El 26 de marzo de 1976, a apenas 48 horas del golpe de Estado, la tapa del diario Clarín no solo informó: construyó un clima. Entre la proclamación del poder militar como “órgano supremo” y la suspensión del derecho de huelga, el mensaje fue claro: el orden se imponía, aun a costa de las libertades.
La tapa del diario Clarín del 26 de marzo de 1976 no es simplemente un documento periodístico: es una pieza clave para comprender cómo se edificó el consenso inicial de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. En un contexto de ruptura institucional absoluta, donde las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional dos días antes, el diario no adopta una posición de alerta, ni de denuncia, ni siquiera de cautela. Por el contrario, se presenta como un engranaje más en la maquinaria de legitimación del nuevo régimen.
El título principal no deja lugar a ambigüedades: “La Junta es el órgano supremo del Estado”. No hay matices, no hay distancia crítica, no hay interrogantes. La afirmación es contundente y opera como una naturalización inmediata del poder de facto. El lenguaje elegido elimina cualquier resquicio de ilegalidad o excepcionalidad. La Junta Militar no irrumpe: se instala. No usurpa: ordena. No reprime: organiza. Así, en apenas una línea, se borra de un plumazo el orden constitucional y se lo reemplaza por una narrativa de autoridad incuestionable.
Pero es en el desarrollo de la tapa donde el mensaje se vuelve aún más inquietante. La noticia sobre la suspensión del derecho de huelga aparece destacada con una contundencia que no deja margen a interpretaciones: “El derecho de huelga quedó suspendido temporariamente”. La palabra “temporariamente” funciona aquí como un recurso tranquilizador, casi anestésico, que busca amortiguar el impacto de una medida de enorme gravedad institucional. Sin embargo, la historia demostraría que ese “temporariamente” se convertiría en un largo período de anulación sistemática de derechos laborales, persecución sindical y disciplinamiento social.
Lo notable —y perturbador— no es solo la medida en sí, sino el modo en que es presentada. No hay cuestionamientos, no hay voces disidentes, no hay contextualización jurídica. La suspensión de un derecho fundamental aparece como un dato más dentro de una supuesta reorganización necesaria. El trabajador no es concebido como sujeto de derechos, sino como potencial factor de desorden que debe ser contenido.
En paralelo, la tapa despliega otros elementos que refuerzan esta construcción de “normalidad”. Se informa que “habrá clases primarias y funcionarán los bancos”, y que “reabrieron teatros y cines”. La escena es cuidadosamente montada: mientras se suprimen libertades esenciales, se destacan signos de continuidad cotidiana. Es la lógica del orden por sobre la democracia. Se transmite la idea de que todo sigue funcionando, de que la vida continúa, de que no hay motivos para alarmarse.
Pero esa normalidad es, en realidad, profundamente artificial. Es una normalidad construida sobre el silencio, sobre la omisión, sobre la invisibilización de lo que ya estaba ocurriendo en esos mismos días: detenciones ilegales, persecuciones políticas, desapariciones incipientes. Nada de eso aparece en la tapa. El terror no se nombra. La represión no existe. Solo hay orden.
Incluso la nota sobre el hallazgo de un “arsenal en Bienestar Social” se inscribe dentro de esta lógica. Funciona como justificación implícita del golpe: sugiere la existencia de una amenaza previa que hacía necesario el accionar militar. Es un recurso clásico: construir un enemigo para legitimar la intervención. En este caso, sin pruebas visibles ni desarrollo crítico, el diario contribuye a reforzar la narrativa de que el país estaba al borde del caos y que las Fuerzas Armadas llegaron para salvarlo.
El rol del periodismo en contextos de quiebre institucional es siempre decisivo. Puede optar por interpelar al poder, por cuestionarlo, por incomodarlo. O puede, como en este caso, alinearse con él y amplificar su discurso. La tapa de Clarín del 26 de marzo de 1976 evidencia una elección clara: no solo informar lo que el poder hace, sino ayudar a construir el sentido de lo que ese poder significa.
A dos días del golpe, ya no se trataba de describir la realidad, sino de modelarla. La Junta Militar no solo necesitaba controlar el Estado: necesitaba también controlar el relato. Y en esa tarea, ciertos medios jugaron un papel central.
La advertencia a los trabajadores —la suspensión del derecho de huelga— no fue presentada como lo que era: una señal inequívoca de autoritarismo. Fue, en cambio, integrada a un discurso de orden, eficiencia y normalidad. Como si la pérdida de derechos fuera el precio lógico a pagar por la estabilidad.
“Total normalidad”, se había dicho el día anterior. Pero lo que esta tapa revela es otra cosa: el inicio de una normalidad sin derechos, sin voces y sin conflicto visible. Una normalidad impuesta. Una normalidad construida desde arriba. Una normalidad que, en nombre del orden, comenzaba a borrar a quienes se atrevieran a cuestionarlo.
Prof. Walter Onorato
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