El 20 de noviembre de 1973, Juan Domingo Perón viajó a Montevideo para firmar uno de los acuerdos diplomáticos más importantes entre Argentina y Uruguay. Mientras Isabel Perón asumía temporalmente la Presidencia, el líder justicialista sellaba un tratado que redefinió las fronteras fluviales, la explotación de los recursos naturales y la cooperación entre ambos países.
La historia suele recordar el 20 de noviembre de 1973 como el día en que María Estela Martínez de Perón se convirtió en la primera mujer en ejercer la Presidencia de la Argentina. Sin embargo, ese hecho fue consecuencia de un acontecimiento de enorme trascendencia diplomática: el viaje de Juan Domingo Perón a Montevideo para firmar el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, un acuerdo que puso fin a una disputa limítrofe que Argentina y Uruguay arrastraban desde los tiempos coloniales.
Durante décadas, ambos países convivieron con una situación jurídica ambigua. El Río de la Plata era una vía estratégica para el comercio, la navegación y la defensa, pero nunca había existido una delimitación definitiva sobre la soberanía de sus aguas, sus islas y sus recursos naturales. Esa indefinición provocó tensiones recurrentes y obligaba a resolver cada conflicto mediante negociaciones diplomáticas.
Perón decidió cerrar ese capítulo. En Montevideo se reunió con el presidente uruguayo Juan María Bordaberry para suscribir un tratado de 92 artículos que estableció un nuevo marco jurídico para la relación bilateral.
El acuerdo definió los límites exteriores del Río de la Plata y fijó el criterio de la línea media para dividir gran parte de las aguas entre ambos Estados. También determinó la jurisdicción sobre diversas islas, organizó el régimen de navegación para garantizar la libre circulación de los buques argentinos y uruguayos y creó mecanismos permanentes de cooperación.
Uno de los aspectos más innovadores del tratado fue la regulación integral de los recursos naturales del Río de la Plata, un tema que hasta entonces carecía de reglas claras y era una fuente potencial de conflictos entre ambos países. El acuerdo estableció que la explotación de los recursos vivos, especialmente la pesca, debía realizarse bajo criterios comunes de conservación y administración, con el objetivo de evitar la sobreexplotación y garantizar el aprovechamiento sostenible de las especies compartidas.
En cuanto a los recursos del subsuelo, el tratado reguló la exploración y eventual explotación de hidrocarburos, gas natural, arenas, gravas y otros minerales existentes en el lecho y el subsuelo del río. Para ello, dividió la plataforma fluvial mediante una línea media acordada entre ambos Estados y dispuso que cada país ejerciera jurisdicción sobre los recursos ubicados en su respectivo sector, eliminando las zonas grises que durante décadas habían alimentado disputas diplomáticas.
El texto también incorporó un principio de cooperación para los yacimientos que eventualmente pudieran extenderse a ambos lados de la línea divisoria. En esos casos, Argentina y Uruguay debían intercambiar información técnica y negociar mecanismos de explotación compatibles, evitando decisiones unilaterales que pudieran afectar los derechos del otro Estado o generar conflictos internacionales.
Además, el tratado prohibió que cualquiera de las partes realizara obras de gran magnitud, actividades de exploración o emprendimientos que modificaran el régimen del río sin consultar previamente al otro país cuando esas acciones pudieran producir efectos transfronterizos. Este principio de información y consulta previa, que décadas más tarde adquiriría enorme relevancia durante el conflicto por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos, ya estaba contemplado en el acuerdo firmado por Perón y Bordaberry en 1973.
Con estas disposiciones, el Tratado del Río de la Plata no solo resolvió un viejo diferendo limítrofe, sino que estableció uno de los primeros marcos jurídicos de la región para la administración compartida de recursos naturales, anticipando conceptos que hoy forman parte del derecho ambiental y de la gestión internacional de cuencas fluviales compartidas.
Además, se creó la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), un organismo binacional encargado de administrar la navegación, coordinar obras de infraestructura, preservar el medio ambiente y resolver las diferencias técnicas que pudieran surgir entre ambos gobiernos. Más de cinco décadas después, esa institución continúa siendo el principal ámbito de cooperación entre Argentina y Uruguay en materia fluvial.
La firma del tratado tuvo también un fuerte contenido geopolítico. En plena Guerra Fría, América del Sur atravesaba un proceso de creciente militarización. Uruguay vivía bajo un régimen cívico-militar encabezado por Bordaberry, mientras Brasil ejercía una notable influencia regional desde su propia dictadura. En ese contexto, consolidar la relación con el país vecino era una prioridad estratégica para la Argentina.
El propio Perón entendía que los conflictos fronterizos entre países sudamericanos debilitaban la integración regional y favorecían la injerencia de las grandes potencias. Resolver el diferendo del Río de la Plata significaba eliminar uno de los principales focos de tensión entre Buenos Aires y Montevideo y abrir una nueva etapa de cooperación.
Mientras el Presidente desarrollaba esa intensa agenda diplomática en Uruguay, en Buenos Aires Isabel Perón asumía transitoriamente el Poder Ejecutivo. La ceremonia tuvo una enorme repercusión porque convirtió a la vicepresidenta en la primera mujer en ejercer la Presidencia de un país americano. Sin embargo, el verdadero objetivo político de aquella jornada era la firma del tratado internacional.
Con el paso de los años, el acuerdo demostró su importancia. La delimitación de las aguas permitió reducir conflictos jurisdiccionales, establecer reglas claras para la navegación comercial y consolidar mecanismos de administración conjunta que siguen vigentes. Aunque surgieron nuevas controversias —como el conflicto por la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos décadas después—, estas pudieron canalizarse dentro del marco institucional creado por el propio tratado.
El viaje de Perón a Montevideo quedó eclipsado por la posterior presidencia de Isabel y por la crisis política que atravesaría la Argentina tras la muerte del líder justicialista. Sin embargo, desde el punto de vista de la política exterior, aquella firma constituye uno de los mayores logros diplomáticos de su tercer gobierno.
Más de cincuenta años después, el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo continúa siendo la base jurídica sobre la que Argentina y Uruguay administran uno de los espacios fluviales más importantes de América del Sur. La histórica fotografía de Isabel asumiendo temporalmente la Presidencia fue apenas el telón de fondo de una decisión que modificó para siempre la relación entre dos países unidos por un río, una historia compartida y, desde entonces, un acuerdo destinado a perdurar.
Prof. Walter Onorato
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