruebas específicas, que el Estado uruguayo organizara el abastecimiento de los conspiradores argentinos. Sería una simplificación.
En una misma trama podían coexistir exiliados, dirigentes políticos, empresarios, contactos personales y funcionarios que actuaban por motivaciones diferentes.
Pero la dimensión transnacional resulta imposible de ignorar. Las fronteras nacionales no detenían necesariamente al dinero privado. Tampoco detenían las conspiraciones.
Una red empresarial podía disponer de relaciones comerciales, contactos y recursos fuera del país. Esa capacidad otorgaba una ventaja considerable para quienes buscaban operar clandestinamente.
El capital tenía —y tiene— una capacidad de circulación que el trabajador común no posee.
Esta asimetría no pertenece solamente a 1955.
Es una constante histórica del poder económico.
Mientras a las mayorías se les exige obedecer las leyes, aceptar sacrificios y soportar crisis, las grandes fortunas suelen disponer de mecanismos para mover capitales, proteger patrimonios y operar a través de fronteras.
La retórica neoliberal y libertaria presenta esa libertad del capital como una virtud casi sagrada.
La historia obliga a formular una pregunta mucho más incómoda.
¿Libertad para qué?
¿Y poder para quién?
Los comandos civiles y la violencia terrorista
Lamuraglia no debe ser estudiado como una anomalía individual.
Durante los años previos al derrocamiento de Perón se desarrollaron organizaciones clandestinas civiles dispuestas a participar activamente en la lucha contra el gobierno.
Los llamados comandos civiles revolucionarios reunieron a opositores provenientes de diferentes tradiciones políticas.
No todos los opositores al peronismo participaron de estas organizaciones. Tampoco todos aceptaron los mismos métodos.
Pero la existencia de grupos civiles preparados para actuar clandestinamente como terroristas destruye uno de los mitos más persistentes sobre 1955: la idea de que la violencia política perteneció exclusivamente a los militares.
Los civiles también conspiraron. Algunos aportaron militantes.
Otros ofrecieron contactos.
Otros pusieron propiedades.
Otros consiguieron vehículos.
Y algunos podían aportar dinero.
La relación entre estos grupos y los militares era complementaria.
Los civiles no necesitaban poseer una flota de guerra porque la Armada ya existía.
No necesitaban comprar regimientos porque los conspiradores uniformados podían sublevar unidades.
No necesitaban construir una fuerza aérea privada porque había oficiales capaces de controlar aviones pertenecientes al Estado.
Lo que podían proporcionar era la infraestructura clandestina previa.
El militar tenía acceso al arsenal.
El empresario tenía acceso al dinero.
Cuando ambos mundos convergían, la conspiración adquiría una capacidad que ninguno de ellos tenía por separado.
La privatización de la conspiración
Hay una dimensión profundamente política en esta historia.
El neoliberalismo ha construido durante décadas una imagen idealizada de la iniciativa privada. Lo privado aparece asociado automáticamente con la eficiencia, la libertad y la autonomía frente a un Estado presentado siempre como sospechoso, ineficiente o autoritario.
Pero la historia demuestra que el poder privado no es necesariamente democrático.
Un empresario puede financiar una fábrica.
También puede financiar una conspiración.
Una fortuna puede crear empleos.
También puede sostener una red clandestina.
Un avión puede transportar pasajeros.
También puede ser adquirido para intentar matar a un presidente.
La propiedad privada no contiene en sí misma ninguna garantía moral.
El caso de las conspiraciones antiperonistas de los años cincuenta permite observar algo que la retórica neoliberal procura borrar: la concentración económica produce también concentración de poder político.
Quien dispone de grandes recursos posee capacidades que no están al alcance del ciudadano común.
Puede financiar campañas.
Puede sostener medios de comunicación.
Puede pagar abogados.
Puede construir relaciones internacionales.
Puede financiar operaciones políticas.
Y, en determinadas circunstancias históricas, puede ayudar a sostener una conspiración.
Por eso la democracia no puede reducirse a la existencia formal de elecciones.
Una sociedad profundamente desigual distribuye de manera profundamente desigual la capacidad de intervenir en la política.
De la conspiración al bombardeo
El 16 de junio de 1955, la violencia política alcanzó una dimensión brutal.
Aviones de la Aviación Naval y sectores de la Fuerza Aérea bombardearon el centro de Buenos Aires en el marco de una operación destinada a matar a Perón y provocar la caída del gobierno.
Las bombas no cayeron sobre un frente de guerra.
Cayeron sobre una ciudad.
Murieron civiles.
Trabajadores, empleados, transeúntes y personas que simplemente se encontraban en el centro de Buenos Aires quedaron atrapados en una operación militar ejecutada en tiempos de paz.
