20 de marzo: la mentira que desató la guerra de Irak

Cómo una construcción política sin pruebas desencadenó una guerra que redefinió el orden internacional. Bajo el argumento de las “armas de destrucción masiva” y la doctrina de la “guerra preventiva”, Estados Unidos y sus aliados avanzaron sobre Irak sin aval de la ONU. Dos décadas después, la evidencia es contundente: la guerra se sostuvo sobre una falsedad que dejó cientos de miles de muertos y un sistema internacional fracturado.

El 20 de marzo de 2003 no comenzó simplemente una guerra: comenzó la materialización de una decisión previamente tomada, envuelta en un discurso cuidadosamente construido para legitimar lo que, en esencia, fue una intervención sin sustento comprobable. La invasión de Irak, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una trama más amplia de tensiones geopolíticas, intereses estratégicos y maniobras políticas que marcaron un antes y un después en el escenario global posterior a la Guerra Fría.

Para comprender la magnitud del acontecimiento, es necesario retroceder dos años. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la administración estadounidense redefinió su política exterior bajo una lógica expansiva: la denominada “guerra contra el terrorismo”. En ese nuevo paradigma, Irak fue rápidamente incorporado al eje de amenazas, aun cuando “no existían pruebas concluyentes de su participación en esos ataques”. Sin evidencia concreta, la sospecha se convirtió en argumento, y el argumento en doctrina.

Así emergió la idea que funcionaría como piedra angular de la invasión: la “guerra preventiva”. Se trataba de una ruptura con el derecho internacional clásico, que establecía la legitimidad del uso de la fuerza solo en caso de agresión directa o bajo autorización multilateral. Aquí, en cambio, se proponía “atacar antes de ser atacado, incluso sin evidencia concreta de peligro inminente”. No era una respuesta, sino una anticipación basada en conjeturas.

La escena decisiva se desarrolló el 16 de marzo de 2003, en la llamada Cumbre de las Azores. Allí, lejos de abrir un canal diplomático real, se escenificó el cierre de cualquier alternativa negociada. Los líderes que encabezaban la ofensiva —Estados Unidos, Reino Unido y España— emitieron un ultimátum que, en los hechos, funcionó como antesala de una guerra ya resuelta. La diplomacia, en este contexto, operó como simulacro: una instancia formal destinada a legitimar una decisión previamente adoptada.

En el centro del discurso bélico se ubicó la acusación más grave: Irak poseía armas de destrucción masiva y mantenía vínculos con Al Qaeda. Esa afirmación, repetida hasta el hartazgo en discursos oficiales, informes y presentaciones internacionales, fue el eje que permitió instalar la idea de una amenaza global inminente. Sin embargo, incluso en ese momento, los datos disponibles no respaldaban esa narrativa. Los inspectores internacionales que operaban en territorio iraquí “no habían encontrado evidencia que justificara una acción militar”.

Con el paso del tiempo, la situación se volvió aún más contundente. Aquello que había sido presentado como certeza resultó ser, en palabras del propio balance histórico, “falso o, en el mejor de los casos, profundamente infundado”. No había arsenales ocultos, no había programas activos, no había la amenaza que se había invocado para justificar la guerra. La operación se había construido sobre una base inexistente.

La decisión de avanzar sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU terminó de consolidar el carácter excepcional —y controversial— de la intervención. No solo no hubo autorización, sino que existió una oposición explícita de varias potencias internacionales. El sistema multilateral, que debía funcionar como marco regulador, fue directamente ignorado. La invasión fue, en consecuencia, “ampliamente considerada ilegítima”.

En el plano militar, la ofensiva fue rápida, casi quirúrgica en su fase inicial. Bajo el nombre de “Operación Libertad Iraquí”, las fuerzas invasoras desplegaron una estrategia de superioridad tecnológica y bombardeos masivos que permitió avanzar sobre Bagdad en cuestión de semanas. El 9 de abril de 2003, la caída de la capital marcó el fin del régimen de Saddam Hussein. Las imágenes del derribo de su estatua fueron difundidas como símbolo de victoria, como si el objetivo se hubiese cumplido.

Pero ese fue, en realidad, el inicio del problema.

La ocupación posterior desató un proceso de desintegración institucional que transformó a Irak en un territorio fragmentado. La disolución del ejército, el desmantelamiento del aparato estatal y la marginación de sectores enteros de la sociedad generaron un vacío de poder que rápidamente derivó en una espiral de violencia. La insurgencia no tardó en aparecer, alimentada por la exclusión y el resentimiento, mientras las tensiones entre sunnitas y chiitas escalaron hacia una guerra interna de gran magnitud.

Lejos de estabilizar la región, la intervención la sumió en un estado de conflicto permanente. Ese escenario se convirtió en terreno fértil para la emergencia de nuevas formas de violencia organizada. Años más tarde, de ese mismo caos surgiría el Estado Islámico, una organización que capitalizó el desorden generado tras la invasión y que redefiniría el mapa del terrorismo global.

Las consecuencias humanas fueron devastadoras. La guerra dejó “cientos de miles de iraquíes —civiles en su mayoría— muertos” y millones de desplazados. A ello se sumaron miles de soldados de las fuerzas invasoras, así como un costo económico que superó ampliamente cualquier previsión inicial. Lo que había sido presentado como una operación rápida y necesaria se convirtió en un conflicto prolongado, costoso y profundamente destructivo.

Pero quizás uno de los efectos más duraderos no fue material, sino político. La credibilidad de quienes impulsaron la guerra quedó severamente dañada. El hecho de haber sostenido una intervención de tal magnitud sobre argumentos falsos erosionó la confianza en las potencias occidentales y debilitó el sistema internacional en su conjunto. La invasión de Irak se consolidó así como “un caso paradigmático de intervención unilateral y sus consecuencias imprevisibles”.

A más de dos décadas de aquel 20 de marzo, la pregunta ya no es si la guerra estuvo justificada, sino cómo fue posible que una narrativa sin sustento lograra imponerse con tal fuerza. La respuesta no reside únicamente en los errores de inteligencia o en las decisiones políticas, sino en la construcción de un relato que logró instalarse como verdad incuestionable en un contexto de miedo global.

Ese día no comenzó solo una guerra: comenzó la validación de una lógica peligrosa, donde la sospecha puede convertirse en motivo suficiente para la acción militar, donde la evidencia deja de ser requisito y la narrativa pasa a ocupar su lugar.

La invasión de Irak no fue, entonces, una guerra más en la historia contemporánea. Fue la demostración de que una mentira, si es sostenida con suficiente poder, puede cambiar el curso del mundo. Y ese es, quizás, su legado más inquietante.