Comandos Civiles: el terrorismo olvidado que ayudó a derrocar a Perón en 1955. Mientras la historia oficial exaltó durante décadas a muchos de sus protagonistas, los Comandos Civiles organizaron sabotajes, atentados, acopio de armas y acciones clandestinas para contribuir al derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Su participación en el golpe de 1955 sigue siendo uno de los capítulos menos discutidos de la violencia política argentina.
Durante décadas, la historia argentina construyó un relato en el que el golpe de Estado de septiembre de 1955 apareció como una acción casi exclusivamente militar. Sin embargo, detrás de los uniformes existió una estructura clandestina integrada por miles de civiles que organizó operaciones de inteligencia, sabotajes, distribución de propaganda, almacenamiento de armas y acciones armadas destinadas a desestabilizar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Eran los llamados Comandos Civiles, una organización cuya actuación continúa siendo una de las páginas más incómodas de la historia política argentina.
Su existencia demuestra que el derrocamiento de Perón no fue solamente obra de sectores de las Fuerzas Armadas. También contó con una extensa red de civiles convencidos de que la violencia era un instrumento legítimo para terminar con un gobierno elegido por el voto popular.
Los Comandos Civiles no constituían una organización única y centralizada. Funcionaban mediante pequeñas células clandestinas, con una estructura compartimentada que permitía mantener el secreto de sus operaciones. Cada grupo conocía únicamente una parte del funcionamiento general, una metodología propia de organizaciones conspirativas que buscaban minimizar el riesgo de ser descubiertas.
Su composición era diversa. Reunía a dirigentes y militantes provenientes del radicalismo, sectores conservadores, nacionalistas católicos, demócrata-cristianos, socialistas y estudiantes universitarios, especialmente de familias acomodadas. Las diferencias ideológicas quedaban relegadas frente a un objetivo común: poner fin al gobierno peronista. Esto lo podemos comprobar a continuación.
El primero en mencionar, es el caso más conocido, Mariano Grondona. Él mismo reconoció públicamente haber integrado los Comandos Civiles. También admitió haber participado en el atentado con bombas en Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953 y en las acciones que desembocaron en el golpe de 1955. También se destaca Florencio José Arnaudo, como uno de los dirigentes de los comandos católicos. En su libro El año en que quemaron las iglesias narró en primera persona la organización clandestina, la impresión de panfletos, el entrenamiento y la coordinación de los comandos. Décadas después declaró que estaba dispuesto a matar a Perón bajo la idea del "tiranicidio".
Por otro lado encontramos a Emilio Mignone quien es reconocido posteriormente como fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tras la desaparición de su hija durante la última dictadura cívico-militar. En 1955 colaboró con los comandos católicos redactando el periódico clandestino Verdad, destinado a la propaganda antiperonista. Otro caso es el prestigioso médico y profesor universitario Mariano Castex, quien figura entre los integrantes de los comandos civiles de la ciudad de Buenos Aires.
Entre los Comandos Civiles encontramos a integrantes de las llamadas familias de bien. Augusto Rodríguez Larreta era parte de una tradicional familia política uruguayo-argentina, fue actor en cine y televisión, fue también director de teatro, abogado, periodista, escritor, pintor y exsacerdote católico. Fue un actor de reparto muy reconocido que compartió escenas con grandes del espectáculo argentino como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez, Javier Portales, Federico Luppi y Rodolfo Ranni entre otros.
Otra familia tradicional como la Lanusse tenía su integrante. Eduardo Madero fue citado como participante de los comandos. (No se pudo corroborar si es la misma persona o un homónimo del remero olímpico que compitió en los Juegos olímpicos de Verano de 1948 y 1952.)
También encontramos familias siniestras. Como es el caso de los Astiz, donde Alejandro, quien fuese el abuelo del represor genocida Alfredo Astiz participó de este grupo terrorista. Y los Ezcurra, con Marta, quien sería la ejecutora de intervenir, desmantelar y disolver la Fundación Eva Perón una vez triunfada la Revolución Fusiladora.
Lejos de limitarse a la propaganda política, los Comandos Civiles desarrollaron una intensa actividad clandestina. Organizaron redes de inteligencia, almacenaron armas, realizaron entrenamientos paramilitares y participaron en actos de sabotaje contra instalaciones vinculadas al Estado y al peronismo. Paralelamente mantenían contacto permanente con oficiales militares que preparaban el golpe de Estado.
A mediados del 55 los Comandos Civiles realizan atentados a unidades básicas y locales sindicales. En Buenos Aires produjeron al menos una docena de atentados contra policías de custodia en templos y escuelas, con un saldo de tres policías asesinados.
