Durante la segunda mitad del siglo XIX, los nuevos Estados latinoamericanos impulsaron reformas económicas y políticas destinadas a modernizar sus sociedades e incorporarlas al capitalismo mundial. Sin embargo, la privatización de tierras comunitarias, la expansión de los latifundios y las campañas militares contra los pueblos originarios revelaron una contradicción profunda: mientras las élites proclamaban la libertad individual y la igualdad jurídica, millones de campesinos e indígenas perdían sus territorios y quedaban sometidos a nuevas formas de explotación. De Argentina a México, de Guatemala a Brasil, la construcción de los Estados nacionales estuvo atravesada por una disputa decisiva sobre la propiedad, el trabajo y la distribución de la riqueza.
La modernización latinoamericana y una pregunta incómoda: ¿progreso para quiénes?
La historia de América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX suele presentarse como el período de consolidación de los Estados nacionales, expansión del comercio y modernización de las economías. Fue una etapa de profundas transformaciones institucionales, construcción de infraestructura, ampliación de las fronteras productivas y creciente integración con los mercados internacionales.
Pero detrás de ese proceso aparece una pregunta que obliga a examinar críticamente el significado de aquella modernización: ¿quiénes se beneficiaron de las reformas y quiénes pagaron sus costos?
El problema no era solamente económico. Se discutía quién tenía derecho a poseer la tierra, qué sectores podían participar de las decisiones políticas y bajo qué condiciones debían trabajar las poblaciones rurales.
La formación de los Estados nacionales, la organización de las nuevas repúblicas latinoamericanas estuvo acompañada por reformas liberales que facilitaron la transición hacia un capitalismo dependiente. En ese proceso, las tierras comunales indígenas, las propiedades eclesiásticas y otras formas tradicionales de tenencia fueron consideradas obstáculos para la expansión del capital privado.
La transformación tuvo consecuencias concretas. Territorios utilizados durante generaciones por comunidades originarias y campesinas comenzaron a incorporarse al mercado de tierras, mientras los grandes propietarios ampliaban sus dominios y los Estados promovían economías orientadas a la exportación.
La paradoja fue significativa: la igualdad jurídica que proclamaban las reformas liberales no impidió que se profundizaran las desigualdades materiales. En numerosas regiones, la eliminación de las formas comunitarias de propiedad dejó a poblaciones enteras en condiciones de mayor vulnerabilidad frente a los terratenientes.
La modernización, por lo tanto, no puede comprenderse únicamente a partir del crecimiento de las exportaciones o de la expansión de las inversiones. También exige examinar cómo se distribuyeron los recursos, qué relaciones laborales surgieron y qué papel desempeñó el Estado en la reorganización de la propiedad.
La tierra como mercancía: el verdadero alcance de las reformas liberales
Uno de los cambios más importantes del período fue la transformación de los sistemas de propiedad agraria.
Durante la época colonial habían coexistido diferentes modalidades de tenencia de la tierra. Junto a las grandes haciendas privadas existían territorios comunales indígenas, tierras ejidales y extensas propiedades pertenecientes a la Iglesia católica.
Las reformas liberales cuestionaron especialmente aquellas formas de propiedad que no podían circular libremente en el mercado. Sus impulsores consideraban que la posibilidad de comprar, vender y utilizar las tierras como garantía de crédito permitiría incrementar la producción y atraer inversiones.
Sin embargo, la transformación de la tierra en una mercancía no garantizaba una distribución más equitativa.
Los campesinos que carecían de recursos para adquirir títulos legales, pagar impuestos o afrontar los costos de los procedimientos administrativos se encontraban en desventaja frente a los grandes propietarios y comerciantes.
En México, esta contradicción quedó expuesta con la Ley Lerdo de 1856, impulsada por el ministro de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada durante la presidencia de Ignacio Comonfort.
La legislación buscaba poner en circulación propiedades de corporaciones civiles y religiosas, limitar el poder económico de la Iglesia y promover la formación de propietarios individuales.
El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México reconoce que la norma contribuyó a la secularización de la sociedad, pero también identifica consecuencias negativas: la pérdida de tierras indígenas y la acumulación de propiedades.
El propio organismo explica que la ausencia de límites a las adquisiciones, las deficiencias en los mecanismos de subasta y las dificultades económicas de los potenciales compradores facilitaron la concentración territorial.
La cuestión central es que la libertad de comprar tierras no significaba lo mismo para un campesino empobrecido que para un propietario con capital, crédito y relaciones políticas.
