Proceso de Reorganización Nacional: el origen del nombre y su vínculo con Roca

El nombre del horror: cómo la dictadura recicló la épica de Proceso de Reorganización Nacional para legitimar el terrorismo de Estado

Lejos de ser una simple denominación, el régimen de 1976 se inscribió deliberadamente en una tradición de violencia estatal que hunde sus raíces en el siglo XIX. El espejo de Julio Argentino Roca no sólo aportó lenguaje: también un modelo de represión sistemática.

No hay inocencia en los nombres. Mucho menos cuando se trata de regímenes que necesitan construir legitimidad donde sólo hay violencia. La autodenominación de la última dictadura argentina como Proceso de Reorganización Nacional no fue un gesto burocrático ni una simple etiqueta administrativa: fue, en esencia, una operación ideológica de gran escala. Un intento deliberado de inscribirse en la narrativa histórica de la construcción del Estado argentino, evocando —no sin cálculo— el llamado “Proceso de Organización Nacional” del siglo XIX.

En ese espejo histórico aparece la figura de Julio Argentino Roca, arquitecto de un orden estatal consolidado a través de campañas militares como la Conquista del Desierto. Allí, el Estado no sólo avanzó territorialmente: desplegó un plan sistemático de represión, persecución, desaparición forzada y disciplinamiento social sobre los pueblos originarios. El llamado “orden” se construyó, en realidad, sobre la eliminación física y cultural de comunidades enteras.

Es en ese punto donde el paralelismo deja de ser una insinuación para volverse una línea directa de continuidad histórica. La dictadura de 1976 no sólo retomó el lenguaje de la organización nacional: recuperó también su matriz más brutal. La idea de que el Estado puede redefinir quiénes forman parte de la Nación y quiénes deben ser eliminados o neutralizados.

El problema no es sólo semántico. Nombrarse “proceso” implica presentar la propia acción como algo necesario, inevitable, casi natural. Un tránsito hacia un destino superior. En ese marco, la represión deja de ser crimen para transformarse en “etapa”, la desaparición forzada en “exceso”, y el exterminio sistemático en “costo”. La palabra funciona como anestesia social.

Pero hay algo aún más inquietante: el uso del término “reorganización”. ¿Qué había que reorganizar? ¿Qué desorden justificaba la suspensión de la democracia, la disolución del Congreso, la proscripción política y la instalación de centros clandestinos de detención? La respuesta de los militares fue clara: la sociedad misma. El objetivo no era sólo eliminar a la militancia política o sindical, sino reconfigurar el tejido social en función de un nuevo orden económico y cultural.

En ese sentido, el eco de Roca no fue sólo simbólico. Así como en el siglo XIX el enemigo interno fue el indígena, en 1976 lo fue el militante político, el trabajador organizado, el estudiante. Cambian los sujetos, pero persiste la lógica: identificar un “otro” a eliminar para garantizar un proyecto de país excluyente.

El nombre elegido operó, entonces, como un dispositivo de poder. No sólo buscaba convencer hacia afuera, sino disciplinar hacia adentro. Instalar la idea de que lo que ocurría era parte de un plan superior, de una misión histórica. Como si los responsables del golpe se colocaran en la misma línea que los “constructores” de la Nación, invisibilizando que su proyecto no era construir, sino imponer mediante el terror.

Nombrar es gobernar. Y en este caso, también fue una forma de encubrir. La dictadura no sólo secuestró personas: secuestró palabras, resignificó conceptos y colonizó el sentido común. Recuperar el verdadero significado de ese nombre es, todavía hoy, una tarea política y cultural. Porque detrás de esa fachada de “proceso” no hubo reorganización alguna, sino la continuidad —actualizada y perfeccionada— de una larga tradición de violencia estatal en la Argentina.