Por eso no fue casual que una de las primeras grandes conquistas del derecho laboral argentino haya sido el Estatuto del Peón Rural, ni tampoco que hoy, bajo el impulso de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, el trabajo en el campo vuelva a ser el laboratorio donde se ensayan formas de flexibilización que recuerdan peligrosamente al pasado que el peronismo intentó modificar buscando lo mejor para todo el pueblo argentino.
Antes de 1944, el peón rural no era considerado un trabajador en sentido pleno. Vivía y trabajaba bajo una lógica cuasi feudal, sometido a la voluntad del patrón, sin horarios definidos, sin salario asegurado en dinero, muchas veces pagado con comida o alojamiento, sin descanso semanal, sin vacaciones y sin ningún tipo de indemnización si era echado. La dependencia no era solo económica sino vital: el trabajo, la vivienda y la subsistencia estaban atadas a una relación de poder absoluta. Esa realidad, naturalizada durante décadas en nombre de la tradición del campo. Todo esto fue quebrado con la irrupción del peronismo como verdadera fuerza liberadora de los oprimidos en búsqueda de una verdadera justicia social.
Cuando Juan Domingo Perón impulsa el Estatuto del Peón Rural, el objetivo no era modernizar la producción ni aumentar la rentabilidad, sino algo mucho más profundo: incorporar al trabajador rural al derecho. Reconocerlo como sujeto, sacarlo de la arbitrariedad patronal y establecer límites claros al poder del empleador. El Estatuto fijó jornada, descanso, vacaciones, salario mínimo en dinero, estabilidad relativa, indemnización por despido y condiciones mínimas de vivienda cuando el trabajo lo exigía. Fue una ruptura cultural. El campo dejaba de ser un territorio sin ley y el peón dejaba de ser una pieza descartable.
Si bien la reforma laboral actual no deroga formalmente ese Estatuto, lo que hace es vaciarlo de contenido de una manera más eficaz que una derogación directa. Lo hace a través de una redefinición del salario, de la expansión de figuras contractuales precarias y de la retirada del Estado como garante de derechos. En el trabajo rural, estas modificaciones no son abstractas. La ampliación de las prestaciones no remunerativas permite que una parte creciente del ingreso del trabajador se pague bajo la forma de beneficios como comida, alojamiento o transporte, que no computan para aguinaldo, jubilación, aportes ni indemnización. Lo que se presenta como modernización es, en los hechos, la legalización del regreso al salario en especie que el Estatuto del Peón había venido a erradicar hace más de ochenta años.
¿Viste cuando te dicen que estamos así por la culpa de ochenta años de peronismo? Bueno, esa frase suena con coherencia y es entendible en los labios de un anciano latifundista. Pero se escucha muy ridículo cuando sale de la boca de un trabajador que depende sólo de su sueldo para sobrevivir.
Pero no nos desviemos del tema. A todo esto debemos sumar la profundización de la temporalidad como norma. ¿Qué significa?... Que el trabajo agrícola siempre tuvo estacionalidad, pero el derecho laboral peronista la reguló para evitar que esa condición se transformara en una excusa para la explotación permanente. Ahora con la reforma actual se van a expandir los contratos eventuales, por tarea o por temporada, reduciendo la estabilidad y facilitando la rotación constante de mano de obra. El peón vuelve a ser un trabajador de campaña, útil mientras dura la cosecha y descartable cuando ya no es necesario. La indemnización pierde peso, el despido se abarata y la incertidumbre se convierte en regla necesaria para que el patroncito vuelva a tener el látigo en la mano.
El retiro del Estado completa este lamentable cuadro. Al haber menos inspecciones, menos sanciones y más confianza en supuestos acuerdos “entre partes libres” en un contexto de absoluta desigualdad estructural. En el ámbito rural, donde el trabajador suele estar aislado, lejos de centros urbanos y con escasa capacidad de organización, esta lógica no genera libertad sino sometimiento. La relación vuelve a inclinarse de manera brutal a favor del empleador. En este punto, la historia reciente del sindicalismo rural resulta clave para entender por qué este retroceso encuentra menos resistencias de las que debería.
Durante la conducción de Gerónimo Venegas, conocido como el Momo, la UATRE funcionó en los hechos más como un factor de disciplinamiento laboral que como una herramienta de defensa de los peones rurales. Su alineamiento con las patronales agrícolas y con proyectos políticos conservadores consolidó un modelo sindical verticalista, alejado de las bases y hostil al conflicto. La llamada paz social se garantizaba a costa de tolerar precarización, informalidad y pérdida de derechos. Cuando el sindicato deja de confrontar al poder económico y pasa a administrarlo, el trabajador queda doblemente desprotegido: frente al empleador y frente a quien debería representarlo.
El Momo, un personaje menor que quedará seguramente en el futuro como símbolo de la traición y de la falta de lealtad a los ideales de lucha del peronismo. Durante un gobierno nacional, popular y profundamente peronista fue a abrazarse con Mauricio Macri, convirtiéndose en uno de los lacayos más fieles del poder económico conservador.
Este debilitamiento de los organismos de control y el vaciamiento del rol estatal en el registro y fiscalización del trabajo rural, combinados con ese antecedente de sindicalismo alineado con las patronales, terminan de cerrar el círculo. El peón rural queda expuesto a la voluntad del empleador sin un Estado presente y sin una representación gremial combativa que actúe como contrapeso. Así, la ficción de la libertad contractual se impone sobre una realidad de desigualdad estructural.
El contraste histórico es elocuente. El peronismo partía de una premisa simple y profundamente política: cuanto más vulnerable es un trabajador, mayor debe ser la protección del Estado. La reforma laboral actual invierte ese principio y lo reemplaza por la idea de que el peón rural puede negociar en igualdad de condiciones con el patrón, como si no mediara una historia de dependencia, necesidad y asimetría. Es la misma lógica que dominaba antes de 1944, cuando la libertad del trabajador se reducía a aceptar las migajas que caían de la mesa del “patroncito” o quedarse simplemente con las manos vacías.
Este paralelismo no es retórico ni un recurso literario para describir el pasado que se refleja en el presente. Debemos ser conscientes de que la reforma laboral no apunta a crear un nuevo modelo productivo en el campo, sino a restaurar un orden social que el Estatuto del Peón Rural había cuestionado de raíz.
El campo argentino ya conoció este modelo y también sus consecuencias. En muchos sectores siempre sobrevivió ese deseo: volver a los “buenos tiempos” en los que se viajaba a Europa tirando manteca al techo. No hay dudas de que el Estatuto del Peón marcó una línea divisoria en la historia social del país. Lo que hoy está en juego es si esa línea se sostiene o si, una vez más, el poder económico logra imponer su regreso.
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