Argentina: la expansión territorial del Estado y el despojo de los pueblos originarios
En Argentina, la consolidación del Estado nacional estuvo estrechamente relacionada con la expansión militar sobre territorios habitados por pueblos originarios.
Durante las últimas décadas del siglo XIX, las campañas sobre la Patagonia y el Chaco ampliaron las áreas bajo control estatal y facilitaron su incorporación a los circuitos económicos.
La llamada Conquista del Desierto, desarrollada especialmente durante la presidencia de Nicolás Avellaneda y bajo la conducción militar de Julio Argentino Roca, constituyó uno de los episodios centrales de ese proceso.
La denominación misma de la campaña merece atención histórica. Aquellos territorios no estaban deshabitados. Eran espacios ocupados por sociedades indígenas que mantenían formas propias de organización política, económica y territorial.
El avance militar permitió al Estado imponer su autoridad sobre esas regiones, pero también produjo desplazamientos forzados, muertes, cautiverio y pérdida de tierras comunitarias.
Se relaciona explícitamente la conquista de la Patagonia y del Chaco con la posterior venta de extensiones territoriales y el fortalecimiento de los grandes terratenientes.
El mecanismo resulta decisivo para comprender la formación de la estructura agraria argentina: el Estado incorporaba territorios mediante la fuerza y posteriormente facilitaba su explotación bajo formas de propiedad privada.
La expansión de la frontera agropecuaria favoreció la producción destinada a los mercados internacionales. Pero el crecimiento económico coexistió con una distribución profundamente desigual de la tierra.
La consolidación de las grandes propiedades rurales no fue, por lo tanto, un fenómeno exclusivamente económico. Estuvo vinculada a decisiones políticas, legislación sobre tierras y campañas militares.
Chile y la Araucanía: la violencia detrás de la incorporación territorial
Un proceso comparable se desarrolló en el sur de Chile, donde el Estado emprendió la denominada Pacificación de la Araucanía.
La campaña implicó la ocupación militar de territorios mapuches y la progresiva imposición de instituciones estatales sobre comunidades que habían conservado importantes márgenes de autonomía.
El resultado incluyó la pérdida de extensas superficies y el confinamiento de poblaciones mapuches en reducciones.
La denominación oficial de pacificación contrastaba con la experiencia de las comunidades afectadas. Mientras el Estado presentaba su avance como una tarea de integración nacional, los pueblos originarios enfrentaban una transformación forzada de sus condiciones de existencia.
El fenómeno no fue exclusivo de la Araucanía. En el extremo austral del continente, las poblaciones selk'nam, yaganes y kawésqar padecieron procesos de violencia, desplazamiento y reducción demográfica asociados con la colonización y la expansión de actividades económicas.
La comparación entre Argentina y Chile permite reconocer una característica regional: la construcción de los Estados nacionales no significó únicamente establecer constituciones, organizar administraciones o delimitar fronteras.
También supuso imponer un determinado régimen de propiedad sobre territorios que ya estaban habitados.
Guatemala: el café, la concentración de tierras y el trabajo forzado
Guatemala ofrece uno de los ejemplos más claros de la relación entre reformas liberales, expansión exportadora y subordinación laboral.
En 1871, un movimiento encabezado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios abrió una nueva etapa política. Sus gobiernos impulsaron transformaciones institucionales, obras de infraestructura y medidas destinadas a fortalecer la producción cafetalera.
El Banco de Guatemala reconoce que las reformas incluyeron avances en educación laica, comunicaciones y organización económica. También señala que el Estado entregó grandes extensiones de tierras a inversionistas nacionales y extranjeros para desarrollar plantaciones de café.
La reforma agraria liberal afectó los sistemas comunitarios de propiedad y contribuyó al desplazamiento de poblaciones indígenas hacia las haciendas.
En 1877 se promulgó el Reglamento de Jornaleros, que estableció mecanismos de control sobre la mano de obra rural. El endeudamiento y las obligaciones laborales limitaron la libertad efectiva de numerosos trabajadores.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala documenta que las políticas de la época combinaron la supresión de derechos comunales con el trabajo forzado, especialmente en las regiones de expansión cafetalera. También registra resistencias indígenas frente a los propietarios y las autoridades.
En Guatemala, la producción destinada al mercado internacional se desarrolló junto a mecanismos legales y económicos que restringían la movilidad y autonomía de los trabajadores rurales.
