Aseguran que el sistema recolectaba más de $1.000 millones anuales dirigido por Francisco Cabrera y Dante Sica
Todo se inició con el sobre con US$10.000 encontrado en el despacho del exsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción y Trabajo, Rodrigo Sbarra, según la denuncia que el diputado nacional Rodolfo Tailhade presentará en Comodoro Py y donde se explica que el exfuncionario formaba parte de un mecanismo de recaudación ilegal durante las gestiones de Cabrera y Sica.
Según anunció el portal El Destape, que tuvo acceso a la denuncia de Tailhade el ex Ministerio de la Producción y la Secretaría de Trabajo, estarían vinculados en un presunto sistema de recaudación ilegal que sólo en el año 2019 habría recolectado más de mil millones de pesos.
Según el denunciante, Rodrigo Sbarra y el ex secretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Trabajo, Sebastián Martín Bideberripe fueron los encargados de recaudar los fondos bajo la supervisión Francisco Cabrera y Dante Sica. Además explicó que “Rodrigo Sbarra reportaba directamente a Ignacio Pérez Rivas, jefe de Gabinete de Cabrera que, llamativamente, ante el cambio de ministro permaneció en su cargo durante la gestión de Sica.
Mientras que Ignacio Pérez Rivas, cumplía órdenes directas de Francisco Cabrera en una relación que mantenían desde hace mucho tiempo ya que había sido su jefe de Gabinete dentro de la cartera de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El esquema de recaudación ilegal se completó con Maximiliano Carlos Guida, mano derecha de Bideberripe; Hernán Alberto Coego, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio; y Claudio Daniel Giménez, testaferro de Sbarra que oficiaba como valijero.
Tailhade explicó que Claudio Giménez era quien recolectaba el dinero de primera mano y lo llevaba a unas oficinas, en la avenida Belgrano 406 de Capital Federal, donde era recibido por María Fernanda Inza (@ferinza). Recordemos que Inza había sido la contadora general de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal y que debió ser desplazada de la gestión bonaerense cuando Juan Amorín presentó la investigación sobre los aportantes truchos.
La contadora al quedar implicada en el desvío de fondos para la campaña de Cambiemos el gobierno macrista la premió con un cargo en la Agencia de Seguridad Vial con un sueldo de 100 mil pesos, según surge de las planillas de empleados de esa repartición. Inza fue denunciada como recaudadora de fondos de campaña en una triangulación que se hacía a partir del robo de identidad de vecinos de varias zonas del conurbano bonaerense que nunca habían aportado dinero para la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia y a María Eugenia Vidal a la gobernación de la provincia.
El diputado Rodolfo Tailhade explica en su denuncia que la recaudación ilegal contaba con un sistema de tres maniobras. La primera de ellas era “la contratación de 800 empleados, que no cumplían funciones dentro del ministerio y la secretaría, que entregaban a este entramado el 70% de lo facturado. De esas personas, 600 lo hicieron por un convenio con el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (Cedyat) y 200 mediante otro con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Según se pudo saber, la facturación promedio era de $70.000 por lo que casi $40.000.000 mensuales iban para este sistema de recaudación ilegal.”
La segunda maniobra “utilizada fue la autorización de pagos de bienes y servicios sobrefacturados. Se presupuestaba más de lo que efectivamente costaba lo adquirido e incluso, en varias oportunidades, jamás se entregaba. Estos acuerdos se concretaron con empresas que se quedaron con parte de lo facturado para entregar el resto al esquema de recaudación.”
Por última, la tercer forma de recaudación “fue la constitución de sociedades anónimas simplificadas para ocultar bienes adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilegal y, a la vez, facturar al ministerio por servicios inexistentes.”
Bajo este sistema ilegal y los tres esquemas de recolección anteriormente descritos el diputado del Frente de Todos estimó que la recaudación ilegal del macrismo superaba los $1.000 millones anuales.
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