El tercer presidente de facto de la Revolución Argentina intentó pilotear una salida electoral sin perder el control militar. Pero en el intento de domesticar al peronismo, terminó empujando su regreso y dejando al descubierto las contradicciones de todo proyecto autoritario.
En un país incendiado por la protesta social y la violencia política, Alejandro Agustín Lanusse asumió con una misión imposible: cerrar una dictadura sin entregar el poder. Su apuesta por el Gran Acuerdo Nacional fue tanto una apertura como una maniobra de contención, en un duelo feroz con Juan Domingo Perón que redefinió la historia argentina.
El 26 de marzo de 1971 no fue un día más en la larga cronología de golpes y gobiernos de facto en Argentina. Fue, más bien, un punto de quiebre, una bisagra incómoda, un momento en el que el poder militar dejó de preguntarse cómo perpetuarse y empezó a obsesionarse con algo mucho más urgente: cómo retirarse sin que todo estalle por los aires. Ese día, Alejandro Agustín Lanusse asumió la presidencia tras la caída de Roberto Marcelo Levingston, en el marco de una Revolución Argentina que ya venía haciendo agua por todos lados.
No fue un recambio elegante ni una transición ordenada. Fue una admisión tácita de fracaso. La dictadura que había comenzado en 1966 con pretensiones de orden, eficiencia y control total de la política estaba agotada. La calle hablaba otro idioma. Desde el Cordobazo en 1969, el país había entrado en un ciclo de protesta sostenida, con trabajadores y estudiantes desafiando abiertamente al poder militar. A eso se sumaba el crecimiento de organizaciones armadas como Montoneros, ERP y FAR, que no solo cuestionaban el régimen sino que ponían en jaque su capacidad de gobernar.
Lanusse no era un improvisado ni un outsider dentro de las Fuerzas Armadas. Era, en rigor, el poder mismo. Jefe del Ejército, no necesitaba construir legitimidad: la encarnaba. Y desde ese lugar, con una mezcla de pragmatismo y cálculo frío, entendió algo que sus predecesores no habían querido o podido ver: el modelo autoritario ya no cerraba. Gobernar sin política, sin partidos y sin participación popular no era sostenible. Pero aceptar eso no implicaba renunciar al control. Ahí aparece la gran contradicción que define su gestión.
El llamado Gran Acuerdo Nacional fue la carta fuerte de Lanusse. Un intento de institucionalizar el país, de abrir el juego político sin soltar del todo las riendas. En los papeles, sonaba a transición democrática. En la práctica, era una jugada de ajedrez. Se trataba de habilitar elecciones, rehabilitar partidos y convocar al diálogo, pero bajo condiciones. Bajo tutela. Bajo vigilancia. La democracia, sí, pero con correa corta.
Y en ese tablero había una pieza imposible de ignorar: el peronismo. Durante años, la dictadura había intentado gobernar proscribiendo a la fuerza política mayoritaria. El resultado estaba a la vista. Lanusse decidió entonces cambiar de estrategia. Negociar con el peronismo, sí, pero sin su líder. O, mejor dicho, con un Perón domesticado, condicionado, limitado. Un peronismo sin Perón. Una idea que, vista en retrospectiva, roza lo ingenuo o lo delirante.
Porque mientras Lanusse movía fichas desde el poder, Juan Domingo Perón operaba desde el exilio en Madrid con una astucia intacta. Lo que siguió fue un duelo político a distancia que todavía hoy resuena como uno de los enfrentamientos más intensos de la historia argentina. Lanusse apostaba al “cerco”: desgastar a Perón, obligarlo a negociar desde una posición de debilidad, imponer reglas que limitaran su regreso. La frase “no le da el cuero para volver” sintetizaba esa apuesta.
Pero Perón jugaba otro juego. Desde Madrid, alentaba la movilización, sostenía la tensión y, al mismo tiempo, diseñaba una estrategia para sortear cada obstáculo. Entendía algo clave: el tiempo jugaba a su favor. La presión social crecía, la legitimidad del régimen se erosionaba y cualquier intento de salida sin su participación estaba condenado al fracaso. La designación de Héctor Cámpora como delegado fue una jugada maestra en ese sentido, una forma de burlar las trampas legales sin romper la lógica del sistema.
En el medio, Lanusse intentó dar señales de apertura que le otorgaran credibilidad a su proyecto. La devolución del cuerpo de Eva Perón en 1971 no fue un gesto menor. Fue, en términos simbólicos, una concesión enorme, casi una admisión de que la proscripción no podía sostenerse ni siquiera en el plano de la memoria. También se rehabilitó la actividad política partidaria y se impulsaron medidas económicas para calmar el frente social, aunque la inflación seguía marcando el pulso de una economía desordenada.
Pero cada concesión abría una nueva grieta en el proyecto original. Porque el problema no era solo técnico o institucional. Era político en el sentido más profundo. ¿Se puede administrar una transición sin ceder poder real? ¿Se puede invitar a jugar a quien se intentó expulsar durante años sin que ese actor termine imponiendo sus reglas? Lanusse creyó que sí. La realidad le mostró otra cosa.
Lo cierto es que, con el correr de los meses, quedó claro que sin Perón no había salida posible. No se trataba de simpatías ni de afinidades ideológicas. Era una cuestión de correlación de fuerzas. El peronismo seguía siendo el actor central de la política argentina, y cualquier intento de esquivarlo solo profundizaba la crisis. La presión social, la movilización y el desgaste del régimen terminaron por empujar una dinámica que Lanusse ya no podía controlar del todo.
Ahí aparece la gran paradoja. El hombre que llegó al poder para sostener el orden militar terminó siendo quien abrió la puerta para su final. No por convicción democrática pura, sino por necesidad. Por cálculo. Por entender que el costo de seguir como estaban era mayor que el de negociar una salida. Pero en ese movimiento, en ese intento de controlar lo incontrolable, terminó habilitando el regreso de aquello que el régimen había querido borrar.
El retorno de Perón en 1972, tras 17 años de exilio, fue la consecuencia directa de ese proceso. Y las elecciones de 1973, con el triunfo del peronismo, sellaron el final de la Revolución Argentina. Lanusse no logró su objetivo principal. No pudo construir una transición a medida. No pudo imponer un peronismo sin Perón. No pudo, en definitiva, domesticar la política.
Mirar ese episodio desde el presente no es un ejercicio inocente. Porque cada vez que desde el poder se intenta disciplinar a la sociedad, recortar la política o imponer salidas “ordenadas” desde arriba, la historia devuelve una advertencia incómoda. Las mayorías no desaparecen por decreto. La conflictividad social no se resuelve con slogans. Y las transiciones controladas suelen ser, en el mejor de los casos, ilusiones de laboratorio.
En ese sentido, la Argentina de hoy ofrece ecos inquietantes. La tentación de gobernar contra la política, de deslegitimar la representación y de reducir la complejidad social a una cuestión de ajuste y orden recuerda, con matices, a aquel clima donde el poder creía poder prescindir de la negociación real. El problema es que la historia argentina ya mostró cómo terminan esos experimentos. No con estabilidad, sino con crisis más profundas.
Lanusse quiso administrar el final de una dictadura. Terminó acelerándolo. Y en ese gesto, en esa contradicción, dejó una enseñanza que sigue vigente: cuando el poder intenta terminar con el peronismo, el peronismo vuelve. A veces de forma ordenada. Otras veces, como un vendaval.
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