El ex ministro de Hacienda, al igual que otros funcionarios del gobierno macrista, es acusado por irregularidades en la renegociación de contratos viales
(Por ROSARIO3) El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó este martes Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda durante el macrismo, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes.
El procesamiento de Dujovne se suma al del lunes contra el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, del mismo gobierno, y en la misma causa, la concesión de las estaciones viales de cobro en los accesos Norte y Oeste de Buenos Aires, entre 2016 y 2018.
En su declaración indagatoria, Dujovne se presentó a través de la plataforma remota Zoom, se negó a responder preguntas y entregó un escrito.
Por otro lado, esta semana la Cámara Federal porteña confirmó a Canicoba Corral al frente del caso, al rechazar recusaciones por parte de otros dos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri ya procesados en la pesquisa: el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
Canicoba Corral firmó el procesamiento a Dujovne dos días antes de cesar en su cargo, ya que presentó la renuncia con fecha 29 de julio, el miércoles próximo, día en que cumplirá 75 años y dejará la titularidad del juzgado federal 6 para jubilarse.
El juzgado quedará a cargo desde el jueves del juez federal Julián Ercolini, sorteado para ocuparse de la subrogancia por al menos un año.
Canicoba sostuvo que "los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las empresas en sus contrataciones; para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo".
De esta forma, se refirió a las firmas beneficiadas con la renegociación de las concesiones viales, Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste.
En la causa se investiga el proceso de renegociación de los contratos, en el marco del cual los ex funcionarios "tenían la obligación de ajustar las gestiones a los principios generales que rigen toda contratación pública".
Canicoba remarcó que debe hacerse la "salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación".
La firma de los acuerdos "permitió mediante la aplicación de cláusulas leoninas, prorrogar por diez años más una concesión de un servicio público, mediante una modalidad casi de contratación directa, sin para ello siquiera reunir informes técnicos y financieros o documentación respaldatoria que demuestren que las empresas beneficiadas, habían cumplido con las obligaciones contraídas, en tiempo y forma", concluyó el juez.
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