La elección de 1963 marcó el regreso de un gobierno constitucional, pero también expuso las profundas heridas de un sistema político atravesado por las proscripciones, la tutela militar y la exclusión de la principal fuerza electoral del país.
El 7 de julio de 1963 la Argentina volvió a votar para elegir presidente. Sobre el papel, la jornada representaba el retorno a la institucionalidad después de una nueva interrupción del orden constitucional por parte de las Fuerzas Armadas, que el 29 de marzo de 1962 derrocaron al presidente constitucional Arturo Frondizi. El golpe fue ejecutado por los altos mandos militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que rechazaban la creciente influencia del peronismo tras las elecciones provinciales de marzo de ese año, en las que había obtenido importantes victorias.
Para no dejarlo pasar, recordemos que las caras del golpe militar eran Raúl Alejandro Poggi, comandante en jefe del Ejército y principal impulsor del derrocamiento de Frondizi. El comandante en jefe de la Armada, Agustín Ricardo Penas y Cayo Antonio Alsina, quien era comandante en jefe de la Fuerza Aérea.
Aunque formalmente la presidencia quedó en manos del presidente provisional del Senado, José María Guido, su asunción respondió a una maniobra institucional para evitar la instalación de una junta militar. Sin embargo, Guido gobernó bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, que impusieron las principales decisiones políticas, mantuvieron la proscripción del peronismo y condicionaron el funcionamiento del sistema institucional.
Por estos motivos, detrás de las urnas se escondía una democracia profundamente condicionada. Recordemos que el peronismo permanecía proscripto, su líder, Juan Domingo Perón, continuaba exiliado y millones de ciudadanos acudían a las urnas sabiendo que no podían votar por la fuerza política con la que se identificaban.
En ese escenario excepcional, Arturo Umberto Illia, candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, obtuvo el primer lugar con apenas el 25,14 % de los votos. El porcentaje, lejos de expresar una mayoría social, revelaba la fragmentación del sistema político y las consecuencias de una competencia electoral deliberadamente incompleta. La segunda fuerza fue la Unión Cívica Radical Intransigente de Oscar Alende, mientras que el voto en blanco alcanzó un histórico 19,41 %, transformándose en una de las expresiones políticas más contundentes de la jornada. Para una parte significativa de la sociedad, depositar un sobre vacío equivalía a denunciar que aquellas elecciones nacían con un límite insalvable: la exclusión de la fuerza mayoritaria del país.
La victoria de Illia no fue el resultado de un liderazgo arrollador ni de una ola electoral. Fue la consecuencia de un complejo entramado institucional construido después del derrocamiento de Arturo Frondizi en marzo de 1962. Las Fuerzas Armadas habían impuesto nuevas reglas del juego político con el objetivo de impedir cualquier regreso del peronismo al poder. El resultado fue una democracia vigilada, donde el sufragio existía, pero la competencia política estaba severamente restringida.
Como la Constitución todavía establecía un Colegio Electoral, el triunfo tampoco quedó definido únicamente por el voto popular. La UCR del Pueblo consiguió la primera minoría de electores y luego reunió los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría requerida. La diferencia se resolvió durante la reunión del Colegio Electoral, el 31 de julio de 1963. Allí comenzaron las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas.
Vemos como fueron los apoyos conseguidos y quienes prestaron su voto para que Illía llegue al poder. Por un lado tenemos al inefable Partido Demócrata Progresista, la Democracia Cristiana, diversos partidos provinciales y fuerzas menores que junto a algunos electores independientes decidieron respaldar su candidatura para facilitar la conformación de un gobierno constitucional.
Gracias a esos acuerdos, Illia alcanzó 270 votos electorales, muy por encima de los 239 necesarios. Este mecanismo explica una de las paradojas de aquella elección: Illia llegó a la Presidencia con apenas una cuarta parte del voto popular, pero con una holgada mayoría en el Colegio Electoral. (un gran ejemplo de democracia directa versus democracia indirecta). De esa manera, Illia fue proclamado presidente y asumió el 12 de octubre de 1963 junto al vicepresidente Carlos Humberto Perette.
La paradoja acompañó a Illia desde el primer día. Llegó al gobierno con una legitimidad constitucional incuestionable, pero con una legitimidad política debilitada por las condiciones en las que se había desarrollado la elección. Gobernar significaba administrar un país donde millones de ciudadanos seguían privados de expresar plenamente su voluntad electoral y donde las Fuerzas Armadas conservaban un poder de veto sobre el sistema político.
Hay que recordar que el 16 de septiembre de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón y prohibió toda actividad vinculada al peronismo. En 1956 dictó el Decreto-Ley 4161, que llegó incluso a prohibir mencionar los nombres de Perón y Eva Perón, utilizar símbolos, marchas, fotografías o cualquier referencia al movimiento peronista.