El café generaba ingresos comerciales y contribuía a integrar el país a la economía mundial. Pero esa integración no significaba que los beneficios llegaran de manera equivalente a quienes trabajaban las plantaciones.
Perú, Brasil y México: cuando la demanda internacional multiplicó la explotación
La expansión de los mercados internacionales también transformó las relaciones sociales en otras regiones latinoamericanas.
En Perú, el avance de las grandes propiedades afectó las tierras de los ayllus, comunidades organizadas alrededor de vínculos de parentesco, trabajo colectivo y formas tradicionales de solidaridad.
La pérdida de territorios debilitó estructuras comunitarias que cumplían funciones económicas, sociales y culturales.
En México, las comunidades mayas de Yucatán resistieron durante décadas la expansión de los poderes regionales. Las llamadas guerras de castas estuvieron vinculadas a conflictos territoriales, desigualdades sociales y formas de dominación sobre las poblaciones indígenas.
Tras las campañas militares y el sometimiento de distintas comunidades, numerosos trabajadores fueron incorporados en condiciones coercitivas a las haciendas productoras de henequén, una fibra vegetal utilizada en la fabricación de sogas y otros productos industriales.
En la Amazonía peruana y brasileña, el auge del caucho durante las últimas décadas del siglo XIX intensificó la búsqueda de mano de obra.
La creciente demanda internacional de látex convirtió extensas regiones selváticas en espacios de explotación comercial. Las poblaciones indígenas quedaron expuestas a capturas, desplazamientos y sistemas de trabajo extremadamente violentos.
Eggers-Brass destaca que la expansión de estas actividades estuvo acompañada por prácticas que reducían a las comunidades originarias a una fuente de trabajo disponible para la acumulación privada.
La abolición formal de determinadas instituciones coloniales no había significado el fin de la coerción laboral.
El problema adquiría nuevas características dentro de economías conectadas con los mercados industriales internacionales.
La demanda de productos podía estimular inversiones y aumentar exportaciones, pero también incentivar mecanismos de explotación cuando los trabajadores carecían de derechos efectivos y de capacidad para resistir las imposiciones de los propietarios.
El positivismo y el darwinismo social: cuando la desigualdad buscó legitimarse como ciencia
Las transformaciones económicas del siglo XIX estuvieron acompañadas por discursos que pretendían explicar y justificar las jerarquías sociales.
El positivismo, una corriente intelectual que otorgaba gran importancia al conocimiento científico y a la idea de progreso, influyó sobre numerosos dirigentes latinoamericanos.
Sin embargo, algunas élites combinaron ese lenguaje modernizador con interpretaciones racistas del darwinismo social.
Estas doctrinas trasladaban de manera indebida conceptos de la evolución biológica a las relaciones humanas y sostenían supuestas jerarquías entre grupos raciales y culturales.
Bajo esos argumentos, las poblaciones indígenas y mestizas eran presentadas como obstáculos para el desarrollo nacional.
La consecuencia política era profunda.
Si determinados grupos eran considerados incapaces de participar plenamente en la vida moderna, resultaba más sencillo justificar su exclusión de las instituciones, la pérdida de sus territorios y su subordinación laboral.
El material de Eggers-Brass señala que numerosas repúblicas restringieron los derechos políticos de poblaciones analfabetas o sometidas a relaciones de servidumbre.
Así, los principios liberales de ciudadanía e igualdad convivieron con sistemas de exclusión que afectaban especialmente a los sectores populares.
La contradicción no se limitaba a la distancia entre las leyes y su cumplimiento. En algunos casos, las propias normas institucionalizaban diferencias de derechos entre distintos grupos sociales.
Cuba y la Enmienda Platt: una independencia condicionada por Estados Unidos
La transformación de América Latina no puede explicarse únicamente por sus conflictos internos. La creciente influencia de las potencias extranjeras también condicionó las posibilidades de desarrollo autónomo de las nuevas repúblicas.
El caso cubano permite observar con particular claridad esa dimensión del problema.
Tras la guerra hispano-estadounidense de 1898, España perdió el control de Cuba, pero la isla quedó bajo ocupación militar estadounidense. La independencia formal, alcanzada en 1902, estuvo condicionada por disposiciones que limitaban su soberanía.
La Enmienda Platt, aprobada por el Congreso estadounidense en 1901 e incorporada al ordenamiento constitucional cubano, establecía condiciones para las relaciones entre ambos países.