La masacre de Plaza de Mayo no debe explicarse como una explosión repentina de violencia.
Fue el resultado de un proceso conspirativo.
Antes de que despegaran los aviones hubo reuniones.
Antes de las bombas hubo contactos.
Antes de la operación militar hubo planificación.
Y alrededor de los oficiales que finalmente utilizaron las armas del Estado existía un universo civil que durante años había trabajado para terminar con el gobierno de Perón.
Aquí vuelve a aparecer la importancia de Lamuraglia.
No porque pueda atribuirse automáticamente a un solo empresario la financiación de toda aquella maquinaria.
Esa afirmación sería históricamente irresponsable.
Su importancia es otra.
Su historia permite ver la red.
Lo que un nombre revela
La microhistoria tiene una virtud extraordinaria: permite observar estructuras enormes a través de una vida concreta.
Raúl Lamuraglia no explica por sí solo el golpe de 1955.
Pero su trayectoria permite formular preguntas que la historia centrada exclusivamente en los generales suele evitar.
¿Quién financiaba las reuniones?
¿Quién proporcionaba las propiedades?
¿Quién pagaba los viajes?
¿Quién sostenía económicamente a quienes conspiraban?
¿Quién podía utilizar sus contactos comerciales para operar fuera del país?
¿Hasta dónde llegó la participación de empresarios y civiles en una conspiración que terminaría utilizando el poder de fuego de las Fuerzas Armadas?
Esas preguntas modifican la imagen tradicional del golpe.
El derrocamiento de Perón no puede comprenderse solamente como el resultado de una rebelión de uniformados.
Fue posible en un clima político donde sectores civiles habían decidido que el gobierno debía terminar incluso por fuera de los mecanismos democráticos.
Las Fuerzas Armadas fueron el instrumento decisivo.
Pero no estuvieron solas.
El poder que no se presenta a elecciones
La historia de Raúl Lamuraglia plantea, finalmente, un problema que excede ampliamente a 1955.
Existe un poder que se presenta a elecciones.
Y existe otro que no necesita hacerlo.
El primero busca votos.
El segundo puede financiar.
Las democracias modernas proclaman la igualdad política de los ciudadanos mientras toleran desigualdades económicas capaces de convertir esa igualdad en una ficción.
La Justicia Social, la independencia económica y la soberanía política no fueron simples consignas retóricas del peronismo histórico.
Expresaban una disputa concreta sobre quién debía controlar los recursos fundamentales de una sociedad.
Porque quien controla el dinero posee poder.
Y quien posee suficiente poder económico puede intentar transformarlo en poder político.
La historia argentina ofrece demasiados ejemplos de esa conversión.
Raúl Lamuraglia representa una microhistoria especialmente incómoda porque obliga a mirar detrás del uniforme.
Allí donde la memoria tradicional suele mostrar solamente al almirante, al general o al aviador, aparece otra figura.
El empresario.
El dirigente del poder económico.
El hombre que no necesitaba comandar un regimiento.
El hombre que podía poner una casa.
El hombre que podía financiar una red.
El hombre que, según distintas reconstrucciones históricas, podía incluso participar en la adquisición de un avión militar fuera del país.
La documentación disponible exige continuar investigando los detalles de algunas de esas operaciones. La historia rigurosa no debe llenar los vacíos con certezas inventadas.
Pero tampoco debe permitir que la ausencia de un expediente completo borre las estructuras políticas que las investigaciones históricas permiten observar.
Los golpes de Estado no se fabrican solamente en los cuarteles.
También necesitan oficinas.
Necesitan propiedades.
Necesitan contactos.
Necesitan dinero.
Y cuando el poder económico abandona la disputa democrática y pone sus recursos al servicio de una conspiración contra el orden constitucional, deja de ser un actor supuestamente neutral de la economía para mostrar su dimensión más profundamente política.
La historia de Raúl Lamuraglia obliga a mirar precisamente allí.
Al lugar donde el dinero privado deja de limitarse a defender intereses.
Y comienza a construir poder.
(*) Dato: El empresario textil argentino Raúl Lamuraglia es el abuelo materno del político y exsenador uruguayo Raúl Lorenzo Batlle Lamuraglia. La línea de parentesco se compone de la siguiente manera:
- Abuelo: Raúl Lamuraglia (empresario industrial radicado en Argentina).
- Madre: Noemí Lamuraglia (hija de Raúl Lamuraglia, quien se casó con el expresidente uruguayo Jorge Batlle Ibáñez).
- Nieto: Raúl Lorenzo Batlle Lamuraglia (hijo de Noemí y Jorge Batlle)
Prof. Walter Onorato
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