Gran paradoja, Pedro Eugenio Aramburu, integrante de la Revolución Fusiladora y artífice de la prohibición del peronismo recibió el castigo popular de las urnas con un estruendoso fracaso electoral. El militar golpista se presentó como candidato de la Unión del Pueblo Argentino (UDELPA), un partido fundado por él mismo en 1962. Su compañero de fórmula fue Arturo J. Etchevehere y contaba además con el respaldo del siempre bien predispuesto Partido Demócrata Progresista mediante listas comunes en varios distritos, lo que elevó su caudal electoral total. El 7 de julio de 1963 UDELPA obtuvo 726.861 votos, que representaba sólo el 8,24%. Resumen, el general como militar fue un traidor a la Patria y como político un verdadero fracaso.
Pero volvamos a la historia del desdichado Illia que pese a esas limitaciones, su gobierno impulsó una agenda que buscó fortalecer la capacidad reguladora del Estado, ampliar la inversión educativa, recuperar márgenes de autonomía en materia económica y establecer controles sobre sectores estratégicos, como ocurrió con la política farmacéutica y la revisión de contratos petroleros. Estas decisiones despertaron resistencias en importantes grupos empresariales, en parte de la prensa y en sectores militares que consideraban que el gobierno avanzaba sobre intereses consolidados.
En el plano empresarial, quienes reaccionaron con mayor dureza fueron las compañías petroleras extranjeras afectadas por la anulación de los contratos firmados durante el gobierno de Arturo Frondizi. Entre ellas se encontraban empresas como Standard Oil of California, Esso y Shell, cuyos intereses fueron directamente alcanzados por los decretos de noviembre de 1963. La decisión también generó tensiones con el gobierno de los Estados Unidos y con organismos financieros internacionales.
Otro frente de conflicto fue la industria farmacéutica. La llamada Ley Oñativia, que declaró a los medicamentos como bienes sociales, congeló precios y fortaleció el control estatal sobre el sector, provocó una intensa campaña de oposición de los grandes laboratorios, muchos de ellos multinacionales. La historiografía señala que las cámaras empresarias realizaron un fuerte lobby político y mediático, e incluso que algunos gobiernos acreedores presionaron durante la renegociación de la deuda externa para obtener la flexibilización de esa legislación.
Respecto de la prensa, la identificación también puede hacerse con nombres propios. La revista Primera Plana, dirigida por Jacobo Timerman, fue uno de los medios más críticos del gobierno de Illia. Desde 1964 incorporó como principal columnista político a Mariano Grondona y desarrolló una línea editorial que cuestionó sistemáticamente la gestión presidencial, presentándola como lenta, ineficaz y políticamente agotada. Los estudios académicos sobre el período sostienen que esa publicación expresó las posiciones de importantes sectores de las clases dirigentes y contribuyó a construir el clima de opinión que precedió al golpe de 1966.
En 1965 apareció además la revista Confirmado, también vinculada inicialmente a Timerman. Diversos trabajos historiográficos sostienen que profundizó esa campaña de desgaste y que funcionó como una de las tribunas desde las cuales se legitimó la idea de que el gobierno había perdido capacidad para conducir el país. En cuanto a los diarios tradicionales, La Nación mantuvo una posición crítica frente a varias de las políticas económicas e institucionales del gobierno, especialmente las vinculadas con la intervención estatal y la política petrolera. Clarín también cuestionó distintos aspectos de la gestión, aunque la historiografía suele señalar que el protagonismo en la construcción del discurso opositor correspondió más a los semanarios políticos que a los diarios generalistas.
La experiencia de Illia demuestra que la estabilidad democrática depende de algo más que la realización periódica de elecciones. Cuando una parte sustancial de la ciudadanía queda excluida de la competencia política o cuando actores no elegidos conservan capacidad para condicionar al poder civil, la democracia se convierte en un régimen incompleto. Esa fragilidad quedó al descubierto apenas tres años después, cuando el golpe de Estado del 28 de junio de 1966 puso fin a su mandato e inauguró la autodenominada Revolución Argentina encabezada por Juan Carlos Onganía.
Más de seis décadas después, la elección de 1963 sigue siendo una de las experiencias más reveladoras de la historia argentina. No fue elegido por la mayoría del electorado y mostró hasta qué punto una democracia puede sobrevivir formalmente mientras permanece limitada por proscripciones, tutelas militares y reglas diseñadas para excluir antes que para representar. Se puede decir que el triunfo de Arturo Illia fue, al mismo tiempo, una victoria institucional y el reflejo de una democracia que todavía estaba lejos de ser plenamente democrática.
Prof. Walter Onorato
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