Su artículo tercero reconocía a Estados Unidos el derecho de intervenir en Cuba bajo el argumento de preservar su independencia, proteger la propiedad y garantizar determinadas libertades.
El artículo séptimo contemplaba la cesión o arrendamiento de territorios para instalaciones navales estadounidenses.
El tratado bilateral de 1903 consolidó estas disposiciones.
Los Archivos Nacionales de Estados Unidos reconocen que la Enmienda Platt permitió una amplia intervención estadounidense en los asuntos internos y externos de Cuba, hasta el punto de convertirla prácticamente en un protectorado.
El contraste resulta significativo: una disposición presentada como instrumento para garantizar la independencia otorgaba a una potencia extranjera facultades para intervenir en las decisiones de un país soberano.
La Enmienda Platt fue utilizada para justificar intervenciones estadounidenses durante las primeras décadas del siglo XX. Sus principales disposiciones fueron derogadas en 1934, aunque Estados Unidos conservó el arrendamiento de la base naval de Guantánamo.
El episodio permite comprender una dimensión esencial de la inserción latinoamericana en el capitalismo internacional: la dependencia no se expresaba exclusivamente en el comercio o las inversiones, sino también en relaciones diplomáticas y militares asimétricas.
La división internacional del trabajo: exportar materias primas e importar productos industriales
Los procesos desarrollados en Argentina, Chile, México, Guatemala, Perú y Brasil compartieron una característica: la creciente orientación de sus economías hacia la producción de bienes demandados por los mercados internacionales.
Los países latinoamericanos se especializaron en diferentes actividades agrícolas, ganaderas, mineras y extractivas, mientras las principales potencias industriales concentraban buena parte de la producción manufacturera y del capital financiero.
Esta organización de la economía mundial es conocida como división internacional del trabajo.
La expansión exportadora permitió construir infraestructura, incrementar intercambios comerciales y desarrollar nuevas actividades económicas. Sin embargo, también generó una estructura productiva vulnerable a las fluctuaciones de la demanda externa.
La dependencia adquiría así una dimensión estructural.
Cuando el crecimiento de una economía se organiza alrededor de la exportación de un número reducido de productos, sus ingresos quedan especialmente expuestos a las variaciones de precios internacionales.
Además, la incorporación de capitales extranjeros podía contribuir a financiar obras y ampliar la producción, pero no garantizaba por sí misma el desarrollo de una industria nacional diversificada ni una distribución equitativa de sus beneficios.
En este contexto, la concentración territorial cumplía una función económica: facilitar la producción a gran escala de bienes destinados a la exportación.
El problema era que esa organización podía sostenerse sobre relaciones sociales profundamente desiguales.
América Latina no quedó al margen del capitalismo mundial. Se incorporó a él desde posiciones frecuentemente subordinadas, con estructuras productivas concentradas y profundas desigualdades en el acceso a la tierra.
El Estado liberal no desapareció: intervino para construir un nuevo orden económico
Uno de los aspectos más relevantes de este recorrido histórico es el papel desempeñado por los Estados nacionales.
Las reformas liberales promovían la propiedad privada, la circulación de mercancías y la expansión de las actividades comerciales. Pero su implementación no fue resultado exclusivo de decisiones espontáneas del mercado.
Los gobiernos aprobaron leyes de desamortización, reorganizaron los sistemas de propiedad, adjudicaron tierras, construyeron infraestructura y desplegaron fuerzas militares para ampliar su control territorial.
En Guatemala, las normas laborales contribuyeron a garantizar trabajadores para las plantaciones cafetaleras.
En México, la legislación modificó las condiciones de acceso a las tierras corporativas y comunitarias.
En Argentina y Chile, las campañas militares permitieron incorporar extensos territorios a nuevas formas de explotación económica.
Y en Cuba, la intervención estadounidense condicionó la soberanía política de un Estado formalmente independiente.
Estos ejemplos muestran que la expansión del capitalismo latinoamericano estuvo acompañada por una intensa actividad estatal.
El Estado no fue simplemente un observador del proceso económico. Participó en la definición de los derechos de propiedad, en la organización de los mercados laborales y en la distribución de recursos territoriales.
Esta constatación permite cuestionar una interpretación simplificada que presenta al mercado y al Estado como fuerzas necesariamente opuestas.
Históricamente, numerosos mercados capitalistas se expandieron mediante decisiones estatales que establecieron quién podía disponer de determinados recursos y bajo qué condiciones.