El 20 de julio de 1955, Diego Muniz Barreto voló con explosivos la Escuela Superior Peronista. El 15 de agosto fueron detenidos en la confitería La Biela cuatro adolescentes que se movían en un jeep con armas. Probablemente era un vehículo utilizado para balear policías. El jefe del grupo y proveedor de armas (que se dio a la fuga) era Diego Muniz Barreto.
El 16 de septiembre, cuando se inicia la sublevación militar contra Perón, los Comandos Civiles de Buenos Aires realizan acciones de sabotaje en once plantas transmisoras de radio.
Pere su intervención adquirió una dimensión decisiva durante el 16 de junio de 1955, cuando sectores de la Marina y la Aviación Naval bombardearon Plaza de Mayo con el objetivo de asesinar a Perón y provocar el colapso del gobierno constitucional. Mientras los aviones descargaban bombas sobre una plaza repleta de trabajadores y transeúntes, provocando una de las mayores masacres de civiles de la historia argentina, los Comandos Civiles desarrollaban acciones de apoyo desde tierra.
Entre esas tareas figuraban la ocupación de emisoras radiales para difundir proclamas golpistas, la toma de edificios estratégicos y la coordinación logística con las fuerzas rebeldes. No fueron simples espectadores del ataque: integraban el dispositivo insurreccional que buscaba reemplazar por la fuerza a un gobierno elegido democráticamente.
Aquel bombardeo dejó más de trescientas personas muertas y más de mil heridas. La mayoría eran civiles que se encontraban trabajando o circulando por el centro porteño. Sin embargo, durante muchos años este episodio permaneció prácticamente ausente de los programas escolares y del debate público, mientras otros hechos de violencia política recibían una atención mucho mayor.
El fracaso del intento golpista de junio no significó el fin de las operaciones clandestinas. Los Comandos Civiles continuaron reorganizándose durante los meses siguientes hasta convertirse en una pieza fundamental del golpe iniciado el 16 de septiembre de 1955, conocido posteriormente como la denominada Revolución Libertadora.
En ciudades como Córdoba colaboraron directamente con los militares sublevados, organizaron patrullas armadas, ocuparon medios de comunicación y participaron en enfrentamientos contra fuerzas leales al gobierno. Su intervención permitió consolidar el avance de los golpistas en distintos puntos del país y facilitó el derrocamiento definitivo de Perón.
La pregunta inevitable es cómo debe definirse históricamente a estas organizaciones. Desde un punto de vista descriptivo, los Comandos Civiles recurrieron a la violencia organizada, actuaron en la clandestinidad, utilizaron armas y explosivos, desarrollaron atentados y buscaron modificar el orden constitucional mediante el uso de la fuerza. Se trata de características que hoy suelen asociarse con el terrorismo político.
Sin embargo, gran parte de la historiografía tradicional prefirió utilizar denominaciones más neutras como "grupos conspirativos", "organizaciones clandestinas" o "subversión civil". Esa diferencia terminológica no es menor. También expresa la manera en que determinadas violencias fueron incorporadas —o deliberadamente excluidas— de la memoria colectiva argentina.
Resulta difícil imaginar que una organización con esas mismas prácticas, pero orientada hacia un gobierno de signo político diferente, no hubiera sido inmediatamente catalogada como terrorista. La discusión, entonces, no gira únicamente alrededor de los hechos, sino también sobre los criterios con los que la sociedad argentina decide recordar o silenciar determinadas formas de violencia política.
Tras el triunfo del golpe, numerosos integrantes de los Comandos Civiles pasaron de la clandestinidad al Estado. Muchos ocuparon cargos públicos, participaron en organismos de seguridad, intervinieron universidades y formaron parte de la administración instaurada por la dictadura que proscribió al peronismo durante casi dos décadas.
Ese dato constituye una de las mayores paradojas de la historia argentina. Mientras el nuevo régimen perseguía a miles de militantes peronistas, prohibía símbolos políticos, encarcelaba dirigentes y restringía libertades civiles, varios de quienes habían organizado acciones armadas contra el gobierno constitucional eran incorporados al aparato estatal
La historia de los Comandos Civiles obliga a revisar algunos lugares comunes sobre la violencia política en Argentina. Mucho antes de las organizaciones armadas que surgirían en las décadas siguientes, ya existían grupos civiles que habían optado por la conspiración, el sabotaje y la acción armada para modificar el rumbo institucional del país.
Comprender ese proceso no implica relativizar otras formas de violencia política, sino reconocer que la ruptura del orden democrático de 1955 fue el resultado de una articulación entre sectores militares y civiles que eligieron las armas antes que las urnas. Y que, durante demasiado tiempo, una parte significativa de esa historia permaneció relegada a los márgenes del relato oficial.
Prof. Walter Onorato
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