La discusión fundamental, entonces, no es solamente cuánto interviene el Estado, sino a quiénes beneficia esa intervención, qué derechos protege y cuáles son sus consecuencias sociales.
Una modernización desigual: el problema histórico que permanece abierto
La consolidación de los Estados latinoamericanos durante el siglo XIX produjo transformaciones que no pueden reducirse a una única interpretación.
Las reformas liberales contribuyeron, en distintos países y con alcances diferentes, a reorganizar las instituciones, limitar privilegios eclesiásticos, ampliar ciertas libertades civiles y desarrollar actividades productivas.
Pero esos cambios coexistieron con la concentración de tierras, la subordinación de trabajadores rurales, la violencia contra comunidades indígenas y la persistencia de jerarquías sociales heredadas de la época colonial.
La evidencia histórica obliga a distinguir entre crecimiento económico y desarrollo social.
Un país puede aumentar sus exportaciones sin mejorar proporcionalmente las condiciones de vida de su población. Puede ampliar sus fronteras productivas mientras desplaza a quienes habitaban esos territorios. Puede proclamar la igualdad ante la ley y mantener barreras económicas, educativas o políticas que impidan ejercerla plenamente.
La experiencia latinoamericana del siglo XIX demuestra que la modernización no constituye, por sí sola, una garantía de justicia social.
También muestra que la propiedad privada, la inversión extranjera y la apertura comercial deben analizarse en relación con sus efectos concretos sobre la distribución de la riqueza, las condiciones laborales y la autonomía de los Estados.
Sería históricamente incorrecto equiparar sin matices aquellas reformas decimonónicas con todas las políticas económicas contemporáneas que se identifican como liberales o neoliberales. Sus contextos, instituciones e instrumentos son diferentes. Sin embargo, la comparación permite formular preguntas que conservan relevancia: ¿cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento?, ¿qué sucede con quienes carecen de capital o propiedad?, ¿qué capacidad mantiene un país para decidir su orientación productiva?
La historia ofrece una advertencia documentada: la ampliación de las libertades económicas no implica necesariamente una ampliación equivalente de los derechos sociales.
La construcción de sociedades más igualitarias exige considerar no solamente la capacidad de producir riqueza, sino también las condiciones en que se produce, los derechos de quienes trabajan y la manera en que se distribuyen sus resultados.
En definitiva, la historia de la modernización latinoamericana obliga a revisar una idea que atraviesa diferentes épocas: que el progreso económico puede medirse exclusivamente por el volumen de las inversiones, la extensión de las propiedades o el crecimiento de las exportaciones.
La pregunta decisiva es quién controla los recursos, quién realiza el trabajo y quién recibe los beneficios.
Fuentes
Las siguientes referencias distinguen el material original aportado, los documentos históricos y las fuentes institucionales utilizadas para ampliar y contrastar la información.
Fuente principal
Eggers-Brass, T. (s. f.). Historia III: La formación de los Estados nacionales (cap. 8, pp. 244-245). Fragmento del material educativo proporcionado. [Editorial y año no identificados en las páginas compartidas].
Fuentes complementarias
Banco de Guatemala. (2024). La situación monetaria en Guatemala en el período liberal (1871-1923). En Un quetzal, una moneda, un siglo. https://banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/Publica/libros/UnQuetzal-UnaMoneda-UnSiglo.pdf
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2024). Se aprueba la Ley Lerdo, precursora de las Leyes de Reforma. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-05/FRN_JUN_28-2.pdf
González Lezama, R. (2024, 26 de marzo). La Ley Lerdo: un gran paso para la secularización de la sociedad mexicana. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. https://constitucion1917.gob.mx/es/inehrm/La_ley_Lerdo
National Archives and Records Administration. (s. f.). Platt Amendment (1903). https://www.archives.gov/milestone-documents/platt-amendment
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. (s. f.). El entorno histórico: Antecedentes. https://www.odhag.org.gt/wordpress/wp-content/uploads/2025/08/tomo3c1.html
Secretaría de Educación Pública de México. (s. f.). Nuestros saberes: México, grandeza y diversidad. https://conocetuslibros.sep.gob.mx/storage/recursos/formato_accesible/0Zr9STvqGt-primaria_4gm_fa_nuestrossaberesmexicograndezaydiversidad.pdf
United States Capitol Visitor Center. (s. f.). Platt Amendment, February 27, 1901. https://www.visitthecapitol.gov/artifact/platt-amendment-february-27-